Los representantes de los grupos políticos municipales, en una de las sesiones de la comisión. ALICANTE. El bipartito de Alicante, compuesto por PP y Cs, reactiva la comisión municipal sobre el cumplimiento del contrato de limpieza de colegios, suspendida desde el pasado mes de marzo tras la declaración del estado de alarma. Sus representantes volverán a reunirse el próximo miércoles, día 15, en una sesión en la que está prevista la comparecencia de los tres últimos concejales que han asumido las competencias sobre el área de Infraestructuras -y, por tanto, la responsabilidad política sobre la prestación del servicio- desde 2018, cuando se produjo su adjudicación a UTE Limpal (compuesta por Clece y Fissa).
Se trata de la exedil socialista Gloria Vara, del exconcejal del PP, Israel Cortés, y del regidor que asume la delegación en la actualidad, el también popular José Ramón González. Los tres están convocados a partir del acuerdo alcanzado en la última sesión de la comisión desarrollada hasta ahora. Los representantes de PSPV-PSOE, Unides Podem y Compromís consideraron necesario escuchar las explicaciones de Cortés y de González para conocer cuál su fue su papel en la supervisión del servicio, mientras que los ediles de PP, Cs y Vox hicieron extensiva la petición a Vara, al tratarse de la responsable de la concejalía en el momento en el que se produjo la licitación del contrato.
A priori, sus aclaraciones podrían ofrecer un relato completo sobre el desarrollo del servicio desde su adjudicación hasta la extinción del contrato, el pasado 8 de febrero, para llegar al presente, cuando la misma UTE continúa asumiéndolo sin la cobertura de un contrato en vigor, como prestación de emergencia. Sin embargo, hasta el momento la asistencia de los tres convocados sigue en el aire. Alicante Plaza trató de contactar sin éxito con Vara y Cortés este jueves para tratar de confirmar si comparecerían. Sea como fuere, lo que sí se da por descartado es que González -que ejerce como presidente de la comisión- responda a las preguntas que se le pudiesen formular si no se produce la comparecencia previa de sus dos antecesores. Cuando menos, así lo advirtió él mismo en el desarrollo de la última sesión.
En ese escenario, todo parece indicar que la sesión de la comisión podría limitarse a tratar de organizar su cierre, con la emisión de un dictamen de conclusiones, salvo que se solicite alguna nueva comparecencia adicional. Hasta el momento, ya han acudido a ofrecer explicaciones el primer técnico que ejerció como responsable del contrato, el jefe del Servicio de Infraestructuras, la inspectora que levantó actas desfavorables sobre la prestación, el inspector que le sucedió en esa función, y el actual técnico a cargo de la supervisión del servicio. En suma, en esos testimonios se facilitaron versiones contradictorias respecto a la existencia de posibles incumplimientos y los pasos dados para poder penalizarlos, de modo que se antoja complicado que los seis grupos políticos que conforman la comisión puedan alcanzar acuerdos de consenso.
A la sesión se llega, además, después de se haya conocido el informe del servicio de Contratación (solicitado por la propia comisión) en el que se da por descartada la posibilidad de sancionar a UTE Limpal, en el caso de que se concluyese que no prestó el servicio en función de lo previsto por contrato. Según ese dictamen, no podría detraerse ninguna cantidad pendiente de pago sobre un contrato ya vencido en el que, además, también se hubiese cumplido el plazo de garantía.
