El alcalde de Alicante, Luis Barcala, durante una de sus intervenciones en el debate sobre el estado de la ciudad de 2020. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La cercanía del pleno sobre el debate del estado de la ciudad de Alicante, el próximo martes, alentó este viernes a los grupos políticos que ejercen funciones de oposición en el Ayuntamiento a anticipar parte de las posiciones políticas que podrían hacer valer en en el desarrollo de esa sesión. Hubo al menos dos movimientos en esa dirección en las dos comisiones municipales de pleno que se habían convocado: la de Presidencia y la de Hacienda. En principio, en las dos se preveía adoptar decisiones sobre acuerdos que podrían considerarse hasta cierto punto anodinos, casi de trámite, en los que no se esperaba controversia. Pero, al final, el enfrentamiento también acabó haciendo acto de presencia.
En la primera de esas comisiones, la de Presidencia, el equipo de gobierno -el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs)- contó con los votos de PSOE, Unides Podem EU y Compromís para que el Ayuntamiento pueda adherirse a la Red de entidades locales para la implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en cumplimiento de la Agenda 2030. Sin embargo, el acuerdo no sumó el apoyo de Vox. Más bien todo lo contrario. Su portavoz, Mario Ortolá, votó en contra y expresó su queja de que el Ayuntamiento pueda verse vinculado con algún tipo de obligación económica a partir de esa adhesión, tras una intervención en la que volvió a recurrir al negacionismo de su formación sobre la existencia de una emergencia climática a la que responder.
Lo cierto es que no es la primera ocasión en la que Vox usa ese discurso para desmarcarse del resto de formaciones políticas. De hecho, ya ha advertido que se opondrá a la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que ha planteado el equipo de gobierno con restricciones a la circulación en el Centro para adaptarse a lo previsto en la Ley de Transición Ecológica para las ciudades de más de 50.000 habitantes. Se trata de un motivo de desencuentro en el que Vox no está dispuesto a secundar a PP y Cs, pese a que sí ha venido prestándoles un respaldo generalizado en la mayoría de las decisiones principales desde el inicio de mandato (salvo en la aprobación del catálogo de protecciones, por ejemplo). Así, todo parece indicar que esa será una de las líneas argumentales de la intervención de Ortolá en el debate sobre el estado de la ciudad, en un intento de buscar un espacio propio entre el electorado que pueda sentirse afectado por esas limitaciones a la movilidad.
En la segunda de las comisiones, la de Hacienda, fue el PSOE el que protagonizó el único rifirrafe político de la sesión por un asunto no incluido en el orden del día (solo se preveía el nombramiento de los suplentes en el Tribunal Económico municipal y el rechazo a una solicitud de bonificación fiscal en el IBI planteada por una empresa). ¿Qué fue lo que motivó la controversia? La pregunta formulada por el edil socialista Miguel Millana sobre las causas que habían impedido que se convocase una comisión específica para poder analizar la propuesta socialista de crear un fondo de participación empresarial de hasta 20 millones como medida de apoyo al tejido productivo de la ciudad. Se trata de una de las propuestas fundamentales formuladas por el PSOE en el pacto firmado con Cs durante la negociación de los presupuestos de 2021 que no ha llegado a tener desarrollo. La respuesta ofrecida por el secretario municipal fue que la solicitud de convocatoria de esa comisión específica no se había registrado con las firmas debidas. No obstante, los representantes del equipo de gobierno se mostraron abiertos a convocarla si se volvía a solicitar. Otra cosa es que se vaya a acceder a crear ese fondo.
Así, todo parece indicar también que el bloqueo a su creación será uno de los temas que el PSOE pueda utilizar como ariete frente al bipartito en su análisis sobre la situación de la ciudad. Máxime porque en las filas socialistas se considera que ese fondo continúa siendo necesario tras el análisis de los indicadores económicos que apuntan que la recuperación tras la covid no va a ser rápida.
El resto de los elementos a los que el conjunto de los grupos opositores pueden hacer mención a lo largo del debate, pueden ser más o menos coincidentes con los que se plantearon en la sesión de 2020. Entonces, PSOE, Unides Podem EU y Compromís ya recriminó al bipartito por dos cuestiones centrales: la falta de gestión para atender las necesidades generadas por la crisis sanitaria y la pérdida de crédito que le atribuyen por el incumplimiento de las promesas realizadas.
¿Qué se puede esperar por parte del equipo de gobierno? Todo lo contrario: un balance de gestión en el que se pueda poner en valor las medidas aplicadas a lo largo del último año. En ese paquete, se espera que se destaque el desarrollo de las obras de reurbanización de barrios ya ejecutadas o en ejecución (Rabasa, Explanada o Padre Esplá) y las que están en fase de licitación (plaza de San Blas, peatonalización del Centro) como elemento de dinamización de la economía, además de como prueba de la mejora de las infraestructuras de la ciudad.
En ese balance podría incluirse dos de los temas que se han venido planteando desde 2019: el proyecto del centro de congresos que se pretende situar entre los muelles 7 y 9 del Puerto de Alicante, del que todavía no se dispone más que un estudio previo y una manifestación de interés para optar a la concesión de suelo portuario, o el proceso que se pretende poner en marcha para la redacción del nuevo Plan General, una vez incorporada a la arquitecta que asumirá la dirección de la Oficina responsable de su impulso. Hasta ahora, según fuentes consultadas, no se espera que se produzca ningún otro anuncio extraordinario. Pero todo podría cambiar en los próximos dos días, si se tiene en cuenta los antecedentes registrados al dar a conocer iniciativas sorpresivas como la de optar a acoger la sede en España del Museo Hermitage.
Sea como fuere, la única certeza que se despejó finalmente este viernes tiene que ver con el aspecto formal del desarrollo del debate. Así, en junta de portavoces, se convino que la sesión se celebraría de manera semipresencial (con la mitad de concejales de cada grupo situados en el salón de pleno, y el resto siguiéndolo de forma telemática). Y, además, que cada portavoz dispondría de una primera intervención de 15 minutos y una segunda de 10. El alcalde, por su parte, no tiene limitación temporal para realizar sus intervenciones de apertura y de cierre de la sesión, como suele ser habitual. Entre tanto, el jueves se celebrará la sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de octubre sin que se haya alcanzado ningún acuerdo para reducir la duración de su desenlace después de que la sesión de septiembre se prolongase durante cerca de doce horas.
