reordenación pendiente de estudios sobre la audiencia

La nueva Ciudad de la Justicia de Alicante: cuenta atrás para la obra... y para la reforma de Benalúa 

24/11/2022 - 

ALICANTE. La Conselleria de Justicia apura los preparativos para dar inicio a la obra del nuevo edificio de la Ciudad de la Justicia 'Rafael Altamira' de Alicante: un complejo en el que se agrupará la mayor parte de los órganos judiciales de la ciudad, ahora distribuidos en las dependencias del Palacio de Justicia de Benalúa y otros locales arrendados situados en su entorno, que pasa por ser una de las principales inversiones de la Generalitat en la capital.

Su construcción en el solar del antiguo Cuartel de San Fernando correrá a cargo de una UTE formada por Ferrovial y Servicios Servitria, tras resultar seleccionada como empresa adjudicataria con una oferta de 60,1 millones (impuestos no incluidos). Y los trabajos podrían iniciarse entre la segunda mitad del mes de diciembre o el mes de enero de 2023, siempre que no se produzca ninguna impugnación respecto al proceso de licitación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) que pueda forzar un aplazamiento de la firma del contrato, según apuntó este miércoles la titular del departamento autonómico, Gabriela Bravo, a consulta de Alicante Plaza.

A partir de la fecha de su inicio, el conjunto de las obras debe estar ejecutado en un plazo máximo de tres años, de modo que su puesta en servicio está prevista entre finales de 2025 y principios de 2026. Por lo pronto, el proyecto de presupuestos de la Generalitat para 2023 ya incluye una primera consignación de 12 millones, que se prevé completar con otros 35 en las cuentas de 2024 y 38,9 más en 2025.

Las características de ese nuevo complejo ya son conocidas. Dispondrá de 48.000 metros cuadrados distribuidos en planta baja, semisótano, dos sótanos y siete plantas más ático con una instalación fotovoltaica que permitirá que buena parte de la energía que consuma sea de origen solar. Además de los paneles fotovoltaicos, el edificio contará con sistemas inteligentes para el control de su consumo energético y climatización y será completamente accesible para personas con diversidad funcional, como ya ha informado este diario.

En sus dependencias se unificará la mayor parte de los órganos judiciales del partido judicial de Alicante. En concreto, la jurisdicción Civil, la Penal y la Fiscalía. Y también albergará el Centro de Mediación, los Servicios de Orientación Jurídica, el Instituto de Medicina legal, las Unidades de Valoración Forense Integral, los gabinetes psicosociales y las cámaras Gesell. 

Proyecto de rehabilitación en 2023

No obstante, la ejecución del nuevo edificio no pondrá fin a la reordenación de dependencias judiciales programada por la Generalitat. Bravo avanzó que su departamento comenzará a trabajar desde principios de 2023 en la redacción del proyecto de rehabilitación de las actuales instalaciones del Palacio de Justicia de Benalúa, que seguirá vinculado a la administración de justicia. De hecho, continuará siendo el emplazamiento de la Oficina de Denuncias de Violencia de Género inaugurado este miércoles, al margen de poder compatibilizar otros usos de carácter institucional como ubicación de una biblioteca o del archivo judicial, por ejemplo. 


Además, está por ver si entre esos otros usos se incluye la posibilidad de que el inmueble acabe convirtiéndose también en la nueva sede de la Audiencia Provincial, que en la actualidad se sitúa en la Plaza del Ayuntamiento. La titular de Justicia señaló que ese hipotético traslado "queda pendiente de estudio" y solo se acometería a largo plazo, en función de las necesidades existentes y de las posibilidades que ofrezca el edificio de Benalúa en cuanto se materialice el traslado y redistribución de sus órganos judiciales en el nuevo complejo judicial, al otro extremo de la avenida de Aguilera.

En todo caso, la consellera recalcó que el proyecto de rehabilitación del Palacio de Justicia queda limitado a la conservación de su volumetría actual, sin posibilidad de que pueda acometerse una posible ampliación, al tratarse de un edificio protegido y en trámite de catalogación por su relevancia histórica y arquitectónica.

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