ALICANTE. Dos informes municipales fechados a finales de marzo de 2019 y conocidos ahora vuelven a poner de manifiesto los supuestos incumplimientos en el servicio de limpieza de colegios y edificios públicos del Ayuntamiento de Alicante denunciados por los grupos de la oposición y por representantes sindicales de los trabajadores de la concesionaria, además de por ciudadanos que han llegado a presentar denuncias en Fiscalía a título particular. Esos dos informes se corresponden con sendos escritos elaborados por los técnicos a cargo de la supervisión del contrato en los que se pone de manifiesto que UTE Limpal, la concesionaria de la prestación que conforman Clece (una filial de ACS) y Fissa, eludió las obligaciones previstas en el pliego de condiciones técnicas al menos en dos periodos concretos.
El primero de los dictámenes, de 22 de marzo de 2019, concluye que la UTE no prestó el servicio ordinario programado en la totalidad de los 62 centros docentes de la ciudad entre los meses de septiembre de 2018 y febrero de 2019. Es más, en el dictamen se detalla que algunas de las labores comprometidas por contrato, como la limpieza de cristales, no se ejecutó prácticamente ni en la mitad de los colegios. En octubre, esa tarea se ejecutó solo en 18 centros y, en el periodo de medio año analizado, sólo se superó la cifra de la treintena de centros (37) en el mes de enero.
De acuerdo con ese informe, que trasciende tras la constitución de una comisión específica para analizar la prestación del contrato (aprobada a iniciativa del grupo municipal socialista), tampoco fue mucho mejor el grado de cumplimiento por lo que respecta al baldeo de patios. En diciembre, esa tarea se prestó solo en 27 centros, mientras que el nivel máximo se alcanzó en noviembre, cuando sí de baldeó en 47 de los 62 colegios.
El contrato con UTE Limpal vence en marzo de 2020, aunque se contemplan dos posibles prórrogas de un año cada una
La conclusión del estudio es tajante: "A la vista de los datos arriba indicados se ve claramente que, para cada uno de estos meses, el contratista solamente presta servicio ordinario obligatorio en un porcentaje de los centros escolares contratados, dejando al resto sin atender y por tanto incumpliendo el PPT (pliego de prescripciones técnicas) en este apartado".
El segundo informe, también fechado el 22 de marzo, se refiere a los periodos de vacaciones de verano y Navidad de 2018. En ese análisis, se cuantifica que "las horas de limpieza no prestadas" ascenderían a 65.125. Eso sí, se sostiene que ese trabajo no realizado se añade a una bolsa de horas "que se utilizarán posteriormente en función de las necesidades municipales", como prevé la segunda prescripción del pliego del contrato.
Los dos estudios, que se remitieron a los representantes de la UTE para que formulasen alegaciones, se emitieron ya durante la etapa de gobierno del PP en solitario. Y desde entonces, ni con el PP, ni con el actual bipartito (PP y Cs) se ha informado sobre el grado de uso de esa bolsa de horas, ni sobre la posible aplicación de sanciones por la existencia de esos presuntos incumplimientos. Todo pese a que la Concejalía de Infraestructuras sí anunció en noviembre de 2018 la apertura de un expediente de averiguación de hechos para evaluar el cumplimiento del contrato.
Por lo pronto, fuentes municipales consultadas por este diario solo apuntaron que existirían informes contradictorios sobre el nivel de cumplimiento del contrato por parte de UTE Limpal, lo que complicaría la posibilidad de alcanzar conclusiones definitivas y, en su caso, aplicar posibles sanciones.
Todo parece indicar que la labor de desentrañar esas contradicciones quedará en manos de la comisión municipal específica para el análisis de la prestación del contrato, que el pleno aprobó constituir en septiembre a instancias del grupo municipal socialista. Dicha comisión todavía no ha celebrado ninguna reunión tres meses después pese a que los grupos políticos municipales ya han designado a sus representantes.
UTE Limpal ganó el concurso para prestar el servicio de limpieza de colegios en julio de 2017, aunque no lo asumió de manera efectiva hasta febrero de 2018 tras la interposición de un recurso por parte de una de las empresas competidoras (FCC). El contrato se adjudicó por 14,7 millones anuales por dos años de prestación que vencen en marzo de 2020. El concurso preveía dos posibles prórrogas de un año cada una. Hasta ahora no ha trascendido que se esté elaborando un nuevo pliego para volver a licitar el servicio.
