ALICANTE. La comisión específica para la fiscalización de la contrata de limpieza de colegios y edificios del Ayuntamiento de Alicante se adentra en su fase final, este viernes, con las últimas comparecencias de los técnicos solicitadas hasta ahora. En esta ocasión, se trata del responsable del contrato en funciones, Alejandro Ybarra, y de los inspectores encargados de supervisar la prestación en los 62 centros escolares de la ciudad, Amparo Canela y Serafín Lillo. La funcionaria que ejerce como responsable del contrato titular desde abril de 2019, Teresa Moreno, no responderá ante la comisión al encontrarse en situación de baja médica desde el pasado diciembre. Moreno sustituyó en esa función a Jesús Rubio, quien sí ofreció su testimonio ante los representantes de los grupos políticos municipales.
Entre los nuevos comparecientes, el testimonio que, a priori, podría proporcionar más información sobre las condiciones del cumplimiento del servicio sería el de Amparo Candela: quien vino emitiendo actas desfavorables sobre la labor desarrollada por UTE Limpal (la alianza empresarial compuesta por Clece y Fissa) prácticamente desde los primeros meses en los que se hizo cargo de su prestación (febrero de 2018), según se ha puesto de manifiesto en las sesiones de la comisión celebradas hasta ahora.
Se trata, además, de la inspectora que el equipo de Gobierno (PP y Cs) acordó apartar de sus funciones para destinarla a la Concejalía de Fiestas por cuestiones organizativas, según se justificó entonces. No obstante, la trabajadora municipal ha interpuesto un contencioso por vulneración de derechos fundamentales frente a esa decisión. El jefe de Servicio de Infraestructuras, Javier Maestre, explicó durante su comparecencia del pasado viernes, que se había acordado su traslado porque su comportamiento dificultaba la convivencia con el resto de técnicos a cargo del servicio.
El segundo inspector, Lillo, se dedicó a suplir a Candela durante los periodos en los que ella no se encontraba trabajando, sin apreciar anomalías significativas en el estado de los centros. E Ybarra podrá ofrecer su visión sobre el servicio en el plazo de dos meses en los que ha asumido la supervisión del contrato.
Se augura debate en la petición de comparecencias sobre los ediles que han asumido las competencias en Infraestructuras
En todo caso, al margen de los testimonios que ofrezcan los tres, todo parece indicar que las formaciones representadas en el Ayuntamiento (PP, PSPV-PSOE, Cs, Unides Podem EU, Compromís y Vox) deberán acordar las primeras decisiones de contenido político. Primero, la posible petición de nuevas comparecencias, entre las que se da por seguro que se proponga la asistencia de los últimos responsables de la Concejalía de Infraestructuras. Es más que previsible que el eje progresista (PSPV-PSOE, Unides Podem EU y Compromís) vuelvan a solicitar que se cite al exedil del PP, Israel Cortés. A esa petición, se podría añadir la del responsable actual, José Ramón González, que actúa como presidente de la comisión. Por su parte, parece más que probable que PP, Cs y Vox pidan también la asistencia de los exregidores socialistas Gloria Vara y Fernando Marcos.
Además, también podrían plantearse otro tipo de medidas adicionales, como la ya adelantada por Compromís, este jueves: que el Ayuntamiento retenga la fianza depositada por UTE Limpal al asumir la concesión hasta que se concluya si pudo incurrir en algún tipo de incumplimiento y, en consecuencia, corresponde aplicar algún tipo de deducción.
No obstante, podría plantearse la solicitud de informes adicionales para poder determinar la existencia de posibles responsabilidades, a la vista de la nueva documentación sobre el expediente facilitada a los grupos (más de 6.500 folios) y de las explicaciones ofrecidas hasta ahora por los técnicos que ya han comparecido ante la comisión.