La 'trinchera educativa': ¿lastre para Barcala o ariete del bipartito de Alicante?

ALICANTE. La edil de Educación del Ayuntamiento de Alicante, la popular Julia Llopis, se someterá a una segunda propuesta de reprobación en el pleno ordinario de septiembre. La primera -promovida por Compromís por su supuesta falta de respuesta a la emergencia social durante la primera oleada del coronavirus- la superó con holgura en julio de 2020, gracias al respaldo de los dos ediles de Vox, que tampoco dudaron en apoyar la reprobación alternativa promovida por el equipo de gobierno (PP y Cs) para la vicepresidenta del Consell y responsable de Políticas Inclusivas. 

En aquel momento, el resultado de la votación no sorprendió. Pero sí lo hizo la intervención protagonizada por el alcalde, Luis Barcala, por lo inusitado de su reacción. A diferencia de lo que sucedió en abril de ese mismo año (cuando sí se aprobó la propuesta de reprobación de la vicealcaldesa y líder de Cs, Mari Carmen Sánchez, por su polémico vídeo en el que aseguraba aburrirse durante el confinamiento), Barcala sí decidió hacer uso de la palabra en defensa Llopis, a quien ensalzó por su capacidad de trabajo, así como por su valentía para oponerse a las políticas desplegadas por el Consell.

Desde entonces, Llopis ha seguido ejerciendo esa doble labor de gestión y denuncia para poner en solfa las decisiones en materia educativa emanadas de la Generalitat que, a su juicio (y, se entiende, que a juicio del conjunto del bipartito) no resultarían convenientes. Al menos, no en la forma en la que se planteaban para la ciudad de Alicante. Al margen de volver a solicitar la modificación del sistema de adscripción de centros, a través del consejo escolar municipal, en favor de la recuperación del distrito escolar único, o de no conseguir un entendimiento definitivo que permita poner en marcha la licitación de las obras de colegios con cargo a la financiación autonómica del Plan Edificant (la conselleria tampoco pueda apuntarse el logro tras un proceso trufado de solicitudes de correcciones que, por h o por b, no se han requerido a otros municipios gobernados por el PP), la edil ha mantenido al menos tres últimos encontronazos con el departamento autonómico que coordina Vicent Marzà que han acabado por instalarla en una trinchera política permanente. Y que, a la postre, han servido de excusa para que ahora sea el PSOE quien vuelva a plantear su reprobación política en el pleno.

El primero de esos motivos de reacción más recientes (una vez descontado el Plan Edificant, ya mencionado, en el que ha contribuido el rechazo del departamento de Intervención a la asunción de competencias que considera impropias) ha sido la reparación de los daños detectados en los edificios destinados a las clases de ciclos formativos del IES Virgen del Remedio. Después de que incluso el propio alcalde exigiese que la conselleria asumiese su reparación, el conflicto quedó amortizado con el compromiso de la elaboración de un informe sobre las causas de esos daños para decidir qué administración debía asumir su reparación.

El segundo motivo de desencuentro fue la gestión de los realojos de los conserjes escolares que resultaba necesario para que la conselleria pudiese acometer las obras de retirada del amianto en seis centros de la ciudad. En realidad, solo en cuatro de ellos contaban con conserje a reubicar. Pero, de ellos, sólo se ha podido ejecutar la tarea en el CEIP Rabassa, después de que la conselleria mostrase su disposición a asumir ese realojo temporal. En principio, la tarea ha quedado postergada previsiblemente hasta el año que viene en el CEIP Azorín, en el Tossal y en el Emilio Varela. La versión que mantiene la conselleria es que el Ayuntamiento no reubicó a los conserjes (funcionarios municipales) pese a que lo requirió por escrito el 5 y el 15 de julio. La versión del equipo de gobierno (que en un principio sostenía la inexistencia de esas comunicaciones) es que el servicio de Asesoría Jurídica consideró, después, de que la obligación de ese realojo debía asumirlo la conselleria como administración promotora de la obra. 

Y el tercer desaire que habría servido de coartada definitiva para justificar su segunda propuesta de reprobación consiste en la renuncia de su departamento a optar a las ayudas de la conselleria para sufragar actividades extraescolares, tras alegar que la convocatoria volvía a llegar tarde (en agosto) y que, según los técnicos municipales, no resultaban eficaces por el bajo nivel de participación de las actividades sufragadas.   

