Obras de urbanización en Benalúa Sur, este miércoles. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El de la construcción, uno de los sectores claves para el PIB alicantino, es además uno de los que claramente no puede atender las restricciones del decreto del estado de alarma. Como ha estado contando Alicante Plaza esta semana, mientras desde la Administración se lanzan mensajes a favor de la paralización de trabajos (de forma voluntaria, a discreción de las empresas adjudicatarias de obras públicas), el sector ni siquiera se lo plantea.
La razón es simple, según las distintas fuentes consultadas por este periódico. El decreto del Gobierno impone el cierre forzoso en multitud de negocios, pero no en la construcción. Y en este escenario, una empresa constructora o una promotora que decidiera voluntariamente abandonar la actividad no podría acogerse a las condiciones especiales que regulan los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que se están solicitando. Es decir, quien quisiera parar, tendría que promover un ERE al uso, con su periodo de un mes de negociación, sus indemnizaciones y su previsible recorrido judicial. Y su 'resaca' una vez que vuelva la normalidad. Algo inviable en estos momentos.
Pero además, hay un segundo factor que atañe especialmente al subsector de la promoción de vivienda residencial, según fuentes del sector. El mes de mayo es clave para la facturación anual, una especie de 'temporada alta'. Suele ser el mes en el que más viviendas se entregan, y por tanto cuando más caja generan las promotoras. "En muchos proyectos, el comprador ha pagado en torno al 40%, pero el promotor ya ha asumido la inversión total; si no firmamos las ventas en mayo puede ser un desastre", explica un empresario que pide permanecer en el anonimato.
Una estimación conservadora apunta a varios cientos de millones de euros en juego en el mes de mayo, cuando aún ni siquiera se sabe si la situación permitirá acudir al notario. Pero en cualquier caso, las promotoras apuestan por seguir con el calendario previsto para estar en disposición de entregar las viviendas en plazo. El Gobierno no solo no les ha prohibido construir, como ha sucedido con otros sectores, sino que tampoco ha arbitrado medidas específicas para el sector.
La asociación de promotores de Alicante, Provia, tiene previsto celebrar una junta telemática el próximo martes, donde reevaluará la situación, pero en principio son partidarios de mantener la actividad, como ha contado este periódico. En cuanto a la federación de contratistas, Fopa, también es mayoritariamente partidaria de seguir con las obras en marcha pese a la 'bula' de administraciones como el Ayuntamiento de Alicante. Ambas patronales han solicitado y obtenido de la Subdelegación del Gobierno una luz verde por escrito en este sentido. El atípico puente de San José ha dado un respiro, pero a partir del lunes habrá que marcar una línea clara. Los sindicatos, según ha podido saber Alicante Plaza, no son especialmente beligerantes con la continuidad de las obras.
En este sentido, las empresas han extremado las medidas de prevención del coronavirus, tanto en el lugar de trabajo como en los desplazamientos, y la actividad se mantiene con relativa normalidad. Los responsables de los planes de seguridad vigilan que los operarios se mantengan a un metro y medio en las estructuras, y en los desplazamientos acuden en vehículos individuales o, en todo caso, en furgonetas monovolumen con tres personas como máximo. En cuanto a los elementos de protección como mascarillas, su uso no es obligatorio, según matizan fuentes del sector.
