Los acusados en la causa sobre el PGOU de Alicante, en la primera sesión del juicio. Foto: RAFA MOLINA ALICANTE. El contador comienza a correr, de nuevo, en la causa sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante instruida como pieza separada del caso Brugal. La Audiencia emplazó este jueves a las partes interesadas en recurrir la sentencia absolutoria a comparecer ante el Tribunal Supremo (TS) en el margen de 15 días para poder formalizar esas impugnaciones.
En dicha sentencia, el tribunal de la Sección Tercera que enjuició los hechos dio por descartada la existencia de una trama liderada por los exalcaldes Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo (ambos del PP) para primar los intereses del promotor Enrique Ortiz en la nueva planificación urbanística de la ciudad a cambio de la entrega de diversas cantidades de dinero y otras dádivas, como viajes o incluso un coche. Las magistradas que conformaron la sala concluyeron que no había quedado demostrado que los expolíticos proporcionasen información privilegiada al constructor puesto que los datos con los que -según el sumario, habría contado de forma indebida-, ya eran públicos desde el momento en el que se produjo la publicación del documento de avance de ese PGOU.
En todo caso, la sala solo apreció la existencia de sendos delitos de cohecho impropio por la recepción o la entrega de regalos por parte de Díaz Alperi y de Ortiz, a quienes impuso una condena de multa de 6.000 y 18.000 euros respectivamente. Al primero, por haber disfrutado de un viaje a Creta con gastos pagados. Y al segundo, por haber regalado una chaqueta de la marca Carolina Herrera a Castedo con motivo de su cumpleaños.
Esa sentencia continúa sin ser firme, ya que tanto la Fiscalía Anticorrupción como la defensa de Díaz Alperi han anunciado la interposición de recurso. La Fiscalía, con el objetivo de que el alto tribunal revierta las exculpaciones de la Audiencia. Y Díaz Alperi, con la pretensión de eludir la mancha de la condena sobre una trayectoria política que, por ahora, había quedado sin mácula, después de haber sido investigado por la adjudicación de tres aparcamientos públicos en la ciudad (adjudicados, precisamente, a las empresas de Ortiz) y por un presunto fraude fiscal, pese a que la sentencia de la Audiencia que ratificó su absolución llegó a considerar que el pronunciamiento de primera instancia podía haber sido condenatorio.
Con el emplazamiento formulado ahora, tanto la Fiscalía como la defensa del exalcalde tendrán a su alcance la última baza para lograr la modificación de la sentencia, después de que la Audiencia pueda elevar la causa completa digitalizada a Madrid. Tras su recepción, el TS concederá plazo para que las dos partes puedan presentar formalmente sus respectivas impugnaciones. A partir de ahí, su resolución podría demorarse como mínimo entre uno y dos años. De hecho, todavía no se ha resuelto el recurso interpuesto por la Fiscalía frente a la sentencia (también absolutoria) dictada en junio de 2020 por la Sección Séptima de la Audiencia respecto a la causa matriz de Brugal: la relacionada con la adjudicación de la contrata de la basura de Orihuela.
La resolución de los recursos podría demorarse más allá de un año y medio, a la vista de que todavía no se ha dictaminado sobre el interpuesto respecto a la contrata de la basura de Orihuela
Entre tanto, el próximo martes se prevé la reanudación de otra de las piezas principales derivadas de Brugal. En este caso, la que atañe al presunto amaño en la adjudicación del vertedero comarcal de la Vega Baja. La causa se sigue frente al expresidente de la Diputación, Joaquín Ripoll; frente a Ortiz (cuya oferta logró la adjudicación) y frente al empresario oriolano Ángel Fenoll, entre otra decena de procesados. En principio, está previsto que la vista pueda retomarse con las declaraciones de los acusados, después de que, el pasado noviembre, se completase la fase de presentación de las cuestiones previas.
No obstante, esa previsión podría verse alterada por dos circunstancias. La primera, la petición de aplazamiento presentada por uno de los letrados intervinientes, que tendría señalada la celebración de otra vista con preso (prioritaria) para el martes, día 18. Y la segunda, la recusación formalizada por la defensa de Ripoll respecto a dos de los magistrados que conforman el tribunal, tras alegar que habían participado en la resolución de trámites previos durante la fase de instrucción y que, por tanto, quedarían invalidados para enjuiciar el proceso al haber tenido conocimiento previo de la causa y estar contaminados. Por el momento, según fuentes jurídicas consultadas, no se habría producido respuesta a esa recusación, aunque la Fiscalía sí ha registrado un escrito de oposición a que pueda quedar admitida.
