Viviendas en el barrio de Casas Baratas, de Orihuela. Foto: AP ORIHUELA. Los vecinos del barrio de Casas Baratas, de Orihuela, llevan desde 2015 demandando la segregación de la capital de la Vega Baja para pasar a depender de Rafal, municipio que, de facto, ofrece los servicios diarios a los 200 residentes de las calles de esta zona, a caballo entre los dos municipios. Ahora, el proceso se reactiva desde que en el último Pleno de Rafal, los grupos políticos del Consistorio, por unanimidad aprobaron el inicio del expediente para agregar a la localidad el núcleo de población que ahora está en manos de Orihuela.
En estos momentos, el acuerdo, que está publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante (BOP), somete el expediente a información pública, y da treinta días para que se puedan presentar alegaciones. Además, exige trámite de audiencia a ambos ayuntamientos. Desde el Consistorio oriolano aseguran que, no ha llegado la información de ese expediente, pero avisan de que "no vamos a dejar perder parte de su término municipal", por lo que se espera respuesta a este proyecto.
Al mismo tiempo, el Ayuntamiento de Rafal ha pedido un informe a la Diputación de Alicante que deberá dar el visto bueno, o no, a la segregación propuesta por Rafal para Casas Baratas. Incluida en la respuesta que esperan de la Diputación, si consideran el plan como viable, la institución debe marcar qué vías seguir para formalizar la agregación a Rafal. La conclusión deberá llegar dentro de pocas semanas.
Rafal reactiva la agregación del barrio de Casas Baratas de Orihuela, el proceso para hacerse con la conurbación. El municipio comenzó el proceso en 2015, después de los vecinos realizaran una recogida de firmas para ese fin. En ese momento, el municipio, tras aprobar en pleno el inicio del expediente, pidió informes del plan al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana y a la Diputación Provincial de Alicante, que echaron atrás el proyecto porque necesitaban subsanar deficiencias documentales.
Desde hace meses, recopilaron la información requerida, que incluía recabar la aprobación de los vecinos a esta decisión, así como informes económicos y de relación de los residentes con el término de Rafal. En concreto, esta vez se ha remitido una memoria explicativa de Alcaldía, y una delimitación técnica de la segregación.
Después de la respuesta de la Diputación llegará el momento clave para determinar la separación de este barrio de Orihuela, a la espera de conocer la reacción del actual municipio del que depende.
Vista de Casas Baratas ubicadas en el entorno de Rafal. Foto: AP Muchos de los residentes del barrio oriolano, que se encuentra muy cercano a Rafal, se quejan de que tengan que recorrer varios kilómetros para realizar cualquier trámite municipal, ir al médico o a los colegios e institutos. Los vecinos, tampoco están de acuerdo con pagar el IBI en Orihuela, cuando se sienten más cercanos a Rafal. De hecho, muchos de los dos centenares de habitantes de este barrio están empadronados en Rafal para recibir servicios básicos de este municipio. La vida cultural y social de sus residentes pasan más por la cercanía de Rafal que por la oriolana.
Los alcaldes de Orihuela, Emilio Bascuñana (PP), y de Rafal, Manuel Pineda (PSOE), no solo tienen en este frente motivos de diferencia. A lo largo de esta legislatura han sido varios sus desencuentros en cuanto a cuestiones políticas en otros ámbitos menos locales.
Manuel Pineda, que es, también el presidente del Consorcio Vega Baja Sostenible, ha cruzado mensajes con Bascuñana en cuanto al funcionamiento de la gestión de residuos para la comarca. El alcalde de Orihuela ha criticado en varias ocasiones su gestión del Consorcio, por la "inacción" en varios años. Por su parte Pineda, ha reprochado a Bascuñana que rechazara en 2017 la propuesta del Consell para desarrollar una planta de transferencia en Orihuela , para luego ofrecer el suelo para otro plan. El actual plan privado de Ferrovial, filial de Cespa, que maneja el Consorcio como propuesta de planta de transferencia tampoco es del agrado de Bascuñana. Las deudas que deben los Consistorios al Consorcio por las deficientes gestiones de residuos también es motivo de pelea entre ambos.
El embrollo de la supuesta ausencia de Emilio Bascuñana en sus labores durante su etapa en la Dirección Territorial de Alicante de Sanidad, donde Sanidad concluyó en un informe que no tenía constancia ni del objeto, ni del contenido, ni de la misión del trabajo de Bascuñana en su puesto, es otro de los frentes de los alcaldes.
Pineda, desde su posición como diputado autonómico y secretario general en la Vega Baja del PSPV-PSOE, anunció en su momento una iniciativa parlamentaria para "comprobar la actividad que realizaba Bascuñana, qué despacho tenía, qué expedientes manejaba o quiénes son los responsables". El alcalde de Orihuela recriminó a Pineda su postura, e incuso le señaló como uno de los testigos que podía dar fe de sus labores, según defiende, en el puesto de la Dirección Territorial.
En el ámbito del Consell, las diferencias también llegan entre ambos. Este verano, hubo intercambio de pareceres entre ambos por la inclusión del proyecto de la CV-95 para la Vega Baja, o bien en los presupuestos, o bien en el Plan Uneix. Bascuñana aseguró que el plan no se incluía en el proyecto de la Consellería de Obras Públicas y Pineda defendió que el gobierno valenciano, si que contemplaba actuaciones en esta vía, así como otros proyectos de reclamaciones históricas.
