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comisión de fiscalización sobre la prestación del servicio

La limpieza de colegios de Alicante: el bipartito se aferra al aval de los técnicos y no prevé sanciones

16/07/2020 - 

ALICANTE. La última sesión de la comisión de fiscalización sobre el cumplimiento de la contrata de limpieza de colegios y dependencias municipales de Alicante, en manos de UTE Limpal (Clece y Fissa), se saldó este miércoles con la confirmación de la evidencia que ya se había puesto de manifiesto desde el inicio de la fiscalización: en la labor de control de ese servicio han existido actas de comprobación e informes de contenido contradictorio a lo largo de los dos años de duración del contrato, lo que impide discernir a ciencia cierta cuál ha sido en realidad su grado de cumplimiento.

Sin embargo, lo cierto es que, en último término, la prestación se ha aceptado y certificado, lo que ha permitido que se pagase las cantidades correspondientes mes a mes hasta la extinción de su duración, en febrero de 2020. En realidad, esa situación se prolonga hasta la actualidad, después del acuerdo alcanzado por el equipo de Gobierno (PP y Cs) con UTE Limpal para que siguiese asumiendo el servicio como prestación de emergencia, hasta que se produzca una nueva adjudicación (el nuevo pliego estaría ahora a la espera del visto bueno del departamento de Intervención).

A esa conclusión, recogida en el último informe emitido por el Jefe de Servicio de Infraestructuras, Javier Maestrees a la que se aferra el bipartito para mantener que no se han constatado de manera fehaciente posibles incumplimientos susceptibles de motivar una penalización económica sobre la concesionaria. Cuando menos, así lo subrayó el edil de Infraestructuras y presidente de la comisión, José Ramón González (PP), al incidir, además, en que en dicho dictamen se deja constancia de que ninguno de los tres funcionarios que han supervisado el cumplimiento del contrato desde el inicio de su prestación, en febrero de 2018, llegó a completar una propuesta formal para que la Junta de Gobierno pudiese acordar una posible sanción, justificada en la existencia de carencias o defectos.

¿El resultado? Al término de la sesión, cada grupo político avanzó su propio balance sobre cuál habría sido, a su juicio, el grado de ejecución del contrato con un relato diametralmente opuesto entre los partidos con responsabilidades de gobierno y los de la oposición. PSPV-PSOE, Unides Podem, Compromís y en parte también Vox coincidieron en que la comisión se iba a cerrar en falso sin que se hubiese podido conocer en profundidad si el pliego llegó a cumplirse o no. Entre otros puntos, por la falta de medios para evaluar esa prestación, en alusión a la inexistencia del sistema de control de horarios de los trabajadores previsto en el propio pliego que UTE Limpal debió haber instalado. Es más, fundamentalmente las tres formaciones del eje progresista reprocharon a PP y Cs que prefiriesen parte del contenido de algunos de los informes técnicos frente a otros elementos probatorios de la supuesta existencia de incumplimientos, como las quejas expresadas por los trabajadores de UTE Limpal, por la inspectora a cargo del control de la limpieza en los centros escolares y por sus propios directores. Además, recordaron que el primer responsable del contrato, que pretendía elevar una propuesta de penalización a la Junta de Gobierno, fue apartado de sus funciones justo cuando estaba completando la elaboración de ese expediente. Tampoco dejaron de recordar el retraso con el que se había puesto en marcha la fiscalización, el pasado mes de enero, cuando solo faltaba un mes para que se produjese el vencimiento del contrato, pese a que la propuesta de su constitución se había aprobado en octubre. A juicio de las tres fuerzas de la izquierda, ese retraso sería un ejemplo paradigmático de los intentos del bipartito de bloquear un análisis efectivo sobre el servicio.

Los representantes del bipartito, González y el edil de Cultura, Antonio Manres (Cs), por su parte, insistieron en atenerse a las conclusiones de los informes técnicos tras persistir en que son los que tienen valor probatorio frente a cualquier opinión y atribuyeron las dificultades detectadas en la prestación del servicio a su propio origen: el pliego de condiciones elaborado durante la etapa de gobierno del extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís). En esta línea, instaron a los grupos de la oposición a acudir al juzgado en el supuesto de que considerasen que había existido alguna anomalía en la ejecución del contrato pese a que no constase acreditada en los informes técnicos definitivos. 

