El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, a su llegada al Palacio de Justicia de Alicante, para prestar declaración por el 'caso Comercio'. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La tercera ronda de declaraciones acordada por la titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Alicante en relación al supuesto fraccionamiento de contratos que se investigan en el llamado caso Comercio sirvió para confirmar, este jueves, que los 25 encargos bajo sospecha acordados desde la Concejalía de Comercio entre noviembre y diciembre de 2016 (por importes inferiores a los 18.000 euros, pero por una suma global de más de 189.000 euros) se realizaron por separado. Los representantes de las empresas proveedoras de servicios contratadas, que comparecieron ante la instructora en calidad de testigos, explicaron que emitieron facturas diferentes bien porque respondían a trabajos distintos, bien porque se encargaron en distintos momentos temporales. Es decir, por fases.
Según fuentes próximas a la investigación, esa fue, por ejemplo, la justificación que facilitó el representante de Publiasa, la empresa a la que se le encomendó la organización de la Gala de Entrega de Premios al Comercio del año pasado (2016). Durante su testimonio, señaló que en primer lugar se le había encomendado el desarrollo del evento y el mantenimiento de la página web asociada a su celebración. Y que, después, en un momento posterior, también se dejó en sus manos la campaña de publicidad, pese a que en un principio se les había trasladado que sería la propia concejalía quien se haría cargo de ella. Ese relato temporal es el que, a juicio del compareciente, explicaría la existencia de facturas diferentes: una por cada servicio contratado en función del momento en el que se les encomendó. Al ser cuestionado sobre si se podía haber tramitado con una factura única, el representante de Publiasa respondió de modo afirmativo, que no hubiese visto ningún impedimento para ello.
La investigación continuará el próximo 6 de noviembre con la declaración de más proveedores y, hasta la fecha, no ha trascendido que se haya solicitado nuevas pruebas
Como viene informando este diario, la celebración del acto de entrega de premios es uno de los puntos en los que la instructora ha puesto especial atención para tratar de esclarecer si pudo cometerse el delito de prevaricación administrativa que el PP y Cs atribuyen en sus denuncias al alcalde y entonces concejal de Comercio, el socialista Gabriel Echávarri, al asesor delegado del departamento, Pedro de Gea, y al jefe de Gabinete de Alcaldía, Lalo Díez. De hecho, la jueza ha solicitado copia del expediente de la gala celebrada en el año precedente, el de 2015, para poder comparar la tramitación seguida en las dos últimas ediciones (las organizadas por el tripartito). Ese acto de entrega de premios se celebró a través de un convenio mediante la concesión de una subvención y, según explicaron los técnicos municipales que declararon el lunes, se concertó la organización de la gala a través de un proceso selectivo. La empresa elegida para ello fue el grupo Idex.
La jueza ha reiterado el requerimiento para que se le facilite copia del expediente completo sobre esa gala, junto a los decretos de nombramiento de De Gea y Díez. Y, en principio, esos expedientes quedarán registrados en el juzgado a lo largo de este viernes.
El resto de los representantes de las empresas contratadas (fundamentalmente medios de comunicación a los que se les contrató publicidad) explicaron que, en algunos casos, habían recibido sus encargos por parte de De Gea. En otros, sin embargo, los servicios habían sido ofrecidos a Comercio por parte de las empresas. Las diligencias continuarán el próximo 6 de noviembre con la comparecencia de más representantes de empresas proveedoras de servicios. Hasta el momento no se han acordado nuevas pruebas.
