ALICANTE.- Gregorio Izquierdo Llanes, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, es el director de Economía de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales), y el máximo responsable del Servicio de Estudios de la Institución y el Área de Fiscalidad de la patronal. Además, es el director general y secretario del Instituto de Estudios Económicos (IEE), uno de los más prestigiosos think tank españoles de economía. Y fue el director del INE durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Este miércoles ha visitado Alicante y ha compartido un diálogo con los miembros del Foro Liberal y de la CEV Alicante, donde ha denunciado que la falta de seguridad jurídica y la escasa participación de las empresas en el diseño normativo están erosionando la competitividad de España y de Europa. Según ha afirmado, los países con mayor libertad económica “tienen una mayor innovación, un mayor desarrollo humano y una mayor esperanza de vida”, y por ello ha defendido que la regulación debe ser “proporcional, mesurada y justificada”.

Izquierdo considera que España ocupa posiciones “claramente mejorables” en los índices internacionales: puesto 32 en libertad económica y 29 en libertad de empresa dentro de la OCDE. A su juicio, mejorar estos indicadores permitiría “una mejora del nivel de vida, del crecimiento económico y del bienestar sin necesidad de otras intervenciones”.

Críticas a la acumulación normativa y al gold-plating

El economista ha alertado de que Europa vive ya un “problema acuciante” de sobrerregulación, recogido en informes como los de Enrico Letta y Mario Draghi. Ambos documentos, ha recordado, advierten de que la acumulación normativa genera incertidumbre, dificulta la actividad empresarial y resta competitividad frente a Estados Unidos o Asia.

Izquierdo ha citado el fenómeno del gold-plating, por el que los Estados añaden capas adicionales a las directivas europeas: “Si ya regula la Unión Europea, ¿para qué volver a regularlo en cada país?”. Esta práctica, dijo, multiplica la complejidad, crea barreras administrativas y distorsiona las condiciones de competencia dentro del mercado único.

La burocracia como coste fijo y la Trampa del Tamaño

Uno de los puntos más desarrollados de su intervención fue el impacto de la burocracia en las pequeñas empresas. Según explicó, la carga administrativa actúa como un coste fijo que penaliza especialmente a los autónomos y pymes: “Lo que para una gran empresa es un sobrecoste, para una pequeña puede ser una barrera insalvable”.

Esta situación desemboca en la llamada Trampa del Tamaño, donde muchos empresarios renuncian a crecer para evitar saltos regulatorios: “Yo ya no quiero crecer más, porque si supero este nivel, las cargas administrativas se multiplican”, ha puesto como ejemplo. Ha recordado que al superar los 6 millones de euros de facturación o los 50 trabajadores, las obligaciones fiscales y administrativas se disparan.

Riesgos, incertidumbre y freno a la innovación

Izquierdo ha insistido en que la sobrerregulación genera riesgos y primas de riesgo que encarecen los proyectos empresariales y frenan la inversión. “Cuando tienes que ir a un tercero para entender una norma, es que la norma no está bien diseñada”, ha afirmado.

También ha alertado de que la incertidumbre regulatoria está paralizando la renovación de flotas, la inversión industrial y la adopción de nuevas tecnologías. Según Draghi —ha rememorado—, Europa necesita entre 800.000 millones y 1,3 billones de euros anuales para recuperar competitividad, pero la inversión real está muy por debajo de lo necesario. La inversión intangible, en cambio, crece más rápido porque “no está sujeta a regulación y puede hacerse en tiempo real”.

Disfunciones institucionales y falta de consulta a los afectados

El director de Economía de la CEOE ha criticado que muchas normas se elaboran sin consultar a los sectores afectados, lo que deriva en regulaciones “de peor calidad”. Puso como ejemplo la cita previa obligatoria, que calificó de medida que “optimiza la agenda del funcionario cargando la del ciudadano”.

También denuncia que algunas regulaciones responden a intereses particulares o a la comodidad administrativa, y no a necesidades reales: “Muchas veces el problema no existe; el problema es la regulación”, ha destacado.

Izquierdo ha vinculado la economía sumergida con un entorno regulatorio hostil: “La regulación encarece el cumplimiento y abarata el incumplimiento”. Sobre el mercado laboral, cuestionó el relato de que el principal problema sea el impago de horas extra: “En España se trabaja menos horas de la jornada legal y hay empresas con un absentismo del 10%. Ese es el problema real”, ha defendido.

Presión fiscal y cargas que no atienden a la capacidad económica

Izquierdo critica que determinados impuestos y tasas no tengan en cuenta la situación real de las empresas. Pone como ejemplo las cotizaciones sociales —“pueden llevar a la ruina a una empresa con pérdidas”— y cuestiona tributos como el IBI o las tasas municipales durante la pandemia: “¿Cómo voy a pagar el IBI si estoy perdiendo dinero?”. También denuncia que algunas tasas locales superan el coste real del servicio, como las de licencias urbanísticas: “Cuando comparas lo que cuesta el departamento y lo que cobra el ayuntamiento, ves que se está cobrando más de lo que debería”.

La necesidad de una “regulación inteligente” 

Frente a este escenario, Izquierdo defiende un modelo de regulación inteligente, inspirado en el concepto de Juan de Mariana, basado en cuatro principios: Estabilidad: normas con horizonte de 5–10 años que permiten planificar inversiones; Simplicidad: regulación comprensible y fácil de cumplir;  Proporcionalidad: equilibrio entre las cargas impuestas y los objetivos perseguidos, y diálogo: participación efectiva de los sectores afectados en el diseño normativo. “No puedes estar construyendo una fábrica pensando que tendrás que cambiarla tres veces porque el regulador cambia las reglas”, lamenta.

Propuestas: simplificación regulatoria y derechos para las empresas

Izquierdo plantea la necesidad de un plan de choque de simplificación regulatoria en España, así como la creación de un estatuto de derechos de la empresa que proteja a los administrados frente a normas ambiguas o solapadas.

Propone, por ejemplo, que no se sancione a una empresa cuando pueda demostrar que ha actuado siguiendo una interpretación razonable de una norma confusa, una figura que ya existe en el ámbito tributario y que, según afirma, debería extenderse al conjunto de la Administración.

Un mensaje final: dejar crecer a las empresas

El economista insiste en que muchas iniciativas empresariales fracasan porque se les exige demasiado en los primeros años: “Si una empresa no sabe si va a sobrevivir, déjala un poco tranquila en lo regulatorio, fiscal y social. Luego ya contribuirá”. Y concluye con una llamada a tratar a la empresa como un actor esencial del progreso: “La regulación es legítima cuando ordena y protege, pero cuando crece sin medida se convierte en fricción y dificulta la actividad económica”.