Una protesta sindical frente al despido de uno de los trabajadores de la UTE.ALICANTE. La polémica sigue anclada a otra de las grandes contratas del Ayuntamiento de Alicante: la de la limpieza de colegios públicos y edificios municipales, en manos de una UTE constituida por Clece y Fissa. El grupo municipal socialista, que ya ha planteado varias preguntas e iniciativas en el pleno en relación a la prestación del servicio, persiste en su labor de control y ya prepara una iniciativa para poder fiscalizar las condiciones en las que se cumple el contrato y se certifican sus pagos en una próxima convocatoria de la comisión de vigilancia de la contratación.
Así, el PSOE pretende recabar las firmas de al menos parte del resto de grupos de la oposición (Guanyar, Ciudadanos y Compromís) para que el PP quede forzado necesariamente a reunir esa comisión, en la que ya se han revisado otras contrataciones en el foco de la controversia.
La iniciativa sobre la contrata surge a la vista de la denuncia presentada por un particular en sede judicial sobre el supuesto fraude en la organización y ejecución del servicio. En esa denuncia se detalla que la actual concesionaria no estaría cumpliendo las obligaciones comprometidas por contrato por lo que respecta a las horas de servicio, a la maquinaria prevista en su propia oferta y al material requerido para que se pueda efectuar una limpieza efectiva.
Todo, al margen de las supuestas anomalías en la contratación de personal que ya han puesto sobre la mesa en varias ocasiones tanto algunos de los empleados como los sindicatos que conforman el comité de empresa.
Esa denuncia particular, que se presentó inicialmente ante el propio Ayuntamiento sin que su denunciante haya obtenido respuesta hasta ahora, se registró, en Fiscalía el pasado noviembre. Sin embargo, quedó archivada: el Ministerio Público estimó que de su contenido no podía deducirse ningún indicio de delito, aunque dejaba abierta la posibilidad de que se pudiese dar traslado de los hechos relatados a la Inspección de Trabajo.
El equipo de Gobierno del PP, por su parte, sostiene que todavía no se conocen las conclusiones del informe técnico encargado para evaluar la prestación del servicio y las supuestas anomalías informadas por el comité de empresa. Así lo reiteró, el edil de Infraestructuras, Israel Cortés, en el pleno ordinario de marzo.
Lo cierto es que la contrata se ha visto envuelta en la polémica desde el momento en el que el extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) abordasen su nueva licitación, a finales de 2016. En ese momento ya hubo un conato de huelga por parte de los trabajadores, que reclamaron que se procurasen medidas para que el nuevo concesionario asumiese la continuidad de la plantilla, formada por cerca de 450 operarios. Entonces, los tres socios de gobierno acordaron paralizar el concurso en marcha para introducir una bonificación extra a los licitadores que se comprometiesen a mantener a los empleados.
Poco después, en febrero de 2017, se produjo la renuncia de la empresa que seguía asumiendo la concesión incluso después de que el contrato estuviese vencido, Ortiz e Hijos. Así, tras una adjudicación temporal por el procedimiento de emergencia, el servicio acabó en manos de Clece y Fissa (UTE Limpal), pese a que, precisamente, fue el único licitador que no se había acogido a la cláusula sobre esa bonificación, que otorgaba una puntuación adicional. El servicio se adjudicó por 14,2 millones anuales durante dos años con una posible prórroga de otros dos.
