Los representantes municipales en la primera sesión de la comisión específica sobre el contrato de limpieza de colegios y dependencias municipales.ALICANTE. Los seis grupos políticos representados en el Ayuntamiento de Alicante (PP, PSPV-PSOE, Cs, Unides Podem EU, Compromís y Vox) constituyeron formalmente este viernes la comisión específica para la fiscalización y control del servicio de limpieza de colegios y dependencias municipales, en función del acuerdo de pleno promovido por el grupo socialista, en septiembre del año pasado. La propuesta se acabó aprobando por unanimidad, en lo que -a priori- podría constituir una apuesta por la transparencia de la que pretendería hacer gala el bipartito que conforman PP y Cs. No obstante, no ha sido hasta ahora cuando el equipo de Gobierno ha accedido a su puesta en marcha, justo a un mes vista de que el polémico contrato en manos de UTE Limpal (Clece y Fissa) llegue al final de su duración.
Sea como fuere, lo cierto es que la apertura de los trabajos de la comisión puede acabar suponiendo toda una apertura de la caja de Pandora de consecuencias imprevisibles, a juzgar por el contenido del expediente de fiscalización llevado a cabo por los responsables municipales (técnicos) de uno de los contratos de mayor coste económico de los que dependen del ayuntamiento. El contrato se adjudicó bajo el mandato del extinto tripartito por 15,2 millones anuales durante un total de dos años (más dos posibles prórrogas de un año cada una, que no se han solicitado).
En ese expediente figuran los informes elaborados por el técnico responsable del contrato, J.R., sobre la prestación del servicio a partir de octubre de 2018 (siete meses después de que UTE Limpal asumiese la prestación del servicio) a petición del exconcejal de Infraestructuras, el popular Israel Cortés. En esos informes, emitidos entre diciembre de 2018 y marzo de 2019, se dejaría constancia de la existencia de varios supuestos incumplimientos de las obligaciones ordinarias establecidas por contrato, como informó Alicante Plaza. Entre ellos, se mencionan algunas de las carencias denunciadas por los propios trabajadores de la UTE: falta de control efectivo de las horas de trabajo de los operarios, al no existir un sistema de fichaje electrónico; recorte de horas de limpieza respecto a lo previsto en el pliego de condiciones técnicas; la no realización de trabajos concretos como la limpieza de canaletas; ausencia de la maquinaria requerida; falta de contenedores para recogida de residuos orgánicos; desabastecimiento de productos para llevar a cabo la limpieza; ausencia de información sobre la cobertura de bajas de los trabajadores; e inexistencia de equipos de refuerzo ni para atender emergencias.
Como se refiere en esos escritos, en ningún caso se llegó a detraer pagos por la falta de prestación del servicio, a través de las certificaciones mensuales que aprueba el equipo de Gobierno, y tampoco se aplicaron posibles sanciones. Así se expone, de hecho, en los informes de respuesta evacuados por el jefe del Servicio de Infraestructuras, J.M., en los que se insta de manera constante al técnico responsable del contrato a aportar documentación que acredite esos presuntos incumplimientos, en lugar de limitarse a aportar lo que llega a considerar como "vaguedades" o aparentes contradicciones.,Además, el jefe de Infraestructuras solicita al responsable del contrato que detalle la labor de notificación a la gerencia de la UTE para apremiarle a corregir esas supuestas faltas, al considerar que se trata de una de las funciones que le competen para velar por el cumplimiento del contrato. Igualmente, le conmina a ejercer las competencias de las que dispone para cuantificar minoraciones en las certificaciones de pago, posibles sanciones y hasta la tramitación de posibles contrataciones paralelas como solución alternativa para que se pudiese prestar ese trabajo supuestamente no realizado por la concesionaria (cargándole después su coste).
En esas respuestas, que hasta cierto punto podrían considerarse contrainformes, se insiste en que la prestación del servicio solo obtiene valoraciones negativas a partir de las consultas formuladas a los inspectores municipales por lo que respecta al apartado de limpieza de centros escolares, mientras que se obtienen buenos resultados en lo que concierne a la limpieza del resto de dependencias municipales (mercados, instalaciones deportivas, etc.).
En esa relación de informes del jefe de Infraestructuras, destaca el emitido el 25 de marzo de 2019, en el que se viene a rebatir las apreciaciones recogidas por el responsable del contrato, J.R.. En concreto, en ese escrito se subraya esa "encuesta de calidad" elaborada por los inspectores del servicio, con una valoración media de 2,125 sobre un máximo de 3. Además, ese informe tambié. considera "imprescindible y razonable realizar una interpretación flexible pero razonada" de los preceptos recogidos en el pliego de condiciones del contrato para no incurrir en "incongruencias en su ejecución que conduzcan al absurdo". Así, se señala que "el objeto del contrato es que los centros estén limpios en términos razonables de eficacia y de suficiencia", sin que se den situaciones -a título de ejemplo- como que se limpien cortinas que estén limpias porque lo establece el pliego y se deje de limpiar otras por tercera vez pese a que estén sucias.
En esos escritos del jefe de Infraestructuras, además, se sugiere la necesidad de cambiar al personal municipal a cargo de la supervisión del contrato en los centros escolares para mejorar la relación con la UTE, con el argumento de que sí existe entendimiento y satisfacción por la prestación del servicio en el resto de dependencias municipales.
Ese cruce de informes y comunicaciones internas se mantiene hasta abril de 2019, cuando se produce la sustitución de J. R. por otra técnica municipal, T.M., como nueva responsable del contrato. Desde entonces, se insiste en reclamar algunas de las carencias subrayadas por su antecesor y se emiten nuevos informes de valoración a partir de abril de 2019 (sin evaluar situaciones previas) en los que no se aprecian incumplimientos significativos, más allá de los corregidos por la UTE concesionaria al ser requerida sobre ellos. Eso sí, con una salvedad que reconoce la propia responsable del contrato: a la hora de realizar esos nuevos informes, se carece de la documentación relativa al proyecto de prestación para poder evaluar su cumplimiento.
Por último, en el expediente figuran las quejas sobre el comportamiento de la inspectora a cargo de la supervisión del servicio en los colegios, quien venía emitiendo informes desfavorables sobre la prestación. Esos escritos de comunicación de quejas llegan hasta el punto de que la responsable del contrato detalla la existencia de problemas de convivencia profesional entre dicha inspectora y el resto de los supervisores, e incluso, con ella misma.
En respuesta a esas quejas, el jefe de Infraestructuras manifiesta en un escrito posterior, fechado el pasado mes de octubre, que ya se había solicitado el traslado de dicha inspectora de manera reiterada y que se le había comunicado que se iba a acordar en breve. Finalmente, la trabajadora fue relegada y trasladada a la Concejalía de Fiestas a finales del año pasado, en una decisión que la trabajadora afectada ya ha recurrido por la vía contencioso-administrativa, como ha informado este diario.
Así, la comisión deberá desentrañar cuál ha sido la realidad en la prestación del servicio entre esa maraña de informes y comunicaciones internas hasta cierto punto contradictorias, en las que no se ha dado pie a la imposición de ninguna sanción a la UTE concesionaria. Para ello, se contará con la comparecencia de los propios técnicos, en función del calendario acordado el pasado viernes. Entonces, se convino que se citase a los tres técnicos autores de esos informes en cuestión para poder solicitar aclaraciones respecto a su labor en la sesión prevista para el próximo 31 de enero.
