Enrique Ortiz y Sonia Castedo durante un partido del Hércules, en una imagen de archivo. Foto: APALICANTE. El Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) solventa otro obstáculo más en la celebración del juicio sobre el supuesto amaño del Plan General de Alicante en favor del controvertido constructor Enrique Ortiz. El alto tribunal autonómico acaba de confirmar a las tres magistradas designadas para juzgar la causa, una de las 20 piezas derivadas del caso Brugal, iniciado a instancias de la presunta adjudicación irregular de la contrata de la basura de Orihuela.
El auto de desestimación rechaza, así, el expediente de recusación presentado por la defensa de la exalcaldesa, Sonia Castedo. La expolítica del PP, máxima autoridad municipal entre 2008 y diciembre de 2014, se enfrenta a juicio por los delitos de cohecho, revelación de información privilegiada y tráfico de influencias, junto a su antecesor, el también exalcalde del PP, Luis Díaz Alperi, y el citado constructor, junto a otros procesados entre los que figura el abogado José Luis Castedo, hermano de la ex alcaldesa.
La Fiscalía Anticorrupción solicita penas de 10 años de prisión para los dos exalcaldes de Alicante por favorecer, supuestamente, al empresario Enrique Ortiz en el diseño del PGOU a cabio de prebendas. Para el constructor, el fiscal pide ocho de prisión por un delito continuado de corrupción de autoridades o funcionarios públicos, aprovechamiento de secretos o información privilegiada, tráfico de influencias y prevaricación.
Los abogados de Castedo habían alegado frente a la designación de dos de las tres magistradas encargadas de enjuiciar los hechos. Se trata de Margarita Esquivá y de Monserrat Navarro. La defensa de la exalcaldesa objetó que ambas habían resuelto recursos de apelación planteados frente a distintas resoluciones de la fase de instrucción, por lo que consideraba que tenían conocimiento previo de las diligencias y, por lo tanto, habrían perdido la imparcialidad necesaria para juzgar los hechos, lo que podía poner en entredicho el derecho a la tutela judicial efectiva de los procesados.
Ahora, la Sala de lo Penal y lo Civil del TSJCV niega ese argumento y sostiene que, al pronunciarse sobre esos recursos de apelación previos, ambas magistradas solo tuvieron que resolver sobre cuestiones que afectaban a la legalidad del proceso de instrucción, sin llegar a valorar ninguna de las pruebas que se someterán a revisión en el juicio. Así, desestima la recusación pretendida tras concluir que la imparcialidad de las magistradas no está comprometida, según confirmaron a Alicante Plaza fuentes judiciales. Además, el TSJ impone a Castedo las costas de resolución del recurso.
La resolución del alto tribunal autonómico permite continuar con el proceso y avanzar en la determinación de la fecha de juicio. La sección tercera de la Audiencia, que asume su organización, debe concretar ahora quién de las tres magistradas designadas para conformar el tribunal ejerce de ponente, entre Esquivá, Navarro o Cristina Costa. Esta última magistrada había planteado su abstención por el mismo motivo: haber resuelto recursos previos. Sin embargo, su escrito también fue descartado.
La sección tercera también debe valorar ahora la gran cantidad de pruebas y testimonios propuestos por las partes para concretar cuántas jornadas de juicio resultarán necesarias y buscar fechas disponibles para el desarrollo de la vista.
Fuentes judiciales apuntaron que, en todo caso, el juicio no se celebrará como muy pronto hasta finales de 2020 o principios de 2021.
