El alcalde, Luis Barcala, y el edil de Hacienda, Carlos Castillo.ALICANTE. El Gobierno del PP dio este martes el primer paso para conseguir que el Ayuntamiento de Alicante recupere su autonomía contable con la cancelación del Plan de Ajuste al que se encuentra sometido desde 2012 hasta el año 2022. Eso sí, para ello ha tenido que superar su propio debate interno entre partidarios y detractores de la operación. Estos serían los pormenores de la decisión.
-El acuerdo: Los populares aprobaron en Junta de Gobierno el segundo cambio en el presupuesto municipal de este año (una nueva modificación de crédito) por el que se pretende destinar 26,7 millones del remanente de tesorería (dinero no gastado) de las cuentas de 2017, y otros 3,8 millones en ahorros generados durante la licitación de las llamadas inversiones financieramente sostenibles (tras haber adjudicado concursos por presupuestos inferiores a los importes de salida), para amortizar 30,5 millones pendientes de los préstamos concertados con motivo del Plan de Pago a Proveedores: la vía de escape puesta en marcha por el Gobierno central en 2012 para que ayuntamientos y autonomías pudiesen saldar sus facturas impagadas.
-El 'colchón' y los votos necesarios: Con ese movimiento de fondos, el PP se aseguraría todavía una bolsa de 5,6 millones de los 32 a los que ascendía el dinero no gastado en el ejercicio pasado ni por el tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís), ni por el PSOE en solitario. Ahora bien, ese cambio no surtirá efecto si no se aprueba en el pleno ordinario de julio, el próximo jueves 26. Para ello, el PP requiere de más votos a favor que en contra y hasta ahora sólo tiene garantizados los de sus 8 concejales y el del edil no adscrito Fernando Sepulcre. Es decir, nueve en una corporación de 29. La comisión de Hacienda, que podría celebrarse este viernes o el próximo lunes, podría ser un primer test sobre la posición del resto de grupos de la oposición.
En el caso de aprobarse, el cambio en el presupuesto se someterá a exposición pública para la presentación de alegaciones y, después, volverá a pleno para que pueda se ratificado y entrar en vigor. En ese momento, el PP considera que el Plan de Ajuste debería darse por cancelado de manera automática: si no hay deuda, no existe motivo para que el Ministerio de Hacienda mantenga su tutela sobre el Ayuntamiento.
-Primera modificación: El cambio de presupuesto aprobado este martes llega un mes después del primero, aprobado en junio por unanimidad. De hecho, en el pleno del próximo jueves se prevé que se desestimen las alegaciones presentadas a esa primera modificación, lo que conllevaría que su aprobación definitiva. En ese primer cambio ya se incluyó la amortización de 10 millones de euros pendientes de los préstamos del plan de ajuste.
-¿Dos fases distintas?: El PP pudo haber optado por promover una única modificación de crédito para cancelar de golpe los 40,5 millones que se adeudaban. En ese supuesto se podría haber contado con un plazo más amplio para completar toda la tramitación, que ahora se afronta con un margen estrecho. Pero no optó por ese camino porque no lo tenía decidido. En ese momento, un sector del equipo de Gobierno encabezado por el propio alcalde, Luis Barcala, apostó por tratar de imprimir un sello propio al año de mandato que el fiasco del tripartito les había brindado. El objetivo era aprovechar los recursos económicos heredados para impulsar obras propias, al margen de las que ya habían preparado PSOE, Guanyar y Compromís como inversiones financieramente sostenibles. Así, se promovió un primer cambio con sólo 10 millones de amortización anticipada de deuda.
-Realismo: Sin embargo, tras un plazo de reflexión, acabó imperando la propuesta mantenida por una segunda corriente interna, en la que se encontraba el propio concejal de Hacienda, Carlos Castillo. La tesis consistía en usar los fondos disponibles para acabar con la intervención que el ministerio ejerce sobre el ayuntamiento, ya que el funcionamiento de la administración imposibilitaba el desarrollo de nuevos proyectos. Había que ser realista: no quedaba margen temporal suficiente para redactarlos, licitarlos y adjudicarlos antes de 2019.
-Impuestos y presupuesto: Además, la cancelación del plan de ajuste abría la posibilidad de bajar impuestos (el IBI, un 5%; y bonificaciones para la instalación de empresas) y daba opciones de impulsar un presupuesto municipal nuevo, ya sin restricciones al gasto. Para ello, eso sí, las dos almas del PP todavía deben convencer a la oposición. Y deberán hacerlo también con la revisión de los impuestos y con el presupuesto.
