ELCHE. Este miércoles comparecían la edil de Cultura Marga Antón y el portavoz adjunto, Ramón Abad, para confirmar que no ha habido contrato alguno para los servicios de exhumación en el Cementerio Viejo de la ciudad. Como había adelantado Alicante Plaza, no ha habido relación contractual ni la empresa ha cobrado por las actuaciones realizadas hasta ahora. Sí que se había iniciado un expediente, pero no hay contrato, que debió salir a concurso aunque el trámite quería realizarse como menor. Lo que supone que durante dos meses y medio de los trabajos no ha habido relación contractual, y nadie había reparado en ello hasta entrado en octubre.
Una situación kafkiana que cogió por sorpresa a todo el mundo en el seno del equipo de gobierno, empezando por los concejales y por el propio alcalde, estupefactos ante una situación que según defienden desde las filas socialistas, se debe, en términos cinematográficos, a una serie de catastróficas desdichas. Una cadena de errores y de "descoordinación entre concejalías (Urbanismo y Cultura)", defendía Antón, y que había supuesto dar por hecho que se habían dado los pasos habituales en estos trámites sin que así fuese. Algo que ha supuesto trabajar sin contrato casi un trimestre, sin que ninguna de las partes aparentemente se diera cuenta de esta anomalía. No obstante, algunas de las justificaciones no concuerdan con la sucesión de los hechos. Que por otra parte, no se habrían conocido sin la duda que había planteado el Partido Popular en el pleno del lunes.
De hecho, los populares acudirán a los tribunales, aunque aún están analizando y desarrollando el cómo, pero apuntan a la falsedad documental y prevaricación. En el seno del equipo de gobierno creen que no tendrá recorrido. Eso sí, han tardado dos días en dar explicaciones sobre lo sucedido —la rama socialista, a quien corresponden sendas concejalías—, y tan solo lo han hecho Antón y Abad. No participaron ni los socios de gobierno, ni el alcalde Carlos González, ni la edil de Urbanismo Ana Arabid, ni el portavoz titular, Héctor Díez, a quien Abad disculpó en la comparecencia porque se encontraba fuera de la ciudad este miércoles. Aunque sí se afanó en dejar claro que Antón tiene "todo el respaldo del equipo de gobierno" y que daría todas las explicaciones pertinentes a nivel público o en las instituciones. Además de incidir en que no había habido ni "mala fe" por parte de los técnicos, ni voluntad de dar a dedo el contrato a Drakkar Consultores, contratista frecuente del Consell para realizar exhumaciones.
Empezaba la edil la comparecencia yendo al grano: "no hay contrato, se paró cuando se encontró que faltaba en el expediente". Algo que según defiende, fue el 20 de octubre, para posteriormente, el 21, paralizar una intervención que había empezado el 12 de agosto. Sin embargo, es esta una de las cuestiones que no cuadran, porque el PP ya había presentado el 8 de octubre por registro que se les entregara el contrato, así como conocer quién era el responsable y los plazos, conocedor de que 'había algo'. No hubo ninguna respuesta clara —ni respuesta al registro, con 5 días de margen para contestar a los concejales—, por lo que ante el silencio, las llamadas de la Concejalía no atendidas, y la empresa que no hace declaraciones —tampoco ante los medios—, presentaron la cuestión por urgencia en el pleno. Como dice el refranero español, cuando el río suena, agua lleva.
De hecho, según han confirmado otras fuentes, el equipo de gobierno es conocedor de la situación y hay diversas reuniones con técnicos para analizar la situación al menos a finales de septiembre o como tarde principios de octubre. Por lo que el 20 de octubre se conocía de sobra la situación. Al menos desde un mes antes. El Ejecutivo argumenta que no se contestó antes al PP porque solicitan mucha información y tienen que analizar cada situación. Así, las obras se paralizan el 21, la pasada semana, que es también cuando se pasa la factura de los trabajos, de unos 28.000 euros, a lo que como contó este medio, la concejalía de Hacienda se niega a pagar porque no había contrato.
