La edil de Cultura, Marga AntónELCHE. El caso de las exhumaciones sin contrato de Elche queda archivado provisionalmente sin responsabilidades penales para la concejal de Cultura, Marga Antón, y tampoco para ninguno de los dos funcionarios, tanto al arqueólogo municipal —a quien se llegó a abrir un expediente disciplinario—como el TAG de Cultura; ambos armaron el expediente. El Juzgado de Instrucción nº2 de Elche ha sobreseído provisionalmente la investigación sobre la edil, "al aceptar en todo momento las indicaciones de los dos expertos, arqueólogo municipal y TAG, no apreciarse dolo alguno ni conocimiento de las anomalías existentes, ni acreditarse interes espurio en la adjudicación de una mercantil con la que caercía de todo vínculo acreditado". La sentencia no es firme y cabe recurso de reforma en tres días.
Salvo sorpresa, por tanto, carpetazo a un asunto que había quedado en un segundo plano pero que seguía coleando y con el que había cierta tensión contenida. Aunque confiaban en que no tuviese recorrido, en sectores del PSOE había temor a que pudiera salpicar esta cuestión después de apostar por la renovación de Carlos González, porque hubiera sido un golpe duro a la gestión del actual equipo de gobierno. En el auto judicial se indica que "en el presente caso se ha dado una explicación a todas y cada una de las anomalías detectadas en el expediente que excluyen por tanto la arbitrariedad de la actuación llevada a cabo por sus responsables y por la propia investigada asesorada por ellos", apunta, lo que va en sintonía con el informe realizado por el Secretario municipal, que atribuía el no contrato a una sucesión de errores en el trámite.
Exhumaciones en el CementerioAsí, el auto señala que "a ello hay que añadir que no existe prueba alguna de que en dicha acción irregular existiera un conocimiento y voluntad de ello, esto es, de que se actuara a sabiendas de tal irregularidad, hasta el punto de que no se ocultó, sino más bien se publicitó el inicio de unas obras que de haber sabido que no estaban amparadas por la legislación procesal vigente no se habrían expuesto a la opinión pública". El Partido Popular, quien puso el caso en los juzgados, acusó a la edil de un presunto delito de prevaricación administrativa por el no contrato, con otros asuntos colaterales como el hecho de que la adjudicataria de las obras, Drakkar, tuviera ya a miembros de la compañía como responsables en la propuesta de un informe previo para llevar a cabo los trabajos, de lo que advirtió Vox. Según indicó el arqueólogo en sus declaraciones, conoció subvenciones para estas exhumaciones a través de los trabajos de esta empresa realizados en Alicante, por lo que le ayudaron en la documentación de la solicitud. Y ese es el motivo de que figurasen:
Finalmente y con respecto a la intervención de la mercantil Drakkar S.L. y las sospechas suscitadas sobre el interés en su adjudicación, el arqueólogo municipal manifestó en su declaración que fue él quien tomó contacto con dicha empresa cuando desde Alicante le comunicaron la posibilidad de acogerse a las subvenciones al existir una fosa en el Cementerio de Elche en la que podrían hallarse restos humanos que podrían subsumirse en la ley y ser objeto de exhumación. Ese contacto meramente técnico fue lo que llevó a dicho funcionario a incluir a los responsables de esta empresa en la redacción del proyecto, pues de ellos en definitiva partía la idea, y que por lo tanto también dicha mercantil ofertara su propuesta de adjudicación en un proyecto que conocían.
El auto del juzgado da por esclarecidas las anomalías que llegaron a hacer que la oposición en bloque pidiera la dimisión de la edil. Se reconoce que con el proceso "resultó una irregularidad palmaria el inicio de las obras de ejecución cuando el procedimiento administrativo se hallaba en su fase inicial (por ejemplo, sin la exposición pública finalizada) y desde luego no había concluido, por lo que ni constaba aún el acuerdo de adjudicación ni la redacción del contrato administrativo ni el resto de resoluciones preceptivas". También alude a la "bisoñez" del Técnico de Administración General, nuevo en el puesto, y que junto al arqueólogo, se hizo pasar por error esta actuación propia de un concurso público por un contrato menor. Y aquí alude el auto a otra cuestión que se planteó en su momento, "falta de competencia de Cultura para adjudicar contratos menores. La falta de competencia de la Concejalía de Cultura también se disculpa sobre el hecho de que las bases redactadas no recogieron fielmente el acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno Local y ello dio lugar al error sufrido por el TAG, que se tuvo en cuenta para una subsanación en la redacción efectuada".
En definitiva, se da por comprobado que la actuación no se hizo a sabiendas ni con arbitrariedad, y que la concejal Marga Antón "tampoco tuvo ninguna intervención en la calificación del contrato ni en determinar si su concejalía tenía o no competencia para tramitar el mismo, ya que estas cuestiones jurídicas correspondían al TAG, y por tanto su informe favorable era suficiente para que la responsable política del ramo aceptara sus decisiones". Por ello asistió a la inauguración "convencida de su legalidad", explica el informe. Así pues, punto final, salvo que el PP recurra el auto.
