El alcalde, Gabriel Echávarri, conversa con el portavoz del PP, Luis Barcala, y con su homólogo de Compromís, Natxo Bellido, en imagen de archivo. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La trabajadora interina adscrita a la Concejalía de Cultura despedida el pasado 20 de abril quedó restituida en sus funciones este martes y debería reincorporarse a su puesto este mismo miércoles. El concejal de Recursos Humanos, Carlos Giménez (PSOE), firmó finalmente este martes el decreto por el que se anula su cese, de acuerdo con el mandato recogido en la comunicación interna remitida por el alcalde, Gabriel Echávarri, el pasado viernes (un trámite normal y necesario para completar el expediente, según las fuentes consultadas).
La restitución de la empleada municipal, cuñada del portavoz municipal del PP, Luis Barcala, se produce seis días después de que los populares forzasen una declaración institucional -aprobada con los votos de Ciudadanos y la abstención de Guanyar y Compromís- en la que se exigía la anulación del despido tras condenar ese acuerdo (que los populares interpretaron como la respuesta del alcalde a la denuncia que habían presentado sobre los contratos de la Concejalía de Comercio), así como cualquier otra decisión que se pudiese adoptar en "abuso de poder" y se emplazaba a abordar un proceso de negociación con los sindicatos para estudiar la situación en la que se encuentran los empleados municipales y cuántos desempeñan sus tareas como interinos con el propósito de regular su situación.
La portavoz municipal y el portavoz adjunto del grupo socialista, Eva Montesinos y Fernando Marcos, precisaron al término de ese pleno que el PSOE acataría el acuerdo aprobado por respeto a la expresión de "la voluntad democrática de la corporación", aunque no se trataba de una decisión vinculante de obligado cumplimiento, como había aclarado el secretario municipal antes del debate de la propuesta.
Hasta la Junta de Personal emplazó al alcalde a abordar un proceso de negociación para llegar a una solución de consenso sobre la situación general de todos los trabajadores
Con el decreto firmado este martes se da por cumplido el primero de los puntos recogidos en esa declaración institucional, pero por el momento no se ha desarrollado el resto: las medidas sobre todos los interinos. Lo cierto es que la voluntad manifestada por los tres partidos que componen el equipo de Gobierno, PSOE, Guanyar y Compromís, desde que estalló la polémica sobre el despido es abordar esa cuestión desde una perspectiva general.
Así lo anunció el propio alcalde en el transcurso de la sesión al avanzar que Recursos Humanos analizará cuántos de los puestos sin cargo a plaza ahora cubiertos por interinos con contratos de duración extinguida resultan realmente necesarios en la actualidad y cuántas plazas se pueden convocar para plantear una propuesta de regularización (de hecho, el propio acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno de 2010 en el que se ratificaba la contratación de la cuñada de Barcala y del resto de empleados incorporados en ese proceso de selección establecía que esos contratos tenían una vigencia máxima de tres años, ampliables en otro más).
Echávarri insistió en que se trataba de poner fin a una situación de desigualdad entre los funcionarios que habían logrado acceder a su puesto con el libro del temario de las oposiciones bajo el brazo y los que les bastó "con el libro de familia", en alusión a los vínculos que, sostuvo, existían entre algunos empleados municipales y el PP.
Todos los sindicatos que forman parte de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Alicante también emplazaron al alcalde la semana pasada a abordar la situación de los trabajadores municipales en un proceso de negociación en el que se alcanzasen posiciones de consenso. El acuerdo aprobado por la Junta de Personal incluía una solicitud de reunión con el alcalde para exponerle esa posición que, según portavoces sindicales, todavía no se ha concretado. Todo apunta a que ese proceso de regularización seguirá generando debate en los próximos meses.
