La Generalitat provisiona 72 millones para la demolición de Gemelos 28, aunque podría costar 100 millones

BENIDORM. Los técnicos de la Generalitat han estimado que para hacer efectiva la sentencia que recae sobre las torres de Punta Llisera de Benidorm tendrán que desembolsar 100 millones de euros. Aunque aún no hay sentencia firme, de la que se está esperando que el juez se pronuncie, Hacienda ha provisionado 72 millones de euros para demoler dichos edificios, a pesar de que prevén que el coste total ascienda a los 100 millones.

Hay que tener en cuenta que el Consell recurrió la sentencia en la que se estimaba los 72 millones de euros a los que se acogen para provisionar el gasto cuando se tenga que encarar la decisión judicial. Un recurso, por otra parte, que el TSJ terminó rechazando en febrero de este año.

En teoría, esos 100 millones tendrían que incluir las indemnizaciones a los propietarios. No obstante, desde la Conselleria de Obras Públicas indicaron que "todo es a nivel indiciario, ya que no hay cuantificación exacta ni tan siquiera a nivel de anteproyecto".

A modo de recordatorio, las torres de Punta Llisera tienen una orden de derribo por el TSJ desde noviembre de 2017. De este modo, interpretó la sentencia del Tribunal Supremo de 2012, por el cual, declaró ilegal el permiso otorgado el 29 de abril de 2005 por la Dirección General de Costas y Puertos de la Conselleria de Obras Públicas, en ese momento, dirigida por Rafael Blasco.

El motivo no es otro que ocupar una zona de dominio público servidumbre marítimo-terrestre. La demolición de las dos torres no será fácil, ya que ambas alcanzan los 22 pisos, con edificios a su alrededor, así como vecinos viviendo en su interior que adquirieron los pisos de forma legal a los promotores.

Con todo, esta sentencia está trastocando las cuentas de la Generalitat a día de hoy, a pesar de que los rascacielos tienen autorización desde 2005. Este viernes el pleno del Consell aprobó la Cuenta General de 2017, donde incluyen provisiones por valor de 147,5 millones de euros. Un importe que servirá para hacer frente a la ejecución de sentencias judiciales que según apuntaron, vienen por decisiones que se tomaron con los anteriores gobiernos del PP valenciano, como es el caso de las Torres de Punta Llisera. Es más, en caso de que finalmente tengan que pagar los 100 millones de euros, calculan que el pasivo se incrementará hasta los 175 millones de euros.

Por último, cabe señalar que la Conselleria de Vivienda adjudicó en marzo a la empresa Investigación y Control de Calidad SA la redacción del proyecto que servirá para demoler las dos torres, tal y como informó en su momento Alicante Plaza en exclusiva.