ALICANTE. La propuesta de implantación del pago de entrada para acceder al Castillo de Santa Bárbara que sopesa el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), contaría con el respaldo del conjunto de los cuatro grupos políticos que ejercen funciones de oposición (PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem) siempre que estuviese vinculada a una condición fundamental: que se exonerase de su pago a los ciudadanos censados en la ciudad.
Así lo pusieron de manifiesto representantes de las cuatro formaciones a consulta de Alicante Plaza, este jueves, después de que este diario anticipase que los departamentos de Turismo y Hacienda ya trