Una de las concentraciones de protesta organizadas por los empleados de Acción Social de Alicante en ejercicios precedentes, en imagen de archivo.ALICANTE. No habrá consolidación de las plazas de trabajadores sociales en la estructura de personal del Ayuntamiento de Alicante en la medida en que la labor que desempeñan en la Concejalía de Bienestar Social viene derivada de una "competencia impropia" que corresponde a la Generalitat. Así lo ha señalado este miércoles el alcalde, Luis Barcala, en una comparecencia pública tras mantener un encuentro de trabajo con los representantes de las cuatro Entidades de Gestión y Modernización (EGM) de la ciudad sobre la mejora de las áreas industriales.
En concreto, el primer edil ha señalado que "nosotros estamos prestando un servicio por cuenta de la Generalitat" y que se está tratando de acelerar el expediente para volver a cubrir esas plazas con un nuevo proceso de contratación, después de que, a 31 de diciembre, se produjese su despido por el vencimiento del contrato programa suscrito con la Generalitat hace tres años, sin que exista la posibilidad de incorporar esos puestos de trabajo -en torno a 160 empleados, aunque las cifras fluctúan- en la estructura de personal municipal.
"Iremos ampliando plantillas en la medida de lo posible a través de la Oferta de Empleo Público (OEP) como hemos venido haciendo hasta ahora, pero el departamento de Intervención entiende que no se puede asumir esa competencia impropia" ampliando la plantilla municipal y que el proceso debe seguir siendo el de acordar su despido y promover una nueva contratación en el momento en el que se dispone la confirmación del crédito para abonar sus salarios por parte de la Generalitat, a través de un nuevo contrato programa. Así, Barcala ha sostenido que la certificación de la disponibilidad de esa aportación autonómica "llegó el 8 de enero", de modo que, según ha explicado, no pudo activarse el nuevo procedimiento de contratación hasta entonces.
"Estamos ahora mismo volando para que se produzcan las contrataciones de personal lo más rápidamente posible y que el servicio no se vea perjudicado, bien entendido que, cuando con el Botánico se hacía el programa anualmente, a nosotros no se nos daba la posibilidad de realizar la contratación hasta el mes de abril o mayo", ha apuntado. "Lo último que se hizo fue promover un contrato programa por tres años y la opinión de Intervención es que, al término de ese tiempo, debían resolverse todos esos contratos y volverse a iniciar el proceso de contratación; eso es lo que hemos tenido que hacer", ha abundado.
"Es un servicio de una competencia impropia, por eso nos la paga la Generalitat", ha recalcado. "Progresivamente, claro que iremos ampliando plantilla e iremos convocando mediante las OEP, las plazas por oposición", ha señalado. "La gente que se incorpora como funcionario, lo hace por oposición; una de las cuestiones que ha advertido la UE y también Intervención es que no podemos fomentar la interinidad", ha insistido. "Hemos normalizado esa situación en distintas tandas", ha añadido. "Lo que prevé el contrato programa es que se contraten los servicios que debe prestar la Generalitat para que los preste el ayuntamiento, en este municipio como en todos", ha concluido.
