El PP 'se reserva' hasta 6 millones en obras tras pagar 30 para cancelar el plan de ajuste

ALICANTE. El Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Alicante, compuesto por 8 concejales en una corporación de 29 ediles, no se arredra ante la inferioridad numérica, ante las dificultades políticas ni ante las demoras de pura tramitación administrativa que conllevan, por ejemplo, el registro de alegaciones. El gabinete que coordina Luis Barcala sigue decidido a acabar con las restricciones que impone el Plan de Ajuste sobre el Ayuntamiento de Alicante desde el año 2012 e incluso prevé salir del proceso con algo de músculo para poder ejecutar obras por valor de unos 6 millones. 

Por lo pronto, los populares ya han fijado fecha para poner en marcha la maquinaria: la Junta de Gobierno aprobará este próximo martes la segunda modificación de crédito con la que se pretende destinar 30,5 millones del remanente del presupuesto de 2017 para saldar de manera anticipada la devolución de la suma todavía pendiente en los préstamos suscritos con motivo del plan de pago a proveedores. Todo, con el propósito de poder modificar las ordenanzas fiscales y, así, poder bajar impuestos (el IBI, un 5%) e introducir bonificaciones fiscales para la implantación de empresas en Alicante, además de tener la oportunidad de elaborar un presupuesto municipal propio para 2019 ya sin la tutela del Ministerio de Hacienda.

Lo cierto es que ese primer acuerdo que se aprobará en Junta de Gobierno no garantiza nada. La propuesta debe quedar refrendada después en la comisión de Hacienda (que se podría celebrar a finales de la próxima semana) y en el pleno. Fuentes populares precisaron que, finalmente, el cambio en el presupuesto se debatirá en la sesión ordinaria del mes de julio, día 26, sin convocar un pleno extraordinario previo. En esa votación, los populares necesitan reunir más votos a favor que en contra, de modo que, por ejemplo, le valdría el respaldo de Ciudadanos (Cs) o de Guanyar (con cinco concejales cada uno de ellos) para sumar 14 apoyos y la abstención o la ausencia de al menos otro edil (el grupo socialista está formado ahora por sólo 5 representantes tras la renuncia de Sofía Morales y, por ahora, se desconoce si Rosana Arques tomará posesión del acta en esa sesión), ya que el concejal no adscrito, Fernando Sepulcre, ya confirmó que aprobaría la propuesta tras reunirse con el edil de Hacienda, Carlos Castillo. 

Hasta el momento, ninguno de los grupos políticos de la oposición (al margen de Sepulcre) ha anunciado cuál va a ser su posición oficial cuando la propuesta se someta a votación. Eso sí, al menos el portavoz municipal de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, sí señaló -tras su encuentro con Castilo- que, como mínimo, su formación no se opondría (lo que implica un voto a favor o una abstención). No obstante, también dejó claro que sería exigente en la reclamación de inversiones; que recordaría al PP la ejecución de los proyectos previstos en el llamado documento número 25 de compromisos políticos, anexo al propio presupuesto municipal; y que, además, plantearía propuestas propias para negociar la reforma de los impuestos municipales.

En todo ese escenario, entrará en juego el remanente del que todavía dispondrá el Ayuntamiento una vez pagados los 30,5 millones de los préstamos pendientes. El propio PP había apuntado hasta ahora que, tras esa amortización, quedaría una cifra próxima a los 1,8 millones para poder ejecutar obras: las llamadas inversiones financieramente sostenibles. Sin embargo, esa cifra será mayor, ya que la intención del equipo de Gobierno es aprobar bajas por anulación por un importe de 3,8 millones contempladas en el presupuesto de este año. ¿Qué supone esa medida? Cancelar gasto por el equivalente esa cifra para generar nuevos ahorros con los que poder financiar otras actuaciones.

¿Qué uso podría tener esa suma de 3,8 millones? En principio, el PP debe complementar las ayudas sociales de emergencia con cerca de 300.000 euros y debe cubrir una aportación de 700.000 euros para completar el coste del proyecto de rehabilitación del Castillo de San Fernando, cofinanciado por el Ministerio de Fomento. El resto, al parecer, no tendría destino definido: podría reservarse para la contratación de más inversiones sostenibles entre un listado de actuaciones que el equipo de Gobierno todavía debe priorizar, aunque sí se ha planteado ya la segunda fase de la reforma de La Explanada, por ejemplo.

¿Qué efecto puede tener las alegaciones que se presenten a todos esos pasos: modificación de crédito y revisión de ordenanzas fiscales? El propio edil de Hacienda, Carlos Castillo, reconoció este jueves que los plazos están ajustados pero confió en que todo pueda quedar completado a 31 de diciembre de este año. Sobre las alegaciones a las modificaciones de crédito, señaló que, si se trata de las registradas por CCOO, "son de un contenido similar a las que ya se han venido desestimando hasta ahora" durante la etapa de Gobierno del tripartito y del PSOE en solitario. Y respecto a las ordenanzas fiscales, sostuvo que "ya estamos trabajando en un borrador de propuesta para comenzar a presentarlo a los grupos de la oposición en menos de dos semanas", ya que la intención es "poder aprobarlas en pleno en septiembre: si es el día 7 mejor que el 14", enfatizó.