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análisis ap - fiscalización de la contrata, en manos de clece y fissa

La limpieza de colegios de Alicante: sin sanciones, sin dinero, con ceses.. y los centros sin barrer

1/02/2020 - 

ALICANTE. La segunda sesión (sin contar con la de constitución) de la comisión para fiscalizar el cumplimiento de la contrata de limpieza de colegios y dependencias municipales de Alicante, celebrada este viernes, permitió concluir que el servicio no se prestó en las condiciones debidas y comprometidas por contrato al menos en el primer año en el que quedó a cargo de UTE Limpal: la alianza de empresas compuesta por Clece (filial de ACS) y Fissa. En otras palabras, que no se limpió como se requería por lo que respecta a los 62 centros escolares de la ciudad, como informó Alicante Plaza a la vista de la relación de informes emitidos por los técnicos en ese periodo.   

Todos los grupos políticos con representación municipal que participan en la comisión (PP, PSPV-PSOE, Cs, Unides Podem EU, Compromís y Vox) coincidieron en señalar que, entre febrero de 2018 y abril de 2019, se produjo una correlación de incumplimientos básicos, después de escuchar las explicaciones ofrecidas por Jesús Rubio: el funcionario que ejerció como responsable del contrato en ese periodo.

 ¿Cuál fue la causa por la que se produjeron esos incumplimientos? En esencia, la concurrencia de cuatro factores fundamentales, que se extraen a partir del relato ofrecido por el técnico, así como de la concatenación de informes de evaluación y de las quejas procedentes de la comunidad escolar (conserjes, AMPAS y directores de centros). 

El primero, el bajo importe por el que se licitó la contrata como consecuencia de una falta de valoración de costes real. El concurso se convocó por 15,2 millones por dos años de prestación (más dos posibles prórrogas de un año cada una). De acuerdo con las explicaciones de Rubio, se trataba de un importe demasiado reducido en la medida en que en el pliego de condiciones se había introducido una serie de nuevos requisitos no previstos en el último contrato precedente (a cargo de Ortiz e Hijos que, de hecho, renunció a seguir asumiéndolo en precario, una vez vencida su concesión). 

A eso se añadió, además, que UTE Limpal logró la adjudicación en septiembre de 2017 (aunque no lo asumió de manera efectiva hasta febrero de 2018 por un recurso presentado por FCC) tras ofrecer un precio todavía más bajo: 14,7 millones. Esa situación podría haber generado un desajuste en términos económicos: por pura lógica, difícilmente podía prestarse más servicio con menos dinero. De hecho, Rubio dijo que, cuando se convocó el concurso, pensaba que iba a quedar desierto y que se sorprendió de que se hubiesen presentado ocho ofertas.

El segundo factor determinante fue la redacción de un pliego de condiciones erróneo. La licitación se produjo, primero, a finales de 2016, y después, en la primavera de 2017, bajo la etapa de gobierno del extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís). Como detalló el propio Rubio, la intervención de varios técnicos de varios departamentos (Contratación, Infraestructuras, Intervención, agentes sociales y hasta el consejo escolar) pudo impedir que se le diese la visión de conjunto necesaria para que se contemplasen aspectos cruciales. Entre ellos, según sostuvo, que se habilitasen mecanismos para poder aplicar sanciones, o descontar pagos a través de las certificaciones mensuales, de manera ágil.

En esta línea, apuntó que él, como responsable del contrato, no tenía potestad para aplicar sanciones y quedaba limitado a elevar una propuesta a la jefatura del Servicio de Infraestructuras (un cargo técnico, desempeñado por el funcionario Javier Maestre) y, a su vez, al órgano de contratación: en este caso, la Junta de Gobierno (compuesta por concejales).

Además, añadió que el pliego no incorpora una herramienta que permita sistematizar una valoración de incumplimientos sobre la prestación del servicio para poder aplicar sanciones, más allá de una fórmula sobre las horas de trabajo prestadas, aunque sí se da cabida a la imposición de esas penalizaciones por incumplimientos leves, graves o muy graves.

De ahí derivaría el tercer factor que propició la existencia de los incumplimientos: los impedimentos impuestos por la propia UTE adjudicataria para procurar un control efectivo sobre su labor. El responsable del contrato confirmó que en el año que él estuvo al frente de su supervisión no se había instalado el sistema de control de asistencia de los trabajadores, de modo que resultaba prácticamente imposible confirmar si los operarios estaban desarrollando su labor en los lugares programados.

Según sus explicaciones, sí se contaba con un cuadrante de horas y lugares, con adscripción de trabajadores, pero esos cuadrantes se cambiaban semanalmente, a veces sobre la marcha, sin que la única inspectora municipal encargada de supervisar los colegios (otros tres se dedicaban al resto de instalaciones municipales, como el ayuntamiento, las bibliotecas o las pistas deportivas) pudiese abarcar todo ese control.

