Las instalaciones del colegio Público Manjón Cervantes.ALICANTE. El imperio empresarial presidido por Florentino Pérez cuenta ya las horas para tomar las riendas del servicio de limpieza de colegios y dependencias del Ayuntamiento de Alicante: una de las contratas que supone un mayor desembolso económico para las arcas municipales, tras la de la limpieza viaria (FCC, Ferrovial y Cívica) y el servicio de transporte (Vectalia). La mesa de Contratación aprobó este miércoles el acuerdo de adjudicación a la UTE liderada por una filial de ACS, Clece, que concurrió al concurso frente a otras seis empresas tras constituir una alianza con Fissa.
Como publicó este diario, la de Clece-Fissa fue la propuesta mejor clasificada tras obtener la mayor puntuación en el apartado de criterios que dependían de un juicio de valor (fundamentalmente, cuestiones de carácter organizativo) y la segunda más alta por lo que respecta al precio más ventajoso para el interés público (la de menor importe). En el primer apartado, Clece-Fissa obtuvo 31 puntos. En el segundo, 50,88, con una oferta de 14,25 millones al año (sin IVA). Salvo imprevisto de última hora, la Junta de Gobierno ratificará la adjudicación en las próximas semanas tras haber logrado una puntuación total de 81,88.
La oferta de la futura adjudicataria logró 31 puntos en el apartado de juicios de valor frente a 14,25 de FCC, el segundo mejor clasificado
Sin embargo, todo apunta a que no será una adjudicación pacífica. Fuentes municipales confirmaron a Alicante Plaza que la empresa que presentó la segunda mejor oferta, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), había requerido formalmente documentación sobre la plica ganadora y sobre la valoración técnica, por lo que se da por seguro que planteará una probable impugnación. E igualmente se da por seguro que tratará de hacer valer que su propuesta fue la que logró la mayor puntuación por lo que respecta a los criterios automáticos, objetivos. Entre ellos, el fundamental era el precio. Pero también el compromiso de mantener a la plantilla actual a cargo del servicio (unos 450 trabajadores) que el equipo de Gobierno bonificó de manera específica con ocho puntos.
En concreto, FCC logró 57 puntos al presentar el precio más bajo: 14,14 millones (el concurso partía de 15,20). También los ocho asociados a la continuidad de los trabajadores. Pero se quedó con 14,25 por lo que respecta a los criterios que dependían de un juicio de valor: es decir, menos de la mitad que Clece-Fissa. Con esa baremación, su oferta quedó por detrás de la de la UTE con 79,25, a una distancia de 2,6 puntos. La diferencia pudo ser incluso mayor si Clece-Fissa hubiese firmado el compromiso de mantener a la plantilla. Pero renunció a esa cláusula y, con ella, a los ocho puntos extra. De hecho, la suya fue la única propuesta que no se comprometió a cumplir ese requisito.
Sea como fuere, fuentes municipales consultadas precisaron que responsables de la UTE ya habrían mantenido contactos con los representantes de los trabajadores para transmitirles tranquilidad y manifestarles que su intención era respetar los puestos de trabajo, después de que volviesen a expresar su inquietud sobre el futuro de sus empleos. No obstante, al menos representantes del sindicato SEP negaron que hasta el momento se haya producido ninguna reunión con las empresas Clece y Fissa que componen la UTE. Sea como fuere, hasta ahora no ha trascendido que el comité de empresa tenga intención de abordar movilizaciones como sí hizo el pasado mes de diciembre, cuando el equipo de Gobierno (PSOE, Guanyar y Compromís) acabó anulando la convocatoria del primer concurso. Esa anulación se adoptó justo el último día de plazo abierto para presentar ofertas. Y con ella se evitó una inminente convocatoria de huelga que hubiese dejado a los más de 50 centros de la ciudad sin servicio de limpieza.
El contrato ha sido especialmente polémico, además, tras la renuncia de su anterior concesionario, Ortiz e Hijos, el pasado mes de febrero. La empresa del controvertido promotor Enrique Ortiz llevaba más de año y medio desempeñando el servicio sin la cobertura legal de un contrato, al haber expirado su vigencia. La decisión de Ortiz e Hijos obligó al tripartito a activar un procedimiento de contratación de emergencia por el que FCC acabó haciéndose cargo de su prestación. De hecho es quien sigue asumiéndolo hasta ahora tras haber mantenido a la misma plantilla.
