Patricia Blanquer, Gabriel Echávarri y Herick Campos, durante su comparecencia.ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante contempla atado de pies y manos las negociaciones entre el Gobierno central y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sobre el uso del superávit de las administraciones locales para financiar inversiones municipales. El equipo de Gobierno, compuesto por sólo seis ediles del PSOE tras la ruptura del tripartito, el pasado noviembre, está literalmente a la expectativa, sin poder planificar la programación de proyectos propios hasta conocer si esa posibilidad de utilizar el ahorro municipal a la ejecución de infraestructuras educativas, sociales, culturales, deportivas y de seguridad (que hasta ahora no encajan como inversiones financieramente sostenibles) queda plasmada a través de un Decreto Ley, de acuerdo con el compromiso trasladado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al presidente de la FEMP, Abel Caballero.
A esa espera se añade una segunda indeterminación: hasta ahora el Gobierno de Mariano Rajoy tampoco ha confirmado si se va a renovar la posibilidad de invertir el remanente del presupuesto municipal del año precedente en esas llamadas inversiones financieramente sostenibles. Esa opción ha venido siendo incorporada en los últimos ejercicios como disposición adicional a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Sin embargo, hasta ahora no existe ninguna certeza de que se vaya a plantear la aprobación de una propuesta nueva para este ejercicio, ante la falta de apoyos parlamentarios.
Con esas dos incógnitas sobre la mesa, el gabinete que coordina Gabriel Echávarri sigue sin poder concretar qué proyectos y bajo que condiciones puede llegar a ejecutar con cargo al superávit que se obtenga cuando se cierre el balance de ejecución del presupuesto de 2017 que, como publicó Alicante Plaza, podría superar los 40 millones de euros. E, igualmente, tampoco puede abrir el proceso para contratar un préstamo con el que costear las obras que no encajen en el parámetro de inversiones sostenibles. De esos dos escenarios depende gran parte de los compromisos políticos adquiridos con los grupos de la oposición, que se incorporaron como documento anexo al presupuesto municipal de 2018. Ese documento resultó clave para que Compromís y Guanyar diesen su voto a favor de la planificación económica defendida por el PSOE.
Como también ha contado este diario, la Concejalía de Hacienda abrió un plazo de dos semanas tras la aprobación del presupuesto para que todas las áreas municipales -ahora gestionadas por el PSOE en solitario- presentasen un listado de iniciativas propias con la intención de seleccionar las prioritarias y, así, iniciar los procesos de licitación sin la demora que ya se registró en 2017 con las inversiones sostenibles. Todo ese proceso permanece bloqueado, según confirmó la propia edil de Hacienda, Sofía Morales.
En paralelo, tras mantener una reunión institucional con Echávarri para conocer las necesidades de la ciudad, los diputados nacionales del PSOE en, Patricia Blanquer y Herick Campos, anunciaron este martes la defensa de una batería de iniciativas en el Congreso para reclamar que el Gobierno central ataje el desequilibrio que existe en la inversión media por habitante de Alicante respecto a la media nacional (menos de 100 euros, frente a los 184 para el conjunto del Estado) y se ejecuten infraestructuras pendientes tanto en la capital como en toda la provincia. Todo, al margen de apoyar la reivindicación de la FEMP sobre la posibilidad de que los ayuntamientos saneados puedan destinar el superávit municipal para obras y de reclamar el fin del plan de ajuste al que se encuentra sometido el Ayuntamiento de Alicante desde el año 2012.
¿Qué inversiones o medidas concretas debería impulsar el Gobierno central en Alicante? Según Blanquer y Campos, la primera sería la liberalización de la segunda circunvalación de Alicante, la AP-7, a partir de 2019 para descongestionar la A-7. La segunda, la nueva conexión ferroviaria entre Alicante y el aeropuerto de El Altet por el interior (en paralelo a la Vía Parque Alicante-Elche), liberando la fachada litoral de la ciudad de la barrera arquitectónica de las vías. Es decir, justo la petición que el pleno acordó elevar al Ministerio de Fomento en la sesión ordinaria de febrero, para que no se lleve a cabo una actuación provisional valorada en 85 millones, con el riesgo de convertirse en permanente.
En tercer lugar, aludieron a la construcción de la estación intermodal de Renfe. Y, por último, citaron la necesidad de que se clarifique la construcción de nuevas dependencias para la Comandancia de la Guardia Civil en Alicante y la conclusión de las obras pendientes de Casa Mediterráneo. Los dos diputados socialistas elegidos por la circunscripción de Alicante alertaron tanto de la caída de la inversión en la provincia como de su baja ejecución y consideraron crucial que se recupere ya el nivel de dotación presupuestaria previo a la crisis a través de planes plurianuales para que "el valle en el que nos encontramos no se alargue otros cuatro o cinco años con los procedimientos de contratación".
