ALICANTE. El servicio público de transporte en autobús de Alicante seguirá gestionado por un operador privado tras el fin de la concesión actual, este mismo mes. Primero, mediante la concesión de una prórroga extraordinaria de ese contrato en fase de extinción, como adelantó Alicante Plaza. Y, después, a partir de la convocatoria de un nuevo concurso para volver a adjudicar su explotación, sin que se sopese la alternativa de municipalizarlo (es decir, que el ayuntamiento se convierta en su operador de manera directa).
El único escenario que contempla el actual equipo de Gobierno, el bipartito en situación de minoría compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), es el de acudir a una nueva licitación para que siga quedando a cargo de una empresa especializada en el sector, según confirmaron este martes la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez (Cs), y el edil de Transportes y Contratación, Manuel Villar (PP).
De hecho, ambos detallaron que la Junta de Gobierno había acordado este mismo martes uno de los pasos administrativos que resultan necesarios antes de abordar tanto la prórroga como la convocatoria de ese futuro concurso. Se trata de la actualización del inventario de bienes asociados al servicio: esencialmente, la flota de vehículos, aunque -según fuentes municipales- en ese listado también se incluiría el inmueble de las cocheras, por ejemplo.
Con ese inventario, cerrado a diciembre de 2018, se detalla la relación de elementos que deben permanecer operativos durante el plazo por el que se conceda esa prórroga extraordinaria a la empresa que ha asumido la explotación durante los últimos 50 años, Masatusa (del Grupo Vectalia). Al tiempo, esos elementos serán los que, después, revertirán en el Ayuntamiento para que se puedan poner en manos del futuro concesionario del servicio.
¿Cuándo podría existir un nuevo operador a cargo de la red de autobuses? No hay plazos concretos definidos, aunque el bipartito sí asume ya que la nueva adjudicación se hará esperar como mínimo entre uno y dos años, dada el complejo proceso de contratación que conlleva un servicio de tanta trascendencia como el transporte público (sujeto a la publicación en boletines europeos, entre otros requisitos).
Por lo pronto, como viene informando este diario, el Ayuntamiento no dispone todavía del estudio de asesoría externa encargado para evaluar qué parámetros concretos debe recoger el nuevo pliego de condiciones, todavía por redactar. Así, la concesión de la prórroga en la que trabajan los departamentos de Transportes, Movilidad y Contratación deberá ajustarse a ese plazo de tramitación del nuevo concurso.
En principio, la Ley de Contratación del Sector Público contempla la posibilidad de acordar la prolongación excepcional de contratos extinguidos bajo determinados supuestos por un periodo adicional máximo de 9 meses, siempre que esa prórroga esté debidamente motivada y fundamentada. En todo caso, según fuentes municipales, si se agotase ese plazo de prestación extra, podría volver a motivarse la concesión de una segunda prórroga bajo la misma fundamentación.
Mari Carmen Sánchez (Cs) y Manuel Villar (PP).
Sea como fuere, al menos dos de los cuatro grupos políticos municipales que ejercen labores de oposición, PSPV-PSOE y Compromís, ya manifestaron este martes sus críticas por el retraso en la preparación del nuevo concurso del transporte público. Así, el edil socialista Manuel Martínez lamentó "la falta de previsión del anterior equipo de Gobierno", compuesto por el PP en solitario desde abril de 2018, al señalar que "tuvieron un año para preparar la licitación y no lo hicieron". Además, expresó su temor a que la concesión de una prórroga perpetúe "las carencias en el servicio actual por las que estamos recibiendo múltiples quejas".
PSPV y Compromís denuncian la falta de previsión del PP y alertan de la prolongación de un servicio obsoleto
El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, también denunció la falta de previsión del PP ante la caducidad de la concesión de 50 años, "lo que va a suponer importantes demoras en poder poner en marcha un nuevo servicio". A su juicio, esta desidia va a provocar que "una vez más, o bien se ejecuten servicios fuera de contrato, como pasa actualmente con la contrata de zonas verdes o de las sillas de la Explanada, por poner dos ejemplos, o que se busque la fórmula de prorrogar una concesión de 50 años que está absolutamente obsoleta".
Además, Bellido emplazó, precisamente, a considerar otros modelos de explotación. "Es urgente plantear el debate sobre el futuro modelo futuro de gestión de este servicio público, que muchas otras ciudades ofrecen a través de empresas municipales". Sea como fuere, en su opinón, "este retraso provocado por el PP, es una muestra más de la ineficacia y mala gestión que ha llevado en sus más de 20 años de gobiernos a dejar caducar las grandes contratas sin tener preparada su renovación". Así, advirtió de que "esta mala gestión, donde la planificación y previsión municipal brillan por su ausencia, puede afectar también a la renovación del servicio de Limpieza Urbana que caduca en el año 2021".
Mari Carmen Sánchez (Cs) y Manuel Villar (PP).
