El alcalde, Luis Barcala, y el edil de Hacienda, Carlos Castillo.ALICANTE. La Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Alicante tendrá trabajo extra para conseguir que la primera modificación de crédito del presupuesto de 2018 quede aprobada de forma definitiva. La delegación sindical de CCOO en el Ayuntamiento ha presentado nuevas alegaciones a ese cambio presupuestario en el que se contempla destinar 10 primeros millones del remanente del presupuesto de 2017 para amortizar de manera anticipada parte de los préstamos concertados con motivo de la puesta en marcha del plan de pago a proveedores.
En esas nuevas objeciones, el sindicato reivindica una revisión del cambio presupuestario para que se doten los fondos necesarios para la contratación de 250 jóvenes a los que se preveía incorporar con cargo al programa de incentivo al empleo entre los jóvenes, en el marco del Fondo Social Europeo del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Como ha contado este diario, el equipo de Gobierno, del Partido Popular, ha optado finalmente por limitar ese proceso de contratación a 151 cuando podía haber optado a contratar a 400, lo que ya le ha valido la crítica del PSOE como principal partido de la oposición.
La petición de CCOO trata de que no se renuncie a esos 250 empleos adicionales y, según precisó su secretario general en el ayuntamiento, Sergio Casares, seguirán reivindicando esa y otras medidas en el futuro hasta que se atiendan las peticiones que consideran necesarias. Entre ellas, las que ya publicó este diario en relación a la ampliación de las plantillas de Bomberos y Policía Local, la contratación de personal para Acción Social y el desarrollo de la carrera profesional.
Casares precisó que "no se trata de poner obstáculos a nada, sino de conseguir que se atiendan las necesidades de la plantilla municipal". Y añadió que pese a que "el equipo de Gobierno nos comunica su voluntad de solucionar los problemas de Personal", a juicio de CCOO "faltan los acuerdos en Mesa de Negociación". "No es suficiente con la voluntad; por eso tenemos que presentar alegaciones y lo seguiremos haciendo", detalló, como ya ha sucedido con todos los cambios introducidos en los presupuestos municipales bajo el mandato del ya extinto tripartito, primero, y con el PSOE en solitario, después. "Si hubieran negociado antes con nosotros no habría sido necesario", apostilló.
Lo cierto es que, como ya ha precisado este diario, la presentación de alegaciones tiene la consecuencia indirecta de ampliar los plazos de tramitación para que las modificaciones de crédito puedan tener eficacia. Las alegaciones deben ser respondidas por los técnicos de Hacienda y deben contar con informe del departamento de intervención. Así, también queda expuesta a una posible demora la aprobación definitiva de la segunda modificación de crédito impulsada por el PP con la que aspira a cancelar el Plan de Ajuste al que se encuentra sometido el Ayuntamiento desde 2012. Y esa concatenación de previsibles retrasos pone en riesgo que se pueda acordar una revisión de las ordenanzas fiscales que pueda entrar en vigor en 2019. Con esa revisión, el PP aspira a rebajar el IBI un 5% e introducir bonificaciones para la instalación de empresas.
