El portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, junto a la nueva edil de Vivienda, Sofía Morales, en imagen de archivo. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La disputa política entre PSOE y Guanyar, recrudecida tras la ruptura del tripartito, se reprodujo este martes en el Patronato de Vivienda: el organismo autónomo creado en los años ochenta para fomentar la promoción de vivienda pública y su puesta a disposición de personas con escasos recursos. El objeto de la controversia fue la convocatoria de un nuevo concurso para externalizar la gestión del llamado programa de alquiler asequible: un servicio público que trata de poner en contacto a propietarios de viviendas en alquiler con arrendatarios con escasos recursos pero bajo determinadas condiciones que garanticen el pago del precio de arrendamiento.
Los representantes de Guanyar solicitaron que el acuerdo se retirase del orden del día al considerar que no se había tratado ni analizado previamente en la comisión ejecutiva del Patronato: el foro de supervisión de las propuestas de su equipo directivo que se reconstituyó este año, durante la etapa de la edil Julia Angulo al frente de la Concejalía de Vivienda. Su sustituta en el cargo y nueva presidenta del organismo autónomo, la socialista Sofía Morales, no lo consideró necesario y mantuvo el punto en el orden del día de la sesión. Así, se debatió, se votó y se aprobó con los apoyos de PSOE y Compromís, las abstenciones de PP y Ciudadanos y el rechazo de Guanyar.
En un comunicado posterior, Morales explicó que no procedía "la convocatoria dela comisión ejecutiva previa a esta reunión convocada con urgencia" y señaló que "este tipo de actuaciones sólo entorpecen iniciativas que no sólo representan ayudas puntuales para asignar vivienda a personas que la necesitan, sino que pretenden ser además un vehículo hacia la integración social que dignifique a esos ciudadanos". Morales incidió ingualmente en que "el resultado de la votación pone de manifiesto como el grupo Guanyar cada vez se está quedando más solo, ya que los únicos votos en contra que recoge el acta son los suyos".
El servicio, que trata de suplir la carencia de vivienda de titularidad pública, sale a concurso por dos años y un precio de 589.000 euros
El portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, y la propia Angulo confirmaron, al término de la reunión del Patronato, que su grupo recurriría el acuerdo al considerar, primero, que no se había seguido el procedimiento marcado en sus propios estatutos. Pero no sólo eso. Defendieron que se trata de un contrato innecesario, ya que "el servicio podría ser asumido por gestión directa desde el Patronato", y que, además, "no cumple los pretendidos objetivos que se alegan en la medida en que se ofertan pisos con precios superiores a los 400 euros mensuales, lo que impide que puedan acceder los ciudadanos que carecen de ese nivel de recursos, que sólo tienen una ayuda social por ese importe para cubrir todas sus necesidades, y que son los que realmente necesitan una mediación pública". "Ese servicio en realidad está compitiendo con agencias inmobiliarias y entendemos que el Ayuntamiento no está para eso", subrayó Pavón.
El programa, que vendría desarrollándose al menos desde 1996 para suplir la falta de vivienda de titularidad pública, ha sido gestionado durante los tres últimos años por la Fundación Provivienda, con un coste de 198.000 euros por año, según fuentes de Guanyar. El nuevo concurso se convoca por dos años de duración y un precio de 589.000 euros (IVA incluido), con posibilidad de prórroga por otro año más.
En su comunicado, Morales señaló que la propuesta del equipo de Gobierno era que en ese servicio se ofertasen viviendas por las que se pagase un precio de alquiler mínimo de 6,5 euros por metro cuadrado, lo que permitía garantizar el acceso a una vivienda digna. La propuesta de Guanyar era que se ofertasen inmuebles por un precio de 4,5 euros el metro cuadrado para que se dedicasen sólo a personas vulnerables.