Los motivos de reproche frente a Llopis que aseguran tener los grupos del eje progresista representados en el Ayuntamiento (PSOE, Unides Podem y Compromís) se ampliarían en asuntos como la modificación de los estatutos del Patronato de Escuelas Infantiles; en la falta de inversiones que, a su juicio, se habría materializado en esos dos centros municipales, las escuelas Siete Enanitos y Els Xiquets (sí se han llevado a cabo labores de mantenimiento por 40.000 euros) pese a que se dispondría de un remanente de más de un millón; o en el trato preferente que, según sostienen, concede a la educación concertada frente a la escuela pública. Sea como fuere, el grupo municipal de Vox ya anticipó este mismo lunes que el nuevo intento de censura política dirigido contra Llopis no prosperará en el pleno. El portavoz municipal del partido de Santiago Abascal, Mario Ortolá, reiteró su apoyo incondicional a la edil de Educación tras considerar que es la única representante del equipo de gobierno que tiene el arrojo necesario para hacer oposición a las decisiones del Botànic. Así que la propuesta socialista no sumará la mayoría suficiente para que pueda salir adelante.

Eso no quita, sin embargo, que en las filas del propio grupo socialista se considere que ya se ha obtenido un rédito mayor. Primero, porque la reacción de Vox y sus piropos en defensa de Llopis (a quien Ortolá viene lanzando guiños de manera reiterada durante sus intervenciones en los plenos, y sobre quien se especula que pudo llegar a estar tentada para formar parte de las listas de Vox) no le vendría precisamente bien al PP en la medida en que supondría una crítica directa del partido con el que compite por el voto del electorado de la derecha. 

Y segundo porque, de nuevo, se expone al equipo de gobierno y al propio alcalde a tener que posicionarse con su edil y con su forma de proceder. Según las mismas fuentes, si Barcala y el equipo de gobierno comparten el modus operandi de Llopis y sus posiciones frente al Consell, se consigue que todos se retraten junto a ella y, al tiempo, con los postulados más duros del centro-derecha. Y si resulta que las formas y las decisiones de la edil generan divisiones internas, hasta el punto de que puedan ser motivo de un hipotético enfrentamiento en las filas del PP, se forzaría a Barcala a tener que respaldarla en contra de su voluntad. O, por el contrario, a promover una supuesta desautorización pública. 

En todo caso, ese sería un movimiento que no parece contemplarse, pese a que sí se promovió su sustitución al frente de la Junta de Distrito número 2 que agrupa a los barrios de la Zona Norte, tras la tensión acumulada con los residentes del distrito en el último año. De hecho, al margen de defenderla tras la primera propuesta de reprobación, Barcala viene reeditando su confianza en ella en cada ocasión en la que se le cuestiona al respecto. No en vano, fue él mismo quien presentó su incorporación a la lista electoral como número 3 de su candidatura como uno de los fichajes de relumbrón, tras exaltar su condición de presidenta de la Concapa en la provincia de Alicante y vicepresidenta nacional de este colectivo.

Lo cierto es que, según fuentes consultadas en las filas del PP, se continúa considerando que Llopis es un activo para el equipo de gobierno pese a la dificultad que entraña el manejo de áreas complejas (además de Educación, Acción Social y Sanidad, fundamentalmente), al margen de que alguien haya podido pensar a título particular en algún momento puntual que alguna de sus decisiones pudiese haberse abordado de otra manera, sin llegar a manifestar discrepancias internas. Así, el propio bipartito también habría hecho gala de su reciente nombramiento como miembro del Consejo Escolar del Estado por parte del Ministerio de Educación, junto a otros tres representantes de la FEMP. Así que, a priori, no existiría ningún temor a un hipotético desgaste por los episodios atribuidos a Llopis que, de acuerdo con las palabras de Barcala tras su primer intento de reprobación, contaría con el aval de todo el equipo de gobierno. Es decir, que no actuaría como un verso libre, sino que sus acciones formarían parte de una estrategia conjunta en la que el bipartito se encuentra cómodo: la de la reivindicación y el frente ante la gestión del Botànic. Eso sí, está por ver si la ciudadanía considera acertada esa posición. Y, sobre todo, si esa estrategia resulta beneficiosa para Alicante.