ALICANTE. El servicio público de transporte en autobús de Alicante seguirá gestionado por un operador privado tras el fin de la concesión actual, este mismo mes. Primero, mediante la concesión de una prórroga extraordinaria de ese contrato en fase de extinción, como adelantó Alicante Plaza. Y, después, a partir de la convocatoria de un nuevo concurso para volver a adjudicar su explotación, sin que se sopese la alternativa de municipalizarlo (es decir, que el ayuntamiento se convierta en su operador de manera directa). 

El único escenario que contempla el actual equipo de Gobierno, el bipartito en situación de minoría compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), es el de acudir a una nueva licitación para que siga quedando a cargo de una empresa especializada en el sector, según confirmaron este martes la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez (Cs), y el edil de Transportes y Contratación, Manuel Villar (PP). 

De hecho, ambos detallaron que la Junta de Gobierno había acordado este mismo martes uno de los pasos administrativos que resultan necesarios antes de abordar tanto la prórroga como la convocatoria de ese futuro concurso. Se trata de la actualización del inventario de bienes asociados al servicio: esencialmente, la flota de vehículos, aunque -según fuentes municipales- en ese listado también se incluiría el inmueble de las cocheras, por ejemplo.

Con ese inventario, cerrado a diciembre de 2018, se detalla la relación de elementos que deben permanecer operativos durante el plazo por el que se conceda esa prórroga extraordinaria a la empresa que ha asumido la explotación durante los últimos 50 años, Masatusa (del Grupo Vectalia). Al tiempo, esos elementos serán los que, después, revertirán en el Ayuntamiento para que se puedan poner en manos del futuro concesionario del servicio.

¿Cuándo podría existir un nuevo operador a cargo de la red de autobuses? No hay plazos concretos definidos, aunque el bipartito sí asume ya que la nueva adjudicación se hará esperar como mínimo entre uno y dos años, dada el complejo proceso de contratación que conlleva un servicio de tanta trascendencia como el transporte público (sujeto a la publicación en boletines europeos, entre otros requisitos).

Por lo pronto, como viene informando este diario, el Ayuntamiento no dispone todavía del estudio de asesoría externa encargado para evaluar qué parámetros concretos debe recoger el nuevo pliego de condiciones, todavía por redactar. Así, la concesión de la prórroga en la que trabajan los departamentos de Transportes, Movilidad y Contratación deberá ajustarse a ese plazo de tramitación del nuevo concurso.