ALICANTE. Ya hay fecha para que Luis Díaz Alperi, Sonia Castedo y Enrique Ortiz se sienten en el banquillo de los acusados por el presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante. La Audiencia Provincial juzgará a los dos exalcaldes del PP por un presunto trato de favor concedido al promotor a partir del próximo 30 de junio. El juicio se celebrará, así, diez años después de que se produjesen los arrestos de la segunda fase de la operación Brugal, en la que se destaparon las supuestas negociaciones entre los políticos y el constructor con el fin de concederle condiciones ventajosas en el planeamiento de la capital.
La primera fase de esa investigación, ahora a la espera de sentencia con una veintena de procesados, se inició a raíz del presunto amaño en la adjudicación de la contrata de la basura del municipio de Orihuela en favor del empresario Ángel Fenoll. A partir de ahí, la policía y la Fiscalía Anticorrupción abrieron varias líneas de investigación, entre las que también se incluye la relativa a la adjudicación supuestamente irregular del vertedero de la Vega Baja a la UTE liderada por una de las sociedades de Ortiz, que afecta, entre otros, al expresidente de la institución provincial, José Joaquín Ripoll.
En el caso de la rama que afecta al urbanismo de Alicante, la Sección Tercera de la Audiencia ha previsto el inicio de la vista oral para finales de junio (el citado día 30) en una primera sesión en la que se dará cabida al planteamiento de las cuestiones previas. Entre ellas, todo parece indicar que las defensas solicitarán la nulidad de las escuchas telefónicas practicadas por los investigadores con el argumento de que generaron indefensión para los acusados, como ya ha sucedido durante la fase de instrucción previa. Después, se ha programado una segunda jornada para el día 7 de julio, en la que, previsiblemente, se produciría la resolución de las peticiones que hubiesen podido formularse. A partir de ahí, el proceso quedaría suspendido hasta el 23 de septiembre, cuando se retomará todo el calendario de sesiones hasta la conclusión del juicio, el 12 de noviembre.
La Fiscalía Anticorrupción reclama 10 años de prisión para Castedo, y 10 años y 2 meses para Díaz Alperi por favorecer, presuntamente, al empresario Enrique Ortiz en el diseño del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), durante su fase de redacción. El ministerio público les acusa a ambos de delitos continuados de revelación de información privilegiada por autoridad o funcionario, cohecho y tráfico de influencias. Por lo que respecta a Ortiz, solicita que se le condene a 8 años de prisión por un delito de tráfico de influencias y cohecho.
El fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, sostiene que los dos exalcaldes del PP aceptaron diversas dádivas de Ortiz entre 2008 y 2010 a cambio de favorecer sus intereses en el nuevo planeamiento de la ciudad (que finalmente no llegó a entrar en vigor) y de facilitarle datos que aún eran confidenciales. Las supuestas dádivas pudieron consistir en viajes pagados a Andorra, Ibiza y Creta, la entrega de un coche modelo Mini Cooper y de diversas sumas de dinero en metálico.
Junto a los exalcaldes (ahora apartados de la actividad política) y el empresario también serán juzgados un hermano de la exregidora, el abogado José Luis Castedo, y su socio en el bufete Salvetti Abogados, Javier Gutiérrez, a quienes se atribuye el papel de supuestos colaboradores. El proceso se completa con otros cuatro acusados: un hermano del constructor, Virgilio Ortiz, y los empresarios Pablo Rico, Ramón Salvador Águeda y Santiago Bernáldez.
El juez instructor de las diligencias dictó el auto de apertura de juicio para los nueve encausados en febrero de 2018. Hasta entonces la causa se vio envuelta en infinidad de recursos de apelación por parte de las defensas, lo que propició que gran parte de los magistrados de la Audiencia tuviesen que participar en su resolución. Esa circunstancia, además, ha dificultado la composición del tribunal encargado de enjuiciar los hechos, dado que las defensas han recusado a gran parte de esos magistrados tras considerar que habían tenido conocimiento previo de las diligencias. Según su tesis, habrían perdido la imparcialidad necesaria para juzgar la causa, lo que pondría en entredicho el derecho a la tutela judicial efectiva de los procesados.
No obstante, la Sala de lo Penal y lo Civil del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) dio la cuestión por zanjada en junio de este año en una resolución en la que rechazaba la última recusación formulada por los letrados de Castedo y ratificaba a las tres magistradas que conformarían el tribunal juzgador: Margarita Esquivá, Montserrat Navarro y Cristina Costa.
Tras toda esa serie de avatares, el auto de señalamiento se ha conocido ahora después de que las partes acotasen los audios captados por los investigadores que pretenden que se escuchen durante el desarrollo del juicio entre el resto de elementos probatorios que se prevé exponer ante la sala. La Audiencia había concedido hasta la primera quincena de enero para hacerlo, pero las partes han preferido no agotar ese plazo.