ALICANTE. La alianza empresarial formada por Clece y Fissa (UTE Limpal) que asume el servicio de limpieza de colegios y dependencias del Ayuntamiento de Alicante ya sin la cobertura de un contrato en vigor advirtió el pasado mes de diciembre sobre las consecuencias que podrían derivarse tras la extinción de su concesión, el pasado lunes, 8 de febrero. Lo hizo a través de un escrito, registrado el pasado 2 de diciembre, en el que informó de la necesidad de aplicar un incremento de precios en la prestación para poder cubrir costes salariales de su plantilla, en el supuesto de que continuase desempeñando su labor más allá del contrato vigente, como ha sucedido.
En concreto, los responsables de la UTE detallaban al servicio de Contratación municipal que, solo en materia de personal, se estimaba que a partir de 2020 se podría producir un aumento de costes del 2,24% como consecuencia de dos factores básicos. El primero, la caducidad del convenio colectivo provincial de limpieza de edificios y locales de la provincia de Alicante, que vencía a finales de 2019. Esa situación, según la UTE, hacía augurar un previsible aumento de las retribuciones que figurarían en el nuevo acuerdo.
Y el segundo factor que contribuiría a ese aumento de costes retributivos sería el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que ya se barajaba en diciembre (y que finalmente se ha producido). La UTE apuntaba al respecto que todo parecía indicar que "la retribución anual fija de cada categoría no quedará por debajo de los 14.000 euros anuales" con el "riesgo de tener que complementar hasta esa cantidad los salarios que estaban por debajo".
Además, UTE Limpal también apuntaba entonces que el incremento de costes derivaba igualmente del progresivo incremento del absentismo laboral de la plantilla, situado en torno al 12,31% (que, a priori, conlleva la contratación de horas extraordinarias). Y añadía que se habían prestado servicios adicionales a los reflejados en el contrato por lo que respecta a la limpieza de bajantes y canaletas y en el tratamiento de plagas que habrían supuesto "un sobrecoste medio de 58.412 euros anuales para el caso de los desatascos y de 27.500 euros anuales" en el caso de los tratamientos de desratización, desinsectación y desinfección.
UTE Limpal advirtió en diciembre que, en el caso de mantener el servicio tras la extinción del contrato, aplicaría un aumento de precios del 8%
Por todo ello, la todavía empresa concesionaria en ese momento alertaba de que esa situación anómala de continuidad en el servicio con un contrato ya vencido iba a generar "una clara situación de enriquecimiento injusto en favor de la Administración", en la medida en que todas esos parámetros no estaban contemplados en el contrato ahora recién extinguido y no iban a estar regulados tras su caducidad.
Así, la UTE apuntaba que, en caso de continuar asumiendo la labor de limpieza, aplicaría un incremento en los precios de un 8,02% para evitar ese enriquecimiento injusto. "La UTE aplicará a los servicios prestados, a partir de la fecha de finalización de la prestación del servicio [...], los importes que corresponderían para evitar la existencia del citado enriquecimiento injusto en favor de la Administración, que se han calculado según lo expuesto incrementando los precios en vigor actualmente con la aplicación de un porcentaje del 8,02%", concluye el escrito.
Lo cierto es que, hasta ahora, el equipo de Gobierno compuesto por PP y Cs ha sostenido que UTE Limpal había accedido a seguir operando el servicio de manera provisional, hasta que se pueda licitar el nuevo contrato, con las mismas condiciones económicas establecidas en sus dos años de contrato. Así lo ratificó, además, el jefe de Servicio de Infraestructuras, Javier Maestre, durante su comparecencia en la comisión específica de fiscalización sobre el cumplimiento del contrato de UTE Limpal, el pasado viernes.
De ahí que, a la vista de ese escrito de comunicación dirigido por la UTE al Ayuntamiento, el portavoz municipal de Compromís, Natxo Bellido, cuestionase este miércoles sobre las condiciones del acuerdo que se habría alcanzado con Clece y Fissa para que continuase prestando el servicio. "Si la empresa estaba advirtiendo de un posible enriquecimiento injusto de la Administración, ¿qué le han dado para que continúe, si se ha dicho que las condiciones económicas eran las mismas?", apuntó, en declaraciones a Alicante Plaza.
