ALICANTE. El expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seitt) en la AP-7 a su paso por la circunvalación de Alicante ha entrado en fase con la apertura del periodo de consultas entre la empresa y la representación de los trabajadores. Este proceso, que se prolongará durante 30 días, marcará los próximos pasos de una negociación en la que el sindicato CCOO pondrá el foco en la acreditación de la causa alegada y la búsqueda de alternativas al despido. Y es que, tras el anuncio de la medida, que afecta a 30 personas vinculadas al sistema de peaje de la autopista, la negociación formal comenzó el pasado 7 de abril con la constitución de la mesa. En ella participan delegados sindicales -dos de CCOO y uno de UGT- y personal de los sindicatos en calidad de asesores, además de la representación de la empresa .

El calendario inmediato contempla nuevas reuniones, con una próxima cita fijada para la semana que viene. En este tiempo, la empresa debe aportar la documentación que sustente los motivos del expediente, mientras que la parte social analizará si concurren causas que justifiquen el despido colectivo.

La causa del ERE, en el centro del debate

Así, según ha trasladado a este medio Jesús Ballesteros, representante del Sector de Carretera y Logística de FSC CCOO, la empresa fundamenta el expediente en el levantamiento de las barreras de peaje en la autopista, una decisión que implicaría la desaparición de los puestos vinculados a esa actividad. El sindicato cuestiona este planteamiento al considerar que no se trata de una causa sobrevenida derivada de cambios en la demanda o en la organización productiva, sino de una decisión adoptada previamente.

En este sentido, el sindicato de clase sostiene que el hecho de dejar de cobrar por el uso de la infraestructura no constituye por sí mismo una causa que encaje en los supuestos previstos para un despido colectivo. La autopista, recuerdan, continúa operativa y bajo gestión de Seitt hasta agosto de 2028, momento en el que está previsto que pase a depender directamente de la administración de carreteras.

Alternativas al despido

En paralelo al debate jurídico sobre la causa, CCOO plantea la necesidad de explorar medidas alternativas. Entre ellas, la recolocación del personal afectado en otros puestos o funciones dentro de la propia estructura de la empresa pública o en otras áreas vinculadas a la gestión de infraestructuras. Ballesteros destaca, además, que tras la aplicación del ERE, la plantilla ha pasado de 50 a 20 trabajadores, lo que, a su juicio, abre la posibilidad de redistribuir funciones sin recurrir a la extinción de contratos.

Además, el sindicato insiste en que, en el caso de una empresa pública, deben priorizarse mecanismos que eviten la salida de trabajadores, especialmente cuando la situación deriva de una decisión adoptada por la propia administración titular de la sociedad.

Ahora, el periodo de consultas se presenta como el espacio en el que ambas partes deberán confrontar sus posiciones. El resultado de este proceso dependerá de la evolución de las negociaciones en las próximas semanas, en un contexto en el que el futuro de los trabajadores afectados queda ligado tanto a la interpretación de la causa alegada como a la capacidad de alcanzar acuerdos dentro de la mesa de diálogo.