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polémica por el SERVICIO DE LIMPIEZA DE COLEGIOS y la gestión del árca de noé

La retirada del primer gran concurso del tripartito de Alicante tensa el pacto y 'premia' a Ortiz

El equipo de Gobierno anula el proceso en marcha para introducir nuevos requisitos que garanticen la continuidad de los trabajadores de la actual concesionaria: una sociedad del controvertido empresario que ingresa 730.000 euros al mes con la contrata ya caducada. El acuerdo, que desactiva el anuncio de huelga, reproduce las diferencias entre PSOE y Compromís, partidarios de licitar, y Guanyar, a favor de municipalizar el servicio        

6/12/2016 - 

ALICANTE. El concurso sobre el servicio de limpieza de colegios y edificios municipales, primer gran proceso de licitación convocado por el tripartito de Alicante, vuelve a poner en evidencia la fragilidad de las costuras sobre las que se mantiene el pacto de gobierno. PSOE, Guanyar y Compromís acordaron este lunes en Junta de Gobierno la retirada del pliego de condiciones publicado en octubre para redactar uno nuevo en el que se incluyan mejoras de carácter social para los trabajadores a su cargo, después de que, el pasado jueves, un cruce de duros comunicados entre Alcaldía y el comité de empresa (que este lunes se felicitó de la suspensión del concurso a través de otro comunicado) diese al traste con las negociaciones y anticipase una inminente convocatoria de huelga que hubiese dejado sin limpieza a los 53 colegios públicos de la ciudad, a los mercados municipales y a otras dependencias públicas dependientes del Ayuntamiento como los polideportivos o los centros sociales, entre otros. 

El portavoz del equipo de Gobierno y edil de Contratación, Natxo Bellido (Compromís), explicó que la decisión -adoptada como asunto de urgencia, fuera del orden del día prefijado para la Junta, cerrado a mediodía del viernes- obedece al intento de introducir "en la medida de lo legalmente posible" las garantías explícitas reclamadas por los representantes de los empleados (unos 430 en la actualidad) para que se proporcione seguridad a sus contratos cuando el servicio pase a manos de un nuevo concesionario. Es decir, que -de nuevo, en la medida de lo posible- se impida que esa nueva empresa -según fuentes municipales, obligada por el convenio sectorial a subrogarse y a asumir a la plantilla actual- pueda acordar despidos cuando transcurran los primeros meses de prestación. "Pensamos que es una decisión valiente y que se trata de un supuesto que entra en los compromisos que adquirimos cuando formamos gobierno, que es favorecer condiciones laborales justas", explicó Bellido. En esta línea, defendió que la anulación del concurso y la retirada del pliego es una posibilidad legal que "se justifica en el interés público, como lo es procurar un mejor servicio en un tema tan sensible como la limpieza de colegios, que afecta a las condiciones de las dependencias" a las que acuden los escolares de infantil y primaria de la ciudad, abundó.

La decisión de dejar sin efecto la licitación en curso se adoptó literalmente in extremis, justo el mismo día en el que se cerraba el plazo para que las empresas interesadas pudiesen presentar ofertas. Con todo, Bellido sostuvo que la renuncia al concurso no tienen ninguna consecuencia legal para el Ayuntamiento puesto que hasta el momento en el que se celebró la Junta (y se tomó la decisión de suspenderlo) no se había registrado ninguna plica. "No hay derechos consolidados de ninguna empresa", explicó, aunque, según fuentes municipales, lo cierto es que al menos cinco mercantiles sí han visitado las dependencias públicas objeto del servicio para poder valorar y definir las condiciones de su posible oferta.          