Pese a todo, explicó que sí pudo efectuar un cálculo sobre las horas no trabajadas, a partir del servicio no prestado durante los meses del verano de 2018: alrededor de 65.000 horas que debían pasar a una bolsa a libre disposición del Ayuntamiento, como se cuantificó en un informe fechado en marzo de 2019. De hecho, Rubio aseguró que él se negó a firmar las certificaciones de pago de julio, agosto y septiembre de ese año hasta que, en octubre, después de que diese traslado de la situación de falta de servicio, el concejal de Infraestructuras, Israel Cortés (PP), acordase la apertura de un expediente de averiguación de hechos al respecto. Con todo, lo cierto es que las conclusiones de ese expediente nunca se han dado a conocer.


En ese momento, firmó las certificaciones de pago con el propósito de que el servicio no se dejase de prestar, de modo que los trabajadores también continuasen cobrando (la plantilla está formada por 450 operarios), con la perspectiva -según dijo- de que se pudiesen detraer cantidades o hacer uso de esas horas en el futuro.  

Y el cuarto factor fundamental, directamente relacionado con los anteriores: cuando, finalmente, trasladó a la Jefatura de Infraestructuras y a la Junta de Gobierno su solicitud para que se acordase una posible penalización, a la vista de que los incumplimientos en el servicio se acumulaban y se reiteraban, se acordó su cese como responsable del contrato, en marzo de 2019. Según Rubio, no recibió ninguna explicación sobre los motivos por los que se acordaba su destitución en esas funciones (tampoco se los facilitaron en enero de 2018, cuando la edil socialista Gloria Vara le comunicó su cese verbal, que al final no llegó a producirse tras la llegada del PP a la Alcaldía). En esa segunda ocasión, cuando su cese sí se hizo efectivo, su función como responsable del contrato recayó en Teresa Moreno. Y a partir de ahí tampoco se acordaron posibles penalizaciones.

En todo caso, según subrayó Rubio, todavía existiría la posibilidad de acordarlas, bien en las últimas certificaciones de pago pendientes (la contrata vence el próximo 8 de febrero), o bien a través de la fianza depositada en el momento de la adjudicación.

Respecto a los servicios no prestados, Rubio enumeró las carencias ya denunciadas tanto por las AMPAs, por los directores de centros y hasta por los propios trabajadores: falta de suministro de materiales; carencias de maquinaria; horas de trabajo no prestadas; bajas de personal no cubiertas debidamente; falta de limpieza de cristales, de bajantes y de canaletas; falta de limpieza en patios y areneros; y falta de limpieza de baños al no disponer de los operarios necesarios para atender esa labor. Con todo, el servicio se siguió prestando y certificando para no paralizar la prestación puesto que los colegios no se podían dejar de limpiar.

Las próximas sesiones

Las explicaciones de Rubio llevaron a los seis grupos políticos representados en la comisión a reafirmar las peticiones de información y de próximas comparecencias sobre las que ya se había debatido con carácter previo, tanto este viernes como en las sesiones anteriores. Así, los representantes de PSPV-PSOE, Unides Podem y Compromís (los ediles Llanos Cano; Raúl Ruiz; Vanessa Romero y Natxo Bellido) reclamaron la entrega de toda la documentación sobre el control de la contrata que debería figurar en el expediente y que no se les había facilitado todavía. 

Además, incidieron en la necesidad de que se llamase a comparecer al exedil de Infraestructuras, Israel Cortés, al ser el responsable político que ejercía funciones desde que UTE Limpal asumió la prestación del servicio. En esta línea, también reclamaron la comparecencia del jefe de Servicio de Infraestructuras, Javier Maestre, y del actual responsable provisional del servicio, Alejandro Ybarra, puesto que la titular de la responsabilidad (Teresa Moreno) se encuentra de baja.

Entre otros puntos, Cano reprochó lo que consideró "intentos de torpedear la labor de investigación de la comisión" al no haberse facilitado la documentación ya reclamada por el PSPV-PSOE en varias ocasiones. Romero incidió en que, en la anterior sesión de la comisión, ya se había acordado que se citase a Israel Cortés. Y Bellido confió en que sí pueda comparecer próximamente el jefe de Servicio de Infraestructuras, Javier Maestre. Además, adivirtió del inminente vencimiento del contrato actual, sin que se haya convocado un nuevo concurso, por lo que criticó la "falta de planificación y la improvisación del equipo de Gobierno", compuesto por PP y Cs.     

Por su parte, los representantes de PP, Cs y Vox (José Ramón González, Manuel Villar, Antonio Manresa y Mario Ortolá) consideraron oportuno que también se solicitase la comparecencia de los ediles de Infraestructuras y Contratación, los socialistas Gloria Vara y Fernando Marcos, en el momento en el que se concretó la adjudicación a la UTE para que pudiesen ofrecer explicaciones sobre la confección del pliego.

En concreto, el edil de Infraestructuras y presidente de la comisión, González consideró que, en la sesión de este viernes, se había puesto de manifiesto que "las imperfecciones en el pliego de la contrata" habría sido "el origen de los problemas". Así, estimó conveniente que se citase a la exedil Vara para que "explique su participación en la elaboración del pliego junto con los técnicos, y si tomó alguna medida para subsanar las deficiencias".              

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