ALICANTE. El recurso presentado por el Colegio Profesional de Ciencias Ambientales frente a la licitación del contrato de asesoría externa para la redacción del nuevo Plan Local de Residuos de Alicante y el Proyecto de Gestión del Plan Zonal 9/4 comienza a tener los primeros efectos. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), dependiente del Ministerio de Hacienda, acaba de estimar la petición de suspensión cautelar del procedimiento de contratación que había solicitado el colegio profesional, lo que paraliza toda la tramitación por un periodo indeterminado, hasta que se resuelva el fondo del recurso.
Como informó Alicante Plaza, el colegio profesional recurrente solicitaba que en el pliego de condiciones de ese concurso se diese cabida a la participación de licenciados en ciencias ambientales como parte integrante de los equipos técnicos encargados de redactar los dos planes estratégicos sobre el tratamiento de residuos, ya que, hasta ahora, solo se contempla la participación de ingenieros de caminos, geólogos, licenciados en derecho y en ciencias económicas.
Como también ha avanzado este diario, no existe certeza alguna sobre cuál puede ser el plazo concreto en el que podría dirimirse la impugnación del colegio profesional. Lo cierto es que, a tenor de los precedentes, la resolución del TACRC podría producirse en un plazo de varios meses. El ejemplo más reciente que ha afectado al Ayuntamiento de Alicante ha sido el de la impugnación del concurso para la contratación del servicio municipal de telecomunicaciones (ahora anulado), en el que el organismo adscrito a Hacienda se ha pronunciado casi cinco meses después de que se registrase el recurso de Vodafone.
EL CONCURSO AHORA SUSPENDIDO DA UN PLAZO DE UN AÑO PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE ASESORÍA Y EL NUEVO PLAN LOCAL DE RESIDUOS DEBE ESTAR APROBADO ANTES DEL 1 DE ENERO DE 2021
La consecuencia resulta obvia: la suspensión acordada por el TACRC para este procedimiento conllevará el retraso en la redacción de los dos documentos estratégicos sobre el futuro del sistema de tratamiento de residuos (Plan Local de Residuos y Proyecto de Gestión del Plan Zonal) que deberían estar aprobados antes del 1 de enero de 2021, como se establece en el nuevo Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana (PIRCV). De hecho, en el propio pliego de condiciones del concurso ahora paralizado se concede un plazo de un año para la entrega de ese trabajo de asesoría sobre los dos proyectos, de modo que, de agotarse dicho plazo, como muy pronto podrían estar listos entre diciembre de 2020 y enero de 2021.
La concesión actual de esos tres servicios, ahora en manos de la UTE compuesta por FCC, Ferrovial, Inusa y Grupo Cívica, se extingue en junio de ese año. Sus representantes ya han solicitado que se aplique la prórroga adicional por dos años adicionales contemplada en el propio contrato. No obstante, el equipo de Gobierno compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) no contempla ese escenario salvo que no exista otra salida. Pero, además, ese retraso también afectará a la licitación de la prestación de los servicios de limpieza viaria, recogida y tratamiento de residuos, ya que su prestación debería volver a licitarse antes del verano de 2021 con las condiciones previstas en ese nuevo Plan Local de Residuos.
De hecho, el bipartito introdujo un nuevo organigrama en la estructura de la Concejalía de Limpieza y Medio Ambiente con el propósito de intensificar el control sobre la prestación actual y acelerar la redacción del Plan Local de Residuos, del Proyecto de Gestión y de la nueva licitación de los tres servicios (limpieza viaria, recogida y tratamiento). Si es posible, por separado, para fomentar una mayor especialización y competencia entre las empresas interesadas. Ahora, además, se ha convocado el proceso para reforzar la concejalía con la contratación de un nuevo jefe del departamento de residuos de manera temporal y urgente.
Por lo pronto, el grupo municipal socialista ya denunció el retraso en la licitación del contrato de asesoría externa en cuanto trascendió el registro del recurso del Colegio Profesional de Ciencias Ambientales. Tanto su portavoz, Paco Sanguino, como los ediles Raúl Ruiz y Llanos Cano, reprocharon entonces que PP y Cs no hubieran abordado ese proceso con la antelación necesaria para evitar posibles dificultades, en lugar de ponerlo en marcha en octubre de este año.