Alicante preadjudica el diseño de su futura red de autobús: ¿podrá lanzar el PP la nueva concesión?

ALICANTE. Terreno libre para que pueda concretarse el futuro de la red de transporte público de Alicante, un servicio operado por Masatusa (Grupo Vectalia) desde el año 1967. Finalmente, una UTE compuesta por cinco consultoras (Cinesi, Sistema de Optimización de Recursos Tecnológicos, Century Auditores, Agustí & Asociados Consultores y Artnet Sistemes Informàtics) se perfila como adjudicataria de la redacción del nuevo proyecto de prestación del servicio: un documento imprescindible para que el Ayuntamiento planifique las necesidades del sistema en cuanto finalice la concesión actual, en junio de 2019.

La mesa de contratación se apoyó este miércoles en un informe técnico para validar la propuesta económica presentada por dicha UTE, tras las dudas suscitadas sobre la posibilidad de que tuviese que descartarse al plantear un presupuesto en baja temeraria. Su plica concurría frente a otras cuatro ofertas con un precio de 73.810 euros (impuestos incluidos), es decir, un importe cerca de un 10% inferior al precio de licitación. 

El dictamen técnico analizado en la mesa de contratación concluía que la UTE había justificado debidamente el precio de su oferta y que, además, había acreditado experiencia en la elaboración de estudios similares. Así, salvo sorpresa (o posibles impugnaciones del resto de licitadores), dicha alianza empresarial será la encargada de definir el proyecto de prestación, al tratarse de la oferta mejor clasificada en el concurso, con la puntuación más alta (92 puntos, frente a los 87,95 obtenidos por la segunda clasificada).

Como ha publicado este diario, cuando la adjudicación se eleve a definitiva, la UTE dispondrá de un plazo de cuatro meses para entregar sus trabajos. En el caso de que ese proceso se cierre en diciembre, el equipo de Gobierno del PP tendría en su poder ese estudio en el mes de abril de 2019, lo que le otorgaría la potestad de adoptar la decisión clave: asumir la prestación del servicio de manera directa, como sucede en otras grandes capitales, o impulsar la convocatoria de un nuevo concurso para dejar la explotación en manos de una empresa.

Si la adjudicación se convierte en definitiva antes de enero, el gabinete de Barcala tendría el proyecto en su poder en abril y podría impulsar una nueva licitación

Lo cierto es que, tras la cancelación del Plan de Ajuste al que el Ayuntamiento se encontraba sometido desde el año 2012, el gabinete que coordina el popular Luis Barcala sí tendría a su alcance la posibilidad de plantear la constitución de una empresa pública o mixta para hacerse cargo de la red de transporte. No obstante, aunque no exista ninguna decisión conocida al respecto, el escenario que se antoja previsible es que los populares se decanten por licitar el que pasa por ser uno de los contratos de mayor importe de los que dependen del Ayuntamiento, junto al de la limpieza viaria y recogida de residuos.

Sin embargo, en el supuesto de que la adjudicación se retrasase, la decisión sobre el modelo de gestión (directa o concesionada) podría demorarse hasta después de las municipales de mayo de 2019, de modo que quedaría bajo la responsabilidad de la futura corporación.