Sea como fuere, Bellido admitió que no hay plazos cerrados para definir el nuevo pliego ("se hará en el menor tiempo posible", dijo), lo que permite que Ortiz e Hijos (una de las sociedades del controvertido empresario Enrique Ortiz, imputado en los casos Gürtel y Brugal) siga asumiendo la contrata en precario y, en consecuencia, siga recibiendo los consiguientes ingresos: en torno a 730.000 euros mensuales. Según los cálculos facilitados por la edil del PP, Mari Carmen de España, que tildó la decisión del tripartito de despropósito, en el último año y medio se habría pagado ya más de 13 millones por un servicio (adjudicado por el propio PP) que se presta en situación irregular desde antes de que expirase el anterior mandato.

El plazo para presentar ofertas se cerró este lunes. La versión oficial es que no se habían registrado propuestas y que no habían derechos adquiridos. Al menos cinco empresas si visitaron las dependencias municipales para barajar su posible oferta  

El concurso, que ya había sido publicado en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de la Unión Europea, es la mayor licitación impulsada por el tripartito hasta ahora (15,2 millones al año por un periodo inicial de dos años ampliable a otros dos, lo que hace un total de 33,4 millones sin IVA) y lo cierto es que va camino de convertirse en todo un talón de Aquiles que vuelve a tensar las relaciones entre los tres socios con responsabilidades de gobierno. PSOE, Guanyar y Compromís ya polemizaron antes del verano cuando se debatió sobre la fórmula adecuada para acabar con la interinidad de su prestación: nuevo concurso o municipalización. La controversia se saldó, entonces, a favor de una nueva licitación. Es decir, la tesis que defendían (y defienden) PSOE y Compromís (nueve concejales en conjunto, lo que les garantiza una situación de mayoría en la Junta de Gobierno), frente a Guanyar (con cinco ediles), partidario de asumir el servicio por gestión directa. Socialistas y nacionalistas argumentaron entonces que los informes técnicos solicitados desaconsejaban la municipalización tanto por los costes que implicaría, como por la imposibilidad de asumir a más trabajadores, en cumplimiento de las restricciones delimitadas en el plan económico-financiero impuesto por el Ministerio de Hacienda desde que el Ayuntamiento se acogió a los sucesivos planes de pago a proveedores. A ello, además, PSOE y Compromís añadían la prohibición legal acordada también por el Gobierno central para que la administración pública pueda ampliar plantillas. 

En aquel momento, la discusión se zanjó en falso: Guanyar mantuvo que los informes técnicos no eran vinculantes; esgrimió que el futuro del servicio dependía sólo de una decisión política y argumentó que otros ayuntamientos de la provincia y de la Comunitat sí habían optado por municipalizar el servicio pese a que, después, la Subdelegación o la Delegación del Gobierno hubiesen impugnado esos acuerdos en los juzgados. Ha ocurrido, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Alzira que, como subrayó este lunes el portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, tiene un alcalde de Compromís y cuenta con el PSOE como socio de gobierno. 

Ese mismo argumentario se reprodujo tanto en la Junta de Gobierno de este lunes -según fuentes presentes en la sesión, en un tono cordial, sin salidas de tono- como en las valoraciones políticas que los dos bloques cada vez más definidos en el seno del tripartito -PSOE y Compromís, por un lado, y Guanyar, por otro- realizaron a la conclusión de la Junta. 

¿Qué habría llevado a variar el rumbo del concurso casi en el último minuto del partido, después de que desde Alcaldía se diese por rota cualquier posibilidad de diálogo con los representantes de los trabajadores de la actual concesionaria y de que se llegase a deslizar que algún grupo político había dado por sentado a los representantes sindicales que los trabajadores acabarían siendo funcionarios, tras una previsible municipalización? En realidad, nadie dio una explicación concreta. La versión oficial, facilitada por Bellido, fue que el viernes se había conseguido retomar la negociación con el comité de empresa en una cita en la que participó él mismo junto al jefe de gabinete de Alcaldía, Lalo Díez. "Todo proceso de negociación tiene momentos más complicados que otros y la mayoría de ocasiones, al final, se consiguen solucionar", señaló. "Vimos que había oportunidad de mejorar las cláusulas sociales del pliego y es lo que vamos a intentar", añadió. El líder de Compromís sostuvo que por parte de su partido no hubo ni plante ni presiones al PSOE para que se retomase el diálogo, dado por roto por Alcaldía el jueves, pese a que la huelga anunciada por la plantilla de la contrata actual pudiese haber acabado por salpicar de manera indirecta sobre la gestión de una de sus concejalías: la de Educación, en manos de María José Espuch

En el PSOE no hubo valoraciones a título particular. Pese a que el concurso depende orgánicamente de la Concejalía de Infraestructuras, coordinada por la edil Gloria Vara, se remitieron a las explicaciones de Bellido como representante unívoco de todo el tripartito: "Su postura es la postura común", aseguraron fuentes del grupo socialista consultadas por Alicante Plaza

Sí hubo declaraciones desde Guanyar que, en coherencia con su planteamiento político contrario al concurso, apoyó que se suspendiese la licitación y que, como mínimo, se tratase de mejorar las condiciones laborales de los empleados. Todo con el añadido, según su portavoz y vicealcalde, Miguel Ángel Pavón, de que esas pretendidas mejoras en cuanto a las cláusulas sociales que pretenden recogerse en el futuro pliego ya fueron expuestas por Guanyar cuando se acordó su redacción inicial, en sintonía con las que el propio PP aplicó al adjudicar el último contrato del servicio de limpieza viaria y recogida de la basura, en 2012. "Apoyamos la decisión de retirar el concurso y todo lo que suponga mejorar las condiciones de los trabajadores, pero nuestra posición política sigue siendo la de asumir el servicio por gestión directa, lo que no significa que los empleados se conviertan en funcionarios, pueden ser personal laboral; además nosotros ya pedimos que se incluyesen esas mejoras en el pliego inicial y se nos dijo que no era posible, ahora parece que sí lo es; lamentamos que mientras se haya perdido ya dos meses", señaló.

Sin respaldo a Guanyar

La suspensión del concurso en plena tramitación coincidió, además, con otro acuerdo de Junta de Gobierno en el que los tres socios volvieron a mantener posiciones encontradas. Y otra vez con el mismo esquema de posiciones: PSOE-Compromís, por un lado, y Guanyar, por otro. Se trata de la prórroga del convenio por la gestión del centro educativo en materia de preservación medioambiental ubicado en la finca municipal El Roal, hasta ahora en manos de la Fundación para la protección de los animales Raúl Mérida. La Concejalía de Protección Animal que coordina la edil Marisol Moreno (Guanyar) planteaba la denegación de prórroga de ese convenio a la vista de una extensa lista de irregularidades detectadas en el funcionamiento del centro, conocido como El Arca de Noé. Entre ellas, la presencia de felinos sin la preceptiva autorización autonómica, la ausencia de medidas adecuadas para su cuidado y la organización de visitas de escolares como si se tratase de un núcleo zoológico cuando tampoco se dispone de esa declaración.

A priori, según fuentes de Guanyar, esa información (certificada incluso con informes policiales y del veterinario municipal) hubiese sido más que suficiente para que el tripartito respaldase la propuesta de acuerdo. Sobre todo porque, según las mismas fuentes, ya se había dado a conocer en anteriores reuniones de la Junta de Gobierno. No obstante, la medida no llegó a adoptarse. Quedó sobre la mesa a petición de PSOE y Compromís con el propósito de tener más tiempo para analizar el expediente y, así, poder tomar una decisión definitiva, según detalló Bellido. En principio, la propuesta volverá a debatirse en una Junta de Gobierno extraordinaria prevista para el viernes. Según las fuentes consultadas, el responsable de la Fundación a cargo de la gestión del centro, el propio Raúl Mérida, mantuvo este lunes un encuentro con el alcalde, Gabriel Echávarri (PSOE), para abordar la situación del centro.

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