Un operario en plena operativa de limpieza. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. Primer obstáculo para la elaboración del nuevo Plan Local de Residuos de Alicante. Y, por extensión, para que pueda licitarse la futura contrata de limpieza viaria y recogida de la basura. Un recurso presentado por el Colegio de Licenciados en Ciencias Ambientales frente al pliego para contratar un estudio previo ha dejado ya el proceso en manos del Tribunal Central de Recursos Contractuales (TCRC), adscrito al Ministerio de Hacienda.
En concreto, el TCRC deberá resolver si el equipo de Gobierno (PP y Cs) debe corregir las bases de ese concurso para que se exija la participación de licenciados ambientales en los equipos que opten a prestar el servicio de asistencia para la redacción del nuevo Plan de Residuos y el Proyecto de Gestión del Plan Zonal 9, Area 4, como solicita el colegio profesional.
En su recurso, los licenciados en Ciencias Ambientales alegan que, hasta ahora, el pliego les excluye, puesto que sólo se contempla la presencia de un ingeniero de caminos o un ingeniero técnico industrial con 5 años de experiencia en proyectos de gestión de residuos; un ingeniero industrial o ingeniero técnico industrial con 3 años de experiencia en equipos de tratamientos de residuos; un geólogo o ingeniero técnico especialista en geología con 3 años de experiencia; un ingeniero de grado superior o medio especialista en estudios de afección ambiental y de paisajismo, también con 3 años de experiencia; un licenciado en Ciencias Económicas o en Administración y Dirección de Empresas con 5 años de experiencia; y un licenciado en Derecho, igualmente con 5 años de experiencia, además de un técnico de cálculo o diseño y delineantes.
La mesa de contratación dio cuenta del registro del recurso en la sesión celebrada el pasado miércoles, cuando se acordó dejar el concurso en suspenso, sin abrir los primeros sobres del proceso, a la vista de dicha impugnación, sin que entonces trascendiese que el órgano competente para resolverla era, precisamente, el tribunal adscrito a Hacienda.
La consecuencia de todo ello es obvia: el recurso supone un primer retraso en la tramitación de la nueva contrata, que como muy tarde debería licitarse en enero de 2021, ya que se trata de la fecha exigida por la Generalitat para que se disponga de un nuevo proyecto de gestión. Además, la prestación actual, a cargo de UTE Alicante (FCC, Ferrovial, Inusa y Grupo Cívica) se extingue en junio de ese año, y las condiciones del nuevo contrato dependerán de lo que se delimite en ese Plan Local de Residuos y en el Proyecto de Gestión.
A priori, el tribunal adscrito a Hacienda debería resolver el recurso del colegio profesional en un plazo de entre dos y tres meses. No obstante, en ocasiones, sus pronunciamientos pueden llegar a demorarse hasta medio año. Por lo pronto, en el pliego para la contratación de ese estudio previo (por un presupuesto de 157.000 euros) se detalla que el trabajo de asistencia deberá estar entregado un año después de la firma del contrato, por lo que, de agotarse dicho plazo, y tras la interposición del recurso, no estaría disponible al menos hasta enero de 2021.
Lo cierto es que el Ayuntamiento de Alicante ya ha tenido que lidiar con procesos administrativos demorados por circunstancias similares en su fase de contratación. El ejemplo paradigmático podría ser el de la contrata del servicio público de transporte en autobús, cuyo contrato venció este mes de julio y tuvo que ser prorrogado por un periodo de entre uno y dos años más a su concesionaria histórica, la empresa Masatusa, del grupo Vectalia, por el retraso en la licitación del estudio previo a la elaboración del nuevo pliego. En ese caso, parte del retraso derivó de la renuncia del equipo de consultoría que había resultado preadjudicatario de la redacción del estudio, al haber desarrollado trabajos previos con empresas del grupo Vectalia. El contrato se adjudicó al segundo gabinete mejor posicionado. Pero hasta ahora no ha trascendido que su trabajo esté ya en manos del equipo de Gobierno.
En todo caso, el bipartito compuesto por PP y Cs ya ha anticipado que su objetivo es llegar a enero de 2021 con toda la tramitación sobre el Plan de Residuos y el Proyecto de Gestión ya finalizada, con el fin de no tener que acordar ninguna posible prórroga sobre el servicio de limpieza viaria y recogida de la basura.
