Uno de los contratos del servicio de transporte urbano en autobús en el centro de Alicante.ALICANTE. Al equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Alicante se le atraganta de manera inesperada la adjudicación del contrato de asistencia técnica para el diseño del proyecto de prestación del transporte público urbano. O lo que es lo mismo: el documento que servirá de base para licitar la explotación de la red municipal de autobuses, en la actualidad en manos del grupo Vectalia (antes Subús) tras lograr el contrato en 1967.
El proceso para contratar la redacción de ese estudio arrancó en junio, con un presupuesto de 121.000 euros (IVA incluido). A la convocatoria se presentaron cinco propuestas distintas, en su mayoría formada por alianzas de consultoras de distintos ámbitos, que fueron consideradas válidas tras el análisis de los técnicos que forman parte de la mesa de Contratación. Así, una vez emitidas las correspondientes valoraciones, los populares llegaron a aprobar su adjudicación en la Junta de Gobierno del pasado 13 de noviembre a una UTE compuesta por cinco gabinetes distintos: Cinesi, Sistema de Optimización de Recursos Tecnológicos, Century Auditores, Agustí & Asociados Consultores y Artnet Sistemes Informàtics.
La suya fue la propuesta que había obtenido la mayor puntuación tanto en los criterios automáticos (oferta más ventajosa económicamente) como los que dependían de un juicio de valor (básicamente mejoras). Así, logró 92 puntos sobre 100 posibles, a poco más de dos de la segunda clasificada (otra UTE formada por Ingartek Consulting y Broseta Abogados) que obtuvo 87,95.
Como publicó Alicante Plaza, para que el acuerdo de adjudicación fuese posible, la UTE debía justificar antes el importe de su oferta económica, ya que había sido considerada anormalmente baja: 73.810 euros en una licitación que partía de 121.000. La UTE superó ese trámite después de que un informe técnico considerase adecuada la motivación de esa baja. Sin embargo, debía cumplir todavía un segundo requisito: presentar una declaración responsable en la que atestiguase que ninguna de las cinco consultoras que la componían tenía ninguna vinculación con la actual concesionaria del servicio de transporte, Masatusa, del Grupo Vectalia. Es justo en ese trámite en el que, finalmente, se habría producido su bloqueo.
La segunda UTE clasificada también debe justificar ahora la cuantía de su oferta, considerada anormalmente baja
Fuentes municipales confirmaron que en la Mesa de Contratación de este miércoles se dio cuenta de que la UTE se había visto forzada a renunciar a la adjudicación del contrato después de que se constatase que una de sus cinco integrantes sí mantenía algún tipo de vinculación con Vectalia. Hasta este miércoles, No trascendió ni cuál de ellas, ni qué tipo de vinculación existía.
En cualquier caso, el problema es que, tras su descarte, el proceso de contratación continúa atascado, ya que la segunda clasificada también presentó una oferta con una propuesta económica que se consideró anormalmente baja (76.230 euros) y está obligada ahora a justificarla. Después, también deberá presentar su propia declaración responsable en la que se descarte cualquier posible nexo con Vectalia. ¿Qué implicaciones tiene todo ello? A la postre, la demora en la adjudicación definitiva, lo que expone a que pueda terminar 2018, que el presupuesto municipal de ese año decaiga y que no se llegue formalizar el acuerdo, de modo que, según fuentes municipales, quedaría aplazado hasta que se aprueben las cuentas de 2019. Todo, con el consiguiente retraso de la futura licitación de la prestación del servicio. La concesión actual vence el próximo junio, por lo que el Ayuntamiento quedaría expuesto a seguir pagando por su prestación sin la cobertura legal de un contrato en vigor.
