ALICANTE. La Generalitat y el Ayuntamiento de Alicante volvieron a abordar este lunes algunas de las necesidades básicas de la segunda ciudad de la Comunitat, sobre todo por lo que respecta a la ejecución de infraestructuras relacionadas con la movilidad urbana. El trabajo quedó perfilado de manera inicial en el encuentro institucional celebrado este mes de febrero entre el jefe del Consell, Ximo Puig, y el alcalde de la capital, Luis Barcala. En esa primera cita ya se anticiparon cuestiones como la prolongación de la red del tranvía metropolitano de Alicante hasta los barrios de la zona sur de la ciudad, al margen de la construcción de la Ciudad de la Justicia o de los centro de salud pendientes. Entonces, tanto Puig como Barcala mostraron su satisfacción por el desarrollo del encuentro puesto que ambos compartían el objetivo común de convertir en realidad la ejecución de inversiones anunciadas y prometidas desde hace décadas pero que siguen demorándose.
Siete meses después, y con una crisis sanitaria y económica sin precedentes en los últimos cuarenta años, fue el conseller de Política Territorial, Arcadi España, el encargado de retomar esa agenda con el primer edil alicantino en un encuentro que se había previsto, precisamente, para el mes de marzo: el inicio del periodo de confinamiento.
Lo cierto es que, según explicaron ambos al término del encuentro, la cita fue productiva y permitió avanzar en la programación de esos proyectos. Algunos ya eran conocidos y se han reivindicado durante años, como el de la finalización de la Vía Parque. En principio, España y Barcala concretaron que el último tramo pendiente de apertura al tráfico, entre la avenida de Orihuela y el PAU 1, podría ponerse en funcionamiento en octubre. Pero, además, avanzaron un compromiso para la ampliación de todo el trazado de ese eje de circunvalación de la ciudad que en la actualidad dispone de un único carril por sentido.
No es una cuestión menor: se trata de la situación que afecta a todo el trazado comprendido entre el PAU 1 y San Gabriel. El reto consiste en planificar el diseño de su desdoble, de modo que pase a contar con dos carriles por sentido, como sucede desde el PAU 1 hasta la avenida de Dénia, para evitar la formación de embudos (lo que gráficamente se viene a denominar como cuellos de botella). Los estudios y las fechas para concretar esa actuación se conocerán a partir de la presentación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible del área metropolitana de Alicante, antes de que finalice este año. Y ahí se incluirán estudios para que esa ampliación pueda canalizarse por el trazado de la antigua carretera de Elche y los terrenos situados a espaldas de la sede de la EUIPO.
En ese mismo Plan de Movilidad Urbana Sostenible se abordarán posibilidades de implantar nuevas líneas de tranvía para que puedan prestar servicio a los barrios de la zona sur. Se trata de una posibilidad supeditada a la construcción del tramo de enlace entre la estación del tranvía de Luceros y la termina de ferrocarril de Renfe. Con esa actuación, se dispondría de un nuevo nodo de operaciones que ampliará la capacidad operativa de toda la red Tram, al facilitar un espacio mayor para la maniobrabilidad de los trenes, lo que podría dar encaje al desarrollo de esas nuevas líneas.
Eso sí, su posible construcción se proyectaría a largo plazo, ya que, de hecho, la conexión del tramo en túnel entre Luceros y Renfe no estará finalizada antes de 2023. De hecho, según se concretó en el encuentro de este lunes, la programación con la que trabaja Política Territorial apunta que la obra de dicho tramo no podrá comenzar a ejecutarse hasta finales de 2022 o principios de 2023. De hecho, la redacción del proyecto se adjudicó este pasado mes de julio, como informó este diario.
En el encuentro también se abordó el futuro de otras actuaciones pendientes en otro de los grandes viales de la ciudad: la avenida de Dénia. En concreto, por lo que respecta a su entronque con la calle Jovellanos, lo que comúnmente se conoce como el scaléxtric. La Generalitat persiste en sus estudios de dar una solución para evitar ese paso elevado que divide la circulación en sentido València y en sentido Playas mediante la construcción de una rotonda con algunos carriles soterrados, como sucede en otras de las intersecciones de la avenida de Dénia. Sin embargo, todavía no hay ni plazos ni fechas para su posible desarrollo.
Se trata de una actuación que contribuiría a facilitar la apertura de la ciudad a la fachada marítima en la conexión entre el Postiguet y el paseo de la cantera. Tras su encuentro, tanto España como Barcala anunciaron que las obras de prolongación del Paseo de Gómiz comenzarían en octubre (pese a que se había anticipado que su inicio sería este mes de agosto) para mejorar el tránsito peatonal en ese espacio, lo que permitirá solucionar un problema de seguridad para los desplazamientos hasta el tramo de paseo de la avenida de Villajoyosa y a la ejecución de la vía verde comprometida sobre el antiguo trazado de las vías del tranvía, en paralelo a la línea de costa. Pero, además, anunciaron un proyecto para rehabilitar el edificio de la estación de La Marina y las naves de los antiguos talleres y cocheras del tranvía con el propósito de darles un uso público. ¿De qué tipo? Estaría por pulir, pero la intención compartida de Consell y Ayuntamiento es que el inmueble pudiese tener un uso cultural y dar cabida al desarrollo de exposiciones o conferencias a la manera de la antigua estación de Murcia, reconvertida en sede de Casa Mediterráneo.
En la reunión de trabajo también se abordó la política de desarrollo de suelo industrial en la ciudad, en el cinturón comprendido entre Las Atalayas y el Parque Científico de la UA. El Ayuntamiento solicitó el apoyo de la Generalitat para que la tramitación administrativa no se demore, además de apoyo económico para llevar a cabo la modernización de todas las áreas industriales preexistentes.
Y, por último, también se debatió sobre el futuro de la estación provisional de autobuses, situada en terrenos de la Autoridad Portuaria de Alicante. A priori, se estaría trabajando en una doble posibilidad: mantener la ubicación actual de la infraestructura, con apoyo de la Generalitat para que, como mínimo, coparticipase en el pago de las tasas portuarias, o trasladarla a otro emplazamiento, en suelo de propiedad municipal, de modo que no se tuviesen que abonar esas tasas.
Todo, eso sí, quedó supeditado al desarrollo de nuevos encuentros de coordinación y planificación, a la elaboración del Plan de Movilidad Urbana Sostenible que estaría ultimando la conselleria y a la disponibilidad presupuestaria, en un contexto en el que persiste la demanda de reforma del sistema de la financiación autonómica y en el que se trata de atender otras necesidades prioritarias como las generadas por la irrupción de la pandemia del coronavirus, como apuntó el propio Barcala al dar cuenta del contenido de la reunión.
De hecho, la Conselleria de Política Territorial barajaba incluir parte de los proyectos comprometidos para Alicante en el diseño del Plan de Infraestructuras para el periodo de 2020-2023. No obstante, esa previsión habría quedado alterada por la irrupción de la pandemia sin que el departamento autonómico conozca todavía de qué presupuesto podrá disponer para ejecutar actuaciones en ese periodo.