ALICANTE. El servicio de limpieza de colegios y dependencias municipales de Alicante supera los dos meses de prestación a través de una prórroga excepcional concedida por el procedimiento de emergencia tras la extinción del contrato adjudicado a UTE Limpal (la alianza empresarial compuesta por Clece y Fissa), el pasado 8 de febrero. Desde entonces, la misma UTE sigue asumiendo la tarea bajo las mismas condiciones y precios (al menos, así lo viene sosteniendo el equipo de Gobierno que componen PP y Cs), pese a las peticiones formuladas por la propia UTE sobre el incremento de costes que queda expuesta a asumir como consecuencia de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), en vigor desde principios de año, y de la aplicación del nuevo convenio laboral del sector. En ese momento, la UTE llegó a alertar de la posibilidad de iniciar futuras reclamaciones frente al Ayuntamiento por la existencia de un enriquecimiento injusto por parte de la administración.
En todo caso, las condiciones de normalidad en la prestación del servicio se habrían visto alteradas desde el pasado 16 de marzo, cuando se acordó la suspensión de las clases en todos los niveles educativos, sin que, a priori, resultase estrictamente necesario que se mantuviese la misma prestación diaria, aunque no ha trascendido que se haya acordado una probable relajación en la programación diaria para adaptar la limpieza de centros a esas nuevas circunstancias.
Al margen de ello, fuentes municipales confirmaron que hasta el momento sí se ha seguido aprobando el pago correspondiente a las certificaciones de los dos últimos meses, enero y febrero, después de que se aceptasen las alegaciones formuladas por UTE Limpal y si abonasen las facturas de noviembre y diciembre, que habían permanecido bloqueadas ante las dudas suscitadas sobre la eficacia en el cumplimiento del contrato.
Entre tanto, el bipartito continúa preparando la convocatoria de un nuevo concurso para regularizar la prestación. En principio, la propuesta elaborada por la Concejalía de Infraestructuras que permitirá lanzar esa licitación ya estaría en manos de la Concejalía de Contratación, que debe completar y supervisar la redacción del pliego de condiciones. Por el momento, no se ha concretado una posible fecha para su publicación, ya que esa tramitación también se habría visto afectada por la implantación del teletrabajo en todos los departamentos municipales en los que no resulte imprescindible una labor presencial.
Como viene informando este diario, en principio la intención del bipartito es conceder la prestación del servicio por un periodo de cuatro años, dos más de los previstos en el último contrato impulsado por el extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) durante el pasado mandato.