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pnl aprobada en la comisión de hacienda

El Congreso insta al Gobierno a permitir el fin del plan de ajuste de Alicante con el rechazo del PP    

15/02/2018 - 

ALICANTE. Requerimiento aprobado. La Proposición No de Ley (PNL) promovida por Compromís para que se abra la puerta al fin del plan de ajuste del Ayuntamiento de Alicante recabó este miércoles el respaldo de todos los grupos parlamentarios del Congreso en la comisión de Hacienda, a excepción del PP y la abstención del PNV. La iniciativa contó con 21 votos a favor, después de que se aceptasen algunas de las enmiendas presentadas, fundamentalmente relacionadas con la extensión temporal de su aplicación (que no se limitase al periodo 2018-2019). Al margen del lógico apoyo del grupo proponente, la PNL prosperó con los síes de PSOE, Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) e incluso de Ciudadanos (Cs), que hasta 24 horas antes siguió sin despejar cuál sería su posición.

Como viene informando Alicante Plaza, la propuesta insta al Gobierno central a habilitar el mecanismo necesario para que las entidades locales sometidas a la intervención del Ministerio de Hacienda por su elevado nivel de endeudamiento puedan cancelar la deuda pendiente de los créditos suscritos con motivo del llamado Plan de Pago a Proveedores mediante la concertación de otros préstamos bancarios con condiciones más ventajosas. Se trata de la fórmula que se instauró en 2014, a través de una disposición adicional a los Presupuestos Generales de ese año, que permitió que algunos ayuntamientos como el de Madrid se liberasen de las restricciones de sus respectivos planes de ajuste. Entre ellas, la obligación de que el Ministerio de Hacienda tenga que supervisar y dar su visto bueno a los presupuestos municipales.

En su intervención, el diputado del PP encargado de defender el rechazo de su partido, Tomás Javier Fole, sostuvo, primero, que la propuesta parecía redactada ad hoc para el Ayuntamiento de Alicante. Después, insistió en que el Plan de Pago a Proveedores se habilitó para que los ayuntamientos pudiesen hacer frente al pago de sus deudas y, sin embargo, nadie respaldó en su momento ese mecanismo salvo el PP. Y en tercer lugar, alegó que, a diferencia de lo que sucedía en 2014, "ahora rige el principio de prudencia financiera", que haría incompatible la suscripción de nuevas operaciones de crédito para las entidades locales. Además, señaló que había mecanismos alternativos, como acudir al Plan de Ordenación, sin necesidad de "aprobar mecanismos ad hoc, como los que parece que se promueven en esta PNL". Fole incluso hizo una velada referencia al descrédito que supone la ingeniería financiera que se practica en el Ayuntamiento de Alicante al aludir directamente a la imputación del alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, por el supuesto fraccionamiento de contratos de la Concejalía de Comercio.

Un Real Decreto Ley  

¿Cuál es el recorrido de la iniciativa a partir de ahora? Como recordó el diputado de Compromís impulsor de la propuesta, Ignasi Candela, la PNL no tiene eficacia normativa ni es de obligado cumplimiento por parte del Ejecutivo. "Se trata de la expresión de la voluntad política de la mayoría parlamentaria en el Congreso por lo que el Gobierno debería tenerla en consideración y hacerla suya", precisó. Para ello, bastaría con la promulgación de un Real Decreto Ley que regulase ese mecanismo. Por lo pronto, Candela también apuntó que, en el caso de que se opte por negociar un nuevo proyecto de presupuesto para este ejercicio, "Compromís reclamará la incorporación de esa disposición adicional de la que habla la PNL como enmienda", señaló.

El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante mostró su satisfacción por la aprobación de la PNL al considerar que se trata de "un paso más para devolver al Ayuntamiento su autonomía y soberanía institucional frente al Ministerio de Hacienda, que desde que impuso el citado Plan de Ajuste supervisa las cuentas municipales y restringe las posibilidades de inversión y de contratación de personal hasta el 2022".

Su portavoz, Natxo Bellido, insistió en que "tras más de un año de campaña informativa para instar a las distintas administraciones implicadas a que trabajen para hacer realidad la cancelación del Plan de Ajuste, desde Compromís celebramos el apoyo que ha recibido una propuesta tan beneficiosa para la ciudad de Alicante y que todos los grupos parlamentarios deberían haber apoyado". En esta línea, lamentó que los diputados del PP, con su voto en contra, no defendiesen "los intereses de la ciudad de Alicante, y que nos considera a los alicantinos como ciudadanos de segunda". 

El edil destacó "el agravio comparativo" que supone para Alicante que el PP se mostrase en contra de retirar el Plan de Ajuste "con el simple cumplimiento de unas condiciones de las que en 2014 se beneficiaron los Ayuntamientos de Madrid, Marbella y A Coruña, todos ellos municipios gobernados por el PP". De igual modo, Bellido instó a Gobierno a atender esta propuesta que contempla la introducción, al amparo del artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, de una cláusula para la cancelación de las operaciones de préstamo formalizadas por las entidades locales con el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores. Por último, apremió al Ayuntamiento de Alicante a preparar los trámites necesarios para hacer efectiva esta medida, como se acordó en el pleno de febrero.

La aprobación de la PNL también suscitó la valoración de los diputados del PSOE elegidos por la circunscripción de Alicante. Así, Patricia Blanquer, portavoz de Hacienda del PSOE en el Congreso, lamentó que el Gobierno "practique medidas centralistas, tanto en el ámbito local, como en el autonómico, sin tener en cuenta la adecuada gestión y transparencia de las cuentas públicas que han realizado la casi totalidad de gobiernos socialistas". En este sentido, denunció la "arbitrariedad en la gestión del Gobierno, que se puede calificar de desleal, ya que fueron muy lentos en aplicar controles a gobiernos despilfarradores del PP y ahora no dan opción a levantar planes de ajustes a administraciones saneadas gobernadas por otros partidos, que ya no necesitan la financiación del Gobierno y que cumplen los criterios financieros, limitando así las agendas de cambio que pidieron los ciudadanos".

El también diputado del PSOE, Herick Campos, señaló que "esta situación la provocó el despilfarro y la corrupción del PPCV desde el gobierno local, y que el PPCV ni ha perdido perdón, ni ha pagado ni un euro, ni asume responsabilidades políticas, como demuestra que haya 4 concejales hoy en el grupo municipal del PP que formaban parte de gobierno local del PP con mayoría absoluta que tuvo que acogerse en marzo de 2012 al rescate que suponía el Plan de ajuste del Ministerio".

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