Una de las protestas organizadas por los sindicatos representados en el Ayuntamiento de Alicante por el desarrollo de la carrera profesional.ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante encuentra, de nuevo, el camino despejado para poder implantar el sistema de ascensos y de mejoras retributivas de la llamada carrera profesional. El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Alicante ha desestimado el recurso interpuesto por la Subdelegación del Gobierno frente a la incorporación de una primera partida de 205.000 euros para la implantación de ese sistema, a través de los presupuestos municipales de 2022, tras considerar que la normativa contempla (y promueve) que el conjunto de las administraciones implanten dichas mejoras salariales y profesionales, sin que los límites retributivos puntuales que puedan fijarse en la Ley de Presupuestos Generales puedan constituir un freno.
La sentencia, que llega en un contexto de reanudación de las conversaciones con los representantes sindicales para la implantación de la carrera profesional, concreta de manera textual que "una Ley de presupuestos no puede, sin modificar previamente la norma legal que regula el régimen sustantivo de una determinada parcela del ordenamiento jurídico, desconocerlo, procediendo a efectuar una aplicación distinta a la prevista en la norma cuya aplicación pretende".
En esta línea, apunta que "tal es lo que acontece en el presente caso, pues existe previsión legal que impone a las Administraciones Públicas (en este caso al Ayuntamiento de Alicante) la obligación de reconocimiento y regulación del complemento de carrera profesional, y la dotación presupuestaria establecida al efecto", lo que, según expone la resolución judicial, "en modo alguno resulta equiparable a incrementos retributivos puntuales que pueda acordar una administración, por lo que el acuerdo plenario impugnado no se ve afectado (dado su alcance) por los límites presupuestarios analizados".
Como informó este diario, la Subdelegación del Gobierno había registrado su recurso frente a la inclusión de la partida presupuestaria específica incluida en los presupuestos de 2022 (ahora prorrogados) al considerar que incumplía "la previsión normativa contemplada en el artículo 19 de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 (como precepto de carácter básico)" en la medida en que el desarrollo de la carrera profesional contemplaría "actuaciones que implicarían un crecimiento retributivo global superior al 2% permitido en dicho artículo".
Sin embargo, el juzgado no da por válida esa limitación en base a la reciente sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) en relación a un proceso similar que afectaría al Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, en el que también se acordó el desarrollo de la carrera profesional. En esa sentencia, el alto tribunal concluye que el límite fijado a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado solo puede afectar a incrementos retributivos puntuales, pero no al desarrollo de la carrera profesional, al tratarse de un sistema amparado y respaldado por el ordenamiento jurídico.
Se trata del segundo pronunciamiento judicial favorable al Ayuntamiento de Alicante respecto al proceso de implantación de la carrera profesional, tras la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso número 4 conocida en septiembre por la que se desestimaba el recurso interpuesto por la Confederación de Sindicatos de Empleados Públicos (Fesep) contra el Reglamento de Evaluación del Desempeño y Rendimiento y Carrera Profesional Horizontal del Personal del Ayuntamiento de Alicante aprobado en pleno el 30 de junio de 2022, al tiempo que se reconocía que la implantación de esta nueva figura en el consistorio alicantino cuenta con la colaboración de los sindicatos.
Así lo ha subrayado, de hecho, el mismo alcalde de Alicante, Luis Barcala, a través de un comunicado, en el que ha apuntado que el Ayuntamiento "sigue avanzando satisfactoriamente" en la implantación de la carrera profesional y se ha felicitado por la sentencia. "Teníamos dos procedimientos jurídicos que podían condicionar el futuro de la carrera profesional: uno interpuesto por un sindicato que cuestionaba el reglamento sin el cual no puede aplicarse la carrera y otro interpuesto por la Subdelegación del Gobierno de España que, directamente, se negaba a aplicar y pagar la carrera profesional", ha explicado Barcala. El primer edil ha añadido que ninguno de esos dos procedimientos "ha supuesto freno para que el equipo de gobierno siguiera progresando en la total implantación, que hemos avanzado en la fijación de factores y en el acuerdo de cantidades y plazos de aplicación".
"El Ayuntamiento ha ganado ambos procedimientos porque hemos defendido el trabajo realizado, la voluntad de implantar la carrera profesional y la legalidad y legitimidad de la plantilla municipal para ser reconocido este derecho", ha recalcado el alcalde. "Serán el Gobierno de España y los partidos que lo conforman con representación en este Ayuntamiento los que deban explicar por qué atacan la implantación en Alicante de la carrera profesional. Que dejen ya ese doble discurso de decir aquí que la apoyan, al mismo tiempo que intentan impedir su implantación por medio de demandas", ha insistido. "Seguimos avanzando satisfactoriamente en la negociación", ha concluido Barcala, "convencidos de que está muy próximo el acuerdo definitivo del equipo de gobierno con los sindicatos".
De hecho, las negociaciones sobre la propuesta de implantación de la carrera profesional han proseguido este miércoles con una nueva reunión entre concejales del PP y representantes de los cinco sindicatos presentes en el Ayuntamiento (SEP, CCOO, UGT, CSIF y FESEP) con el fin de plantear posibles propuestas alternativas al último planteamiento defendido por el equipo de gobierno.
