Un operario de la contrata de limpieza de Alicante. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La concesionaria del servicio de limpieza viaria y recogida de la basura, una UTE participada por Cespa (30%), FCC (30%) y otras dos empresas lideradas por Ortiz (Cívica, 30%; e Inusa, 10%), pretende impulsar ahora -en el arranque del tercer año de contrato- medidas efectivas para combatir el absentismo laboral. O lo que es lo mismo, que sus 550 empleados desempeñen su trabajo, sin bajas ni ausencias que pudiesen considerarse injustificadas. La nueva gerencia de la UTE acaba de plantear al comité de empresa la firma de un acuerdo por el que la plantilla quedaría comprometida necesariamente a cumplir con esa obligación que se da por sobreentendida: acudir a sus correspondientes puestos de trabajo y desempeñar sus funciones.
La propuesta de ese acuerdo llega en un contexto marcado por cinco circunstancias básicas. La primera es la apertura de la negociación sobre el nuevo convenio laboral. Según las fuentes consultadas, en principio, la UTE no querría vincular los dos acuerdos (compromiso de lucha contra el absentismo y convenio), aunque resulta innegable que discurren en paralelo. La segunda es la reivindicación del comité de empresa para que se reincorporen dos trabajadores a los que se habría despedido por la sucesión de bajas médicas. Según las mismas fuentes, la firma del acuerdo contra el absentismo habría surgido a raíz de esa posible reincorporación, como requisito previo.
La tercera es la batería de medidas puesta en marcha por la Concejalía de Limpieza para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contrato. Entre ellas, como informó Alicante Plaza, se encuentra el bloqueo de las certificaciones mensuales si la UTE no proporciona información real y actualizada sobre el número de trabajadores que realmente operan en la calle; la revisión de los criterios incluidos en la ficha de observación que se utiliza para evaluar el servicio que realmente se presta; y el anuncio de la contratación de un nuevo sistema de auditoría con criterios de supervisión que permitan calibrar el cumplimiento del contrato más allá del mero control del índice de absentismo que se viene comprobando en las auditorías llevadas a cabo hasta ahora.
La cuarta es la modificación del contrato por la que se elimina el llamado cuarto turno en la planta de tratamiento de Fontcalent (al poner fin a la llegada de basura de Valencia) y se establece un refuerzo en los servicios de limpieza (un baldeo o un barrido con sopladoras especial cada 22 días en cada barrio). Y la quinta es el pacto político propuesto por el alcalde, Gabriel Echávarri (PSOE), en el pleno ordinario de enero, la semana pasada, con el que quiso abrir el debate sobre la posibilidad de pagar más a la UTE para que se garantice la contratación del personal necesario.
Como publicó este diario, el último informe de auditoría encargado de manera directa por el anterior equipo de Gobierno del PP a la consultora Adade Alicante (con un coste de 55.000 euros incluido en el propio contrato), es un documento de sólo 10 páginas en el que, entre sus conclusiones (poco más de una página), se da cuenta de que la tasa de absentismo laboral se redujo durante 2015 al pasar del 10,95% en 2014 al 9,60%. En su conjunto, según el informe, se perdieron 13.364 días efectivos de trabajo por absentismo frente a las 15.048 de 2014.
Limpieza insiste en que el ayuntamiento no puede sancionar el índice de absentismo al ser una cuetión de ámbito interno; sólo puede penalizar que no se cubran los puestos de trabajo con sustitutos, con la complejidad que implica ese control
El concejal de Limpieza y Medio Ambiente, Víctor Domínguez (Guanyar), ya explicó tras el pleno de diciembre que ese informe no aporta ninguna funcionalidad para los intereses municipales, ya que el ayuntamiento no tiene competencias para sancionar a la empresa por sus índices de absentismo al tratarse de una cuestión de ámbito interno. Es cierto, que la UTE se presentó al concurso con una oferta en la que se comprometía a que ese índice no excedería del 5% y que, además, logró una puntuación extra por ello pese a las dificultades para ejercer un control de ese compromiso que ya se reflejaron en los informes técnicos en su momento. Sin embargo, según Domínguez el ayuntamiento solo puede considerar un incumplimiento del contrato susceptible de sanción o de una hipotética rescisión el hecho de que, efectivamente, no se ocupen los puestos de trabajo comprometidos para que haya una correcta prestación del servicio y la concesionaria siempre puede cubrir esas ausencias y bajas con personal temporal (asumiendo su coste), lo que multiplica la complejidad de un control efectivo de esas situaciones por parte de los inspectores municipales.
Otra de las grandes contratas municipales en manos de Ortiz, la de la limpieza de colegios y dependencias municipales, sigue de momento bajo responsabilidad de sus empresas sin el respaldo de contrato. El equipo de Gobierno compuesto por PSOE, Guanyar y Compromís, no abordó este martes la convocatoria del nuevo concurso para licitar su prestación al no haber completado el expediente con los últimos informes técnicos requeridos (el alcalde habló el lunes de un informe del interventor y de otro de los servicios jurídicos). El portavoz del tripartito y edil de Contratación, Natxo Bellido (Compromís), explicó que, en todo caso, el objetivo es poder aprobar ese nuevo pliego esta misma semana y justificó el retraso en la complejidad de incorporar cláusulas de protección social no previstas en la legislación pero sí avaladas en jurisprudencia reciente.
En esta línea, insistió en que el tripartito trata de dar cobertura a esa reivindicación de la plantilla de la concesionaria actual para que se aporten garantías adicionales sobre la continuidad de los contratos, más allá de la subrogación a la que ya obliga el convenio del sector. Entre esas cláusulas, como viene publicando este diario, figura la introducción de cláusulas que bonifiquen con puntuación extra a las ofertas que asuman ese compromiso de continuidad.
Tanto PP como Ciudadanos (C's) acusaron este martes al tripartito de ser incapaces de ponerse de acuerdo para aprobar el pliego para un servicio por el que ha pagado ya 13 millones de euros desde junio de 2015 sin el respaldo de un contrato.