Así que, los seis grupos políticos se emplazaron a una próxima y última sesión de la comisión, el 31 de julio en la que se expondrán las conclusiones de cada formación con la intención de llegar a un dictamen -que difícilmente podrá ser de consenso- del que, después, se dará traslado al pleno. De este modo, se concretó que el plazo para presentar las propuestas de conclusiones particulares se cerrará el día 27. Todo, eso sí, después de una larga comparecencia de González ante los miembros de la comisión. 

Por partes. González fue el único concejal que llegó a ofrecer explicaciones ante la comisión entre los tres que habían sido citados por haber ejercido las competencias de Infraestructuras. La exedil socialista Gloria Vara, que asumió esa delegación hasta abril de 2018, durante los dos primeros meses de vigencia del contrato, rechazó prestar testimonio tras remitir un correo electrónico en el que aseguraba que "dado el escasísimo tiempo en el que coincidió la vigencia del contrato con mi estancia en la Concejalía de Infraestructuras, no puedo aportar nada de relieve a la comisión ni tuvo conocimiento a través del responsable del contrato, en ese espacio de tiempo, de anomalía de ningún tipo en su ejecución". Por su parte, su sucesor en ese departamento, el exconcejal popular Israel Cortés, que dirigió la concejalía desde abril de 2018 hasta junio de 2019, no llegó a ofrecer respuesta alguna después de haber recibido en mano la notificación con la petición de comparecencia.

González, que asumió las competencias de Infraestructuras en junio de 2019, sí compareció, pese a que había anunciado que no lo haría si no le precedían sus dos antecesores. Y lo hizo para detallar cuál había sido su labor política en relación al contrato. Básicamente, mantener reuniones con el comité de empresa, con los inspectores y con los dos primeros funcionarios que ejercieron como responsables del contrato, Jesús Rubio (entre febrero de 2018 y abril de 2019) y Teresa Moreno (desde abril de 2019 hasta noviembre de ese año) para tratar de dilucidar qué era lo que estaba pasando y apremiar a que se solucionase cualquier tipo de contratiempo. "Sin injerencias en la labor de los técnicos", según dijo.

El resultado de esas reuniones de trabajo, que se producían cada cuatro o cinco días, según enfatizó, fueron los informes que le reportaba Moreno, al frente de la supervisión del servicio cuando él asumió las riendas de la Concejalía de Infraestructuras, en junio de 2019. En resumen, según explicó González, en esos informes se concretaba que todas las apreciaciones sobre deficiencias advertidas en las actas de comprobación por parte de los inspectores iban siendo subsanadas por la concesionaria en el momento en el que le requería para que lo hiciese. Es más, señaló que se había descartado la carencia de material de limpieza y que se giró una visita no programada a las instalaciones de la concesionaria en la que se comprobó que sí se contaba con la maquinaria prevista. 

Esa situación se prolongó hasta que Moreno le informó que se sentía acosada por una de las inspectoras del servicio que había venido informando de las deficiencias en la prestación del servicio en los colegios, Amparo Candela. El regidor recordó que esa situación llevó a Moreno a acogerse a una baja por prescripción médica, por lo que fue sustituida de manera provisional por Alejandro Ybarra. En su relato, González llegó hasta el acuerdo de traslado de dicha inspectora a la Concejalía de Fiestas, ante las solicitudes reiteradas que se habían remitido por parte del jefe del Servicio de Infraestructuras sobre quejas por su comportamiento y actitud con otros compañeros. 