Ese nuevo encuentro se ha saldado con una fórmula alternativa a iniciativa de UGT, CSIF y FESEP, de la que se han apartado SEP y CCOO. En esta línea, los tres sindicatos proponentes de la nueva propuesta han señalado, a través de un comunicado, que esa nueva fórmula eleva la provisión de fondos para la implantación de la carrera profesional hasta los 10 millones con el añadido de que deberían desplegarse en el margen de cinco años. "El equipo de gobierno nos emplaza la semana que viene para informarnos si es viable la única contra-propuesta presentada por los únicos sindicatos que nunca se han levantado de las negociaciaciones y aceptan lo demandado por esta parte social (ya que la propuesta inicial de los cinco sindicatos ha sido desestimada por un informe desfavorable de la oficina presupuestaria por no tener viabilidad)", explica el comunicado.
Por su parte, SEP y CCOO han remitido un segundo comunicado en el que se precisa que la reunión celebrada este miércoles ha puesto de manifiesto "la ruptura de la unidad sindical respecto a la negociación de la carrera profesional". "CCOO y el SEP-CV nos hemos mantenido firmes en la propuesta acordada por todos los sindicatos el pasado mes de abril, en la cual acordamos una implantación al 100% de la carrera profesional en el año 2026, con una cantidad que ronda los 10 millones de euros. Sin embargo, los sindicatos CSIF, UGT y FESEP han presentado una propuesta de manera unilateral, sin contar con CCOO y el SEP-CV, en la que proponen una cantidad de cinco millones de euros para los próximos 3 años", apuntan representantes de los dos sindicatos. "Además, añaden la solicitud de un compromiso en el año 2027 con el equipo de gobierno saliente, para incrementar en los dos siguientes años la cuantía en 5 millones más", explica el comunicado.
Y añade que "CCOO y el SEP-CV no entendemos esta forma de negociar a la baja, sin garantías reales por parte del Ayuntamiento, ya que, no podemos olvidar, que llevamos desde el año 2019 con promesas firmadas y no cumplidas. Por todo esto, continuaremos con las movilizaciones hasta ver reflejada en nuestras nóminas una carrera profesional digna", concluyen sus representantes.
El debate sobre la implantación de la carrera profesional se ha visto salpicado, además, por la reorganización de la estructura municipal promovida por el equipo de gobierno por la que se plantea el nombramiento de dos coordinadores y diez directores generales, con una retribución bruta de entre 82.000 y 75.000 euros anuales.
El nombramiento y contratación de las personas que ocuparán esos nuevos puestos directivos quedan supeditados a la aprobación previa del acuerdo necesario para establecer sus retribuciones, para lo que el PP necesita que esa relación de asignaciones quede refrendada en pleno por mayoría simple. Hasta el momento, ninguno de los cuatro grupos que ejercen funciones de oposición han comprometido su apoyo a esa medida. Y, de hecho, los cuatro han condicionado su voto a favor o su abstención a que se cumpla con el compromiso de implantación de la carrera profesional con carácter previo.
Por lo pronto, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se ha referido este miércoles a la propuesta de nombramiento de esos nuevos puestos directivos para justificar la decisión como medida para que Alicante avance. "Alicante es una gran ciudad y debe dotarse de la estructura de una gran ciudad", ha apuntado, durante la visita girada a la reactivación de las obras de regeneración arquitectónica de edificios del barrio de Miguel Hernández.
Mazón y Barcala, en su visita al barrio de Miguel Hernández.Mazón ha considerado que la introducción de esa nueva estructura de cargos directivos en el Ayuntamiento es diferente a la política de reducción de cargos aplicada en la Generalitat desde su toma de posesión como presidente, sobre la que ha destacado que se ha reducido "en un 25% las direcciones generales, además de los altos cargos" en lo que ha defendido como una reducción de "grasa en la administración". "Solo en altos cargos, en subsecretarías y en eventuales vamos a generar un ahorro a todos los ciudadanos de la Comunitat en términos de legislatura, de 20 millones de euros; pero eso además es compatible con lo que sí tiene que ser, lo que sí es efectivo y que nos ayuda a ahorrar plazos y a optimizar", en alusión al nombramiento de Francisco Ortega como nuevo director de Simplificación Administrativa.
"Hay procesos burocráticos que tenemos que eliminar o reducir", ha señalado. "Esto es lo que va a hacer la dirección general, que queda a cargo de Presidencia, y que va a coordinar todas las políticas de todas las direcciones generales para eliminar pasos que son innecesarios y lo estamos poniendo en marcha", ha argumentado. Así, ha considerado que "el Ayuntamiento de Alicante está optimizando también; Alicante es una gran ciudad, y para ejecutar, pone en marcha una serie de elementos que van a permitir mejorar; yo también he creado una Dirección General de Pesca que antes no estaba, o la de Simplificación Administrativa o la de Atención Primaria", ha expuesto.
"No se trata de lo que se crea o lo que se destruye; se trata de que sea útil lo que se pone en marcha y Alicante necesita una estructura de gran ciudad, porque Alicante necesita dar un paso hacia adelante hacia la Champions League de las grandes ciudades y, por tanto, estamos optimizando procesos a través de mejor coordinación; Alicante merecía desarrollar su estructura de gran ciudad y por tanto estamos en el camino adecuado", ha concluido.
