El alcalde, Luis Barcala, en su visita a la Sala de Control de Tráfico de Alicante.ALICANTE. La propuesta impulsada por el equipo de Gobierno del PP para cancelar el Plan de Ajuste al que se encuentra sometido el Ayuntamiento de Alicante desde el año 2012, ahora en fase de negociación con los cuatro grupos de la oposición y los ediles no adscritos, no sólo permitiría abordar, en una segunda fase (previsiblemente en septiembre), una reforma de las ordenanzas fiscales para incentivar el consumo y favorecer la implantación de industrias. También daría pie a un tercer escenario que colocaría a los populares en general y a su alcalde (y previsible candidato) Luis Barcala, en particular, en una posición de auténtico privilegio para afrontar 2019: año electoral. Se trata de la posibilidad de diseñar el primer presupuesto municipal libre (con plena autonomía y sin la tutela y supervisión del Ministerio de Hacienda) de los últimos siete ejercicios. Y, además, sin límite para la planificación de inversiones (proyectos municipales), al desaparecer el límite de gasto de 10 millones impuesto desde Madrid. Por si fuese poco, en ese capítulo podría tener cabida cualquier tipo de actuación, sin tener que depender de la criba de su posible encaje en los supuestos contemplados en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para las llamadas inversiones financieramente sostenibles.
Fuentes del equipo de Gobierno confirmaron a Alicante Plaza este miércoles que en su hoja de ruta figura, efectivamente, el objetivo irrenunciable de elaborar un presupuesto municipal nuevo para el próximo ejercicio, sin recurrir a la posible prórroga de las cuentas de 2018, aunque se trate de año de elecciones y ello implique que pueda no existir tiempo material suficiente para desarrollarlo ante posibles cambios en la corporación y en el signo político de la Alcaldía. Según las mismas fuentes, habrá presupuesto propio sí o sí, primero porque la propia propuesta de modificación de las ordenanzas fiscales obliga a ello. Es una cuestión de pura dinámica administrativa: el presupuesto debe adaptarse a las nuevas previsiones de ingresos a las que se llegaría con los tipos impositivos que se pretende fijar ahora. Como ya ha contado este diario, se trata de la rebaja general del 5% en el índice del IBI, del 95% para las empresas de nueva instalación en ese mismo impuesto, y del 30% en el IAE o del 3% en el ICIO en los mismos supuestos de aterrizajes empresariales.
Pero, además, las mismas fuentes precisaron que la confección de esa nueva planificación económica no se va a limitar a un mero ajuste, sino que, al mismo tiempo, se va a aprovechar la oportunidad para impulsar acciones estratégicas como la ampliación de la plantilla municipal. Hasta ahora, tanto el alcalde como el concejal de Hacienda, Carlos Castillo, han venido hablando de cubrir plazas necesarias en Policía Local, el Servicio de Extinción y Prevención de Incendios (SPEIS) o en la Banda Municipal de Música. Este miércoles, el propio Barcala ya amplió esos supuestos también "a personal de base del Ayuntamiento, como los conserjes o los administrativos, entre otros". No es una cuestión menor. Las mismas fuentes subrayaron que con más personal se puede contribuir a desatascar trámites pendientes en casi todas las concejalías: desde las licencias urbanísticas hasta los expedientes de contratación.
El PP confía en la ampliación de plantilla como acción estratégica, ya que permitirá agilizar trámites en todas las áreas: desde contratación a concesión de licencias
Asimismo, en ese nuevo presupuesto se aspira a incluir algunos proyectos ejecutables pendientes, al margen de las actuaciones que puedan llegar a licitarse antes de que finalice 2018 como inversiones sostenibles. Para este último supuesto, no se prevé grandes alardes. Primero, porque tras el uso de 30,5 millones para amortizar los créditos del Plan de Pago a Proveedores, quedará cerca de 1,8 millones del remanente del presupuesto de 2017 para poder ejecutar esas obras y un plazo demasiado limitado (menos de tres meses) para impulsar su licitación. De ahí que se piense sólo en proyectos nuevos que estén terminados y que puedan licitarse en ese límite temporal, además de finalizar las sostenibles heredadas del PSOE y del ya extinto tripartito. Así lo manifestó el propio concejal de Hacienda, el martes, en las reuniones mantenidas con PSOE, Guanyar, Ciudadanos y Compromís. El resto de actuaciones de cierta envergadura que puedan quedar en cartera, se aplazarán a 2019. En ese paquete podría figurar la segunda fase del paseo de Niza y de La Explanada o la plaza de la Ciudad de la Justicia. Y ahí también habrá criba, ya que, al parecer, el PP no considera que todos los proyectos planteados a lo largo de este mandato sean realmente necesarios.
Sea como fuere, lo cierto es que todos esos movimientos están supeditados a que la oposición permita que se apruebe la modificación de crédito para cancelar el plan de ajuste. Todo parece indicar que ese es el desenlace más probable: Guanyar podría inclinarse por votar a favor; y PSOE, Compromís y Ciudadanos, por la abstención, aunque ninguno de ellos ha desvelado oficialmente cuál será su posición. Por el momento, se ciñen a valorar la propuesta, tras considerar que tiene "tintes electoralistas" o que supone "un parasitismo de la gestión heredada".
Para que se apruebe, el PP necesita reunir más votos a favor que en contra. Y juega con la baza de que los miembros del ya extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) no podrían justificar un voto en contra sobre la propuesta después de llevar tres años reivindicando el fin del Plan de Ajuste, aunque con otras fórmulas.