Sin embargo, no pudo ofrecer una respuesta clara a las preguntas que le formularon los representantes de los grupos de la oposición. Entre ellas, la más básica fue la que le planteó el portavoz de Vox, Mario Ortolá: ¿por qué no se aplicó ninguna sanción ante la evidencia de que la empresa no había llegado a instalar el sistema de fichaje con huella digital previsto para efectuar un control horario de los trabajadores del servicio? González se limitó a apuntar que él se tenía que fiar de los informes de los funcionarios, “que son los que trabajan en defensa de la administración, y no al servicio de ningún partido". Además, insistió en que en las sesiones previas de la comisión ya se había respondido a esa cuestión, en referencia a la necesidad de un sistema de conexión telefónica previa que no llegó a ser instalado por el propio ayuntamiento y a las dudas legales que entrañaba la posibilidad de que el ayuntamiento pudiese controlar el horario de los trabajadores de una empresa externa. Además, el jefe de Infraestructuras también señaló en su comparecencia que la obligación del ayuntamiento era controlar que los centros estaban razonablemente limpios, no evaluar si la plantilla de la concesionaria cumplía su jornada.

González tampaclaró, a preguntas del portavoz de Compromís, Natxo Bellido, por qué el jefe del Servicio de Infraestructuras había emitido su informe para determinar sobre la existencia de posibles incumplimientos con fecha de 6 de julio, "cuando ya no se puede aplicar penalizaciones porque el contrato ya está vencido y el plazo de garantía también", pese a que la comisión había solicitado ese dicten marzo. González señaló, al respecto, que ese retraso en la elaboración pudo deberse a las dificultades impuestas por el teletrabajo durante el confinamiento decretado por la declaración del estado de alarma, aunque dijo que le trasladaría la pregunta al propio autor del informe.

Bellido también cuestionó sobre la posibilidad de que se hubiese convenido no aplicar sanciones por el incumplimiento del control horario ante el hecho de que la propia UTE Limpal había asumido seguir manteniendo la prestación del servicio pese a haber desistido de su posibilidad de solicitar una prórroga adicional. González negó en rotundo esa posibilidad tras apelar a la ética.

El líder de Compromís también preguntó por qué no se había aplicado una reestructuración del personal adscrito al contrato si se había constatado que existía un mal ambiente de trabajo que dificultaba su control. Y González respondió que no es una cuestión sencilla, puesto que los ejemplos de reestructuración que se intentaron en el pasado en otras concejalías (citó el caso de Urbanismo, durante la etapa del extinto tripartito), en su opinión, acabó produciendo un resultado peor. Así, incidió en que su labor como político era confiar en el trabajo de los técnicos.

Igualmente, tampoco pudo ofrecer una respuesta definitiva respecto a la pregunta formulada por la edil de Unides Podem, Vanessa Romero, en torno a qué plan específico se pensaba aplicar con el inicio del próximo curso escolar para responder frente a las necesidades de desinfección para evitar contagios de la covid-19. González apuntó que se había pedido a UTE Limpal que presentase un protocolo específico que todavía no se le había detallado. Eso sí, rechazó las dudas expuestas por Romero respecto a la posibilidad de que los responsables del contrato pudiesen haber firmado las certificaciones del servicio para permitir que los trabajadores de UTE Limpal pudiesen cobrar, pese a que esos técnicos pudiesen mantener que se estaban produciendo incumplimientos. Al respecto, González señaló que él se tenía que atener a los informes técnicos. "Podemos tener una duda personal pero en términos jurídicos, vale lo que se puede demostrar; lo que vale es lo que dicen los técnicos", incidió. 

Y, por último, tampoco ofreció una contestación concluyente sobre la cuestión que le trasladó la representante del PSPV-PSOE, Llanos Cano, sobre cómo se pudo llevar a cabo un seguimiento del control horario para calcular la bolsa de horas a la que se debía recurrir para compensar por servicios no prestados. González señaló al respecto que él se atenía a lo que recogían los informes técnicos y añadió que "algo tendría que decir el PSOE respecto al pliego que se redactó, que se anuló cuando ya estaba en licitación justo un día antes de que acabase el plazo para presentar ofertas con la excusa de que se iba a negociar mejoras para los trabajadores, con la presencia de asesores como el señor Díez, que no sé muy bien que hacía en una negociación sobre un pliego, y que luego provocó que se mantuviese el servicio sin contrato pagándole 13 millones a las empresas del señor Ortiz", incidió.

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