ALICANTE. El jueves, 30 de abril, a las 11 horas, se realizará una concentración frente a la subdelegación de Gobierno en Alicante (Pl. de la Montañeta nº 6). Tras el despido colectivo derivado de la liberalización del peaje de la AP7, reclaman conservar el empleo, reubicación o una indemnización legal, ajustada al Estatuto de los Trabajadores.

La propia Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre propuso al Ministerio de Transportes, liberalizar el peaje, por lo que CCOO considera que se trata de una decisión política acordada por el propio empleador. Sin embargo, "Seitt pretende encubrir el despido colectivo como si se tratara de una causa productiva para evitar indemnizar a los afectados con la cuantía que marca el ET para un despido injustificado", aseguran desde el sindicato de clase.

Desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO PV se cuestiona "que a empresa no le importe dejar de recibir los ingresos del peaje y sin embargo se muestre radicalmente contraria a indemnizar dignamente a las 30 personas afectadas".

El personal "también percibe como un engaño el hecho de que hayan estado 16 meses en desempleo bajo un ERTE, porque la empresa decía que no era un cierre definitivo del peaje, y que así haya sido finalmente".

Desde la parte social de la Comisión Negociadora del ERE en Seitt se ha solicitado a la empresa la posibilidad de recolocación en otras empresas públicas, dependientes del Ministerio de Transporte, como parte de solución del conflicto, que ha sido rechazada.

"Nos preguntamos si el Consejo de Ministros y el Ministerio de Transporte están de acuerdo con la empresa y comparten la decisión de despedir a 30 personas con el desempleo ya consumido simulando un ERE para pagar una indemnización menor. Desde luego, no casa este proceder con los anuncios que llega desde el Gobierno de reforma del despido" afirma Jesús Ballesteros, del sector de Carretera y Logística de la FSC.

Por todo ello las personas afectadas por el ERE reclaman al Gobierno, al Ministerio de Transporte y a Seitt otra decisión política por el interés general que suponen 30 familias despedidas, y que no es otra que: trabajo o indemnización legal.