ALICANTE. El Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Alicante, compuesto por 8 concejales en una corporación de 29, ha logrado este jueves lo que se antojaba prácticamente imposible hace dos semanas, cuando planteó la primera modificación de crédito del presupuesto municipal de 2018. Los cuatro grupos de la oposición (PSOE, Guanyar, Ciudadanos y Compromís), y también los dos ediles no adscritos, Fernando Sepulcre y Nerea Belmonte, han expresado su respaldo unánime a esa propuesta, después de que los populares accediesen a negociar y a incorporar la mayor parte de las peticiones planteadas por las formaciones opositoras.
La iniciativa, por un importe global de 16,5 millones entre cambios de partidas, creación de otras nuevas y ampliación de otras, ya logró el apoyo de PSOE, Guanyar y Sepulcre en la comisión de Hacienda celebrada este miércoles. Y este jueves también se ha sumado a ese respaldo Cs y Compromís y Belmonte. A grandes rasgos, todos los grupos políticos han coincidido en destacar el esfuerzo por la negociación y la cesión del PP a los planteamientos reflejados principalmente por Guanyar, PSOE y Compromís, además de la reducción de la partida de Protocolo y Publicidad reivindicada de manera especial por Cs. Todos los portavoces de la oposición han incidido, además, en que esa debe ser la senda a partir de ahora, la de la negociación, tras recordar a los populares que gestionan con un "minigobierno".
El contenido de la propuesta ya se ha detallado en las dos últimas semanas: diez millones de euros del remanente de tesorería no gastados en inversiones sostenibles para amortizar deuda por anticipado; 800.000 euros para la compra de vivienda social; 200.000 euros para ayudas de emergencia social; y los fondos previstos para la ejecución de la Plaza de Lo Cheperut, para el traslado del BIC de Torre Placia y para cumplir con el convenio de rehabilitación de viviendas de Ciudad Elegida y Juan XXIII, entre otras. El portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, se ha permitido recordar al alcalde, el popular Luis Barcala, que gran parte de esas medidas fueron las que su formación política logró que el PSOE incluyese en un documento de compromisos políticos anexo al presupuesto, con la intención de que se desarrollasen en cuanto fuese posible. En esta línea, ha insistido en que Barcala calificó ese documento de "papelito" y "ahora se lo va a tener que comer con patatas, afortunadamente".
Así, al margen de ese recado, el foco del debate se ha colocado en los mensajes políticos relacionados con el cese del asesor municipal, Miguel Ángel Redondo, conocido de la edil no adscrita, Nerea Belmonte, como mínimo por su colaboración con la Concejalía de Acción Social durante su etapa como edil de ese departamento. Entre esas críticas, las más duras han llegado desde los bancos de Compromís, cuyo portavoz, Natxo Bellido, ha sostenido que "si antes decíamos que los juicios del alcalde no los puede pagar la ciudad, ahora mantenemos que las mentiras del alcalde no pueden perjudicar a los alicantinos" para añadir, acto seguido, que "las explicaciones que facilitó este miércoles el señor Barcala no se las creyó nadie en esta ciudad". En este sentido, ha señalado que "el señor Barcala y su minigobierno, que llegaron a la Alcaldía por efecto del transfuguismo y que carece de hoja de ruta y de proyecto para la ciudad, han conseguido perder su credibilidad en menos de dos meses".
La portavoz municipal del PSOE, Eva Montesinos, también ha abundado en ese mismo argumento sobre la pérdida de credibilidad en relación a las mismas explicaciones facilitadas por el primer edil y ha sostenido que esta primera modificación de crédito se hace necesaria "porque las estrecheces a las que se encuentra sometido el Ayuntamiento como consecuencia del plan de ajuste" heredado desde el 2012 "impidieron planificar otro presupuesto".
También se ha referido a la pérdida de credibilidad de Barcala el portavoz adjunto de Cs, Antonio Manresa, quien, además, ha lamentado que no se haya proporcionado toda la documentación solicitada en relación a la provisión de cerca de 100.000 euros destinados a la Concejalía de Fiestas, después de haberse reducido la cuantía destinada a Protocolo y Publicidad.
Y, por último, el portavoz de Guanyar también ha aludido a la polémica suscitada por la contratación del asesor conocido de Belmonte para insistir en que este mismo jueves su formación política iba a dar traslado de los hechos a Fiscalía para que los incorporase a las diligencias que se siguen sobre la supuesta oferta de un sueldo de 3.500 euros que, según Belmonte, habría recibido a cambio de su posición de voto en el pleno de elección de nuevo alcalde, tras la dimisión del socialista Gabriel Echávarri.
Ya en el turno de cierre de las intervenciones, el concejal de Hacienda, Carlos Castillo, ha replicado que la modificación de crédito era necesaria para incluir medidas sociales que no había tenido en cuenta el anterior equipo de Gobierno y ha señalado que "la credibilidad se gana y se demuestra gestionando con propuestas como la que hoy hemos traído a este debate".
El alcalde, por su parte, ha mantenido un tono institucional a lo largo de toda la sesión y no ha entrado a responder ninguna de las críticas ni a las alusiones sobre el episodio del asesor destituido.