Entrando a cómo es posible que se haya generado esta situación, que dista de estar clara, o al menos tal como se ha defendido desde el gobierno, porque las fechas no cuadran, la Ley de Contratos establece que los contratos menores solo se pueden formalizar para obras si son inferiores a 40.000 euros y en el caso de contratos de servicios, a 15.000 euros. Al ser una intervención de 28.000 euros, en concepto de servicio y no de obra —matiz clave—, debía haber salido a concurrencia pública. Pero según las fuentes municipales, achacan a que el arqueólogo municipal entendía que esto era un contrato de obras, por lo que esa cantidad se podía tramitar como contrato menor.
En julio, el Ayuntamiento había logrado la subvención, y según la edil de Cultura, el arqueólogo pidió tres presupuestos pensando que esto se hacía mediante el contrato menor de obras, y entre los tres escogió el más barato por ser la oferta más competitiva. Así, Antón dictó, según la versión municipal, una 'providencia' —es decir, un encargo— a principios de agosto pidiendo que se iniciara el expediente del contrato para la intervención. La cual tendría lugar días después el 12 de agosto, pensando todas las partes, a priori, que estaba todo listo y que el expediente había culminado en un contrato. Así que con la orden de Antón se inicia el expediente, se solicita el permiso de la Conselleria de Cultura, que da luz verde, y con esto, se da por hecho que ya es suficiente, según las fuentes municipales consultadas.
La teórica cadena de errores continúa con que tras la orden de la titular de Cultura, un TAG (Técnico de Administración General) inicia el expediente, pero por algún motivo que no se ha aclarado —salvo el genérico "error" y "descoordinación"— este expediente no acaba en un contrato. Se supone que es aquí cuando en septiembre al Vicesecretario le llega este expediente y avisa al Interventor, advirtiendo que no hay contrato, y las obras llevan tiempo en marcha. Y no se paralizarán hasta varias semanas después, a pesar de las reuniones mantenidas con los órganos fiscalizadores o responsables de Contratación.
Por tanto, nunca hubo contrato, y en el caso de haberlo habido, no era menor, sino de servicios y que tenía que haberse licitado. Eso sí, Abad defiende que "había retención de crédito para la actuación, un informe técnico sobre las ofertas y un expediente incoado que el arqueólogo dio por válido al entender que era suficiente para empezar". También arguye el concejal que en cualquier caso, la oferta elegida entre las tres estudiadas era las más ventajosa, por lo que con contrato menor o con licitación, hubiera salido la misma.
No obstante, hay que resaltar otras dudas sin clarificar, como por qué la premura por empezar las obras a mediados de agosto, y una de las opciones plausibles es que había que justificar la subvención el 2 de noviembre. Asimismo, a pesar de haber detectado la omisión de contrato al menos en septiembre o como tarde principios de octubre, no se paraliza la exhumación hasta el 21 de octubre, precisamente cuando ya ha finalizado la primera fase de la actuación (que corresponde al 80% del total), quedando pendiente la segunda (un 20%) para 2022. Y con todo esto, en el PP no entienden por qué se da la orden de enviar al Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el expediente sin tener el visto bueno de todas las áreas, inclusive los órganos fiscalizadores.
Y sobre todo, cómo es posible que se haya estado realizando un proyecto durante dos meses y medio y nadie se haya planteado por qué no se ha firmado ningún contrato. El Ayuntamiento justifica que se había iniciado el expediente y después se encontró con que no había contrato, pensando que se habría seguido el trámite normal. Por su parte, la empresa no ha querido realizar declaraciones, sin esclarecer tampoco por qué no se había formalizado una relación contractual. En lo que respecta al PP, criticaban en un comunicado que se quiera echar las culpas de la situación sobre los técnicos municipales, cosa que ha hecho el equipo de gobierno, a pesar de que los concejales son responsables últimos de su departamento.
Finalmente, con este expediente se va a estudiar cómo pagar el trabajo, porque hay obligación de hacerlo —de lo contrario sería enriquecimiento ilícito del Ayuntamiento por unos trabajos que se han realizado—. Eso sí, se hará presumiblemente levantando un reparo con omisión de la labor fiscalizadora. Y para la segunda fase pendiente habrá que licitarla. Paralelamente, se realizará una investigación para ver qué ha fallado. Eso sí, se descartan dimisiones.
