ALICANTE. La concesionaria del servicio de limpieza de colegios y dependencias municipales de Alicante, UTE Limpal (compuesta por Clece y Fissa), rebate las apreciaciones formuladas por la funcionaria a cargo de la inspección del servicio hasta el pasado diciembre y reclama el pago de las certificaciones mensuales bloqueadas por el actual responsable del contrato, correspondientes, precisamente a los meses de noviembre y diciembre de 2019. Es decir, los últimos en los que dicha inspectora, Amparo Candela, pudo ejercer su tarea, antes de ser trasladada a la Concejalía de Fiestas.
En concreto, en un escrito -al que tuvo acceso este diario- aportado el pasado 10 de febrero a requerimiento del propio responsable del contrato, Alejandro Ybarra, los representantes de la UTE sostienen que las actas de inspección en los que se alerta de una deficiente ejecución del servicio contienen errores respecto a las obligaciones previstas en el pliego de condiciones y que, en otro casos, refieren supuestas situaciones generadas horas después de que los operarios de la UTE hayan finalizado su labor de limpieza. En resumen, el escrito considera que las apreciaciones formuladas carecen de motivación o que describen supuestos incumplimientos de manera general sin que se identifiquen con concreción "los hechos que determinen el incumplimiento alegado".
Así, según aducen los responsables de la concesionaria, por lo general, la inspectora refleja presuntas faltas a partir de las 11:30 horas, cuando el horario de trabajo planificado en esos centros termina a las 9:30 horas. En esta línea, a juicio de la alianza empresarial, resultaría imposible contradecir si las apreciaciones formuladas por la inspectora son o no ciertas, o se generaron en el espacio de tiempo entre el fin del trabajo y la hora de supervisión.
Además, los representantes de la UTE añaden en ese escrito que si esas supuestas deficiencias se hubiesen advertido en el momento en el que se desarrollaba la tarea, podía haber sido subsanada sin que diese lugar a la emisión de actas de deficiencias. De igual modo, UTE Limpal insiste en que se tienen en cuenta valoraciones evaluadas como "mal" sobre cuestiones que se han validado como buenas en más de una decena de ocasiones anteriores.
Eso sí, admite que esa situación no concurre en el caso de la limpieza de patios, en los que de 22 inspecciones, 17 se calificaron como "mal". Con todo, incluso en ese aspecto, la UTE trata de descargar su responsabilidad al subrayar las dificultades para que la maquinaria mecanizada pueda acceder a los patios con el fin de ejecutar su limpieza y baldeo. El escrito también detalla que se estarían facilitando los contenedores orgánicos y los contenedores higiénicos en los colegios en función de las peticiones que se han ido formulando hasta ahora. Y añade, respecto a la ausencia de una máquina barredora, que se decidió sustituir por una barredora de viales "con mucho más rendimiento y con posibilidad de desplazamiento entre centros, ya que las definidas en los pliegos necesitaban de maquinaria auxiliar para su desplazamiento que no estaba disponible en el servicio".
UTE Limpal insiste en que reclamará el perjuicio ocasionado por el bloqueo de las certificaciones y asegura que ha prestado 40.000 horas más de servicio respecto a lo previsto en el pliego
En esta línea, UTE Limpal resalta una de las apreciaciones ya formuladas por el jefe del servicio de Infraestructuras, Javier Maestre, durante su comparecencia ante la comisión de fiscalización del contrato, al señalar que la inspección no valora la mayor cantidad de medios que estaría aportando respecto a lo previsto en el pliego, así como la ejecución de "mayor cantidad de trabajos que se acometen en referencia a los desatascos, mayor número de tratamientos frente a las plagas y la realización de servicios ordinarios que no estaba contemplado prestar durante los meses de verano".
El escrito también alude a la ausencia de un sistema de fichaje biométrico de los operarios del servicio para insistir en otro dato ya expuesto durante las comparecencias en la comisión: la necesidad de que el ayuntamiento disponga de "una cierta infraestructura informática y de ciertos datos a facilitar" que todavía no se habrían suministrado. Y, por último, UTE Limpal sostiene que, a 31 de diciembre de 2019, llevaba prestadas "más de 595.000 horas anuales" de servicio pese a que el pliego establecía que debían ser 559.000.
Por todo ello, los responsables de la UTE -que todavía sigue a cargo del servicio, con el contrato ya vencido- insisten en el "perjuicio" que el bloqueo en el pago de las certificaciones estaría ocasionando, en la medida en que Clece y Fissa estarían teniendo que anticipar el pago de las nóminas a sus trabajadores, con el añadido del incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no previsto en el pliego de condiciones. Así, UTE Limpal vuelve a advertir en ese escrito de que "procederá a la reclamación correspondiente de dicho perjuicio, con las consecuencias que de la misma se desprendan".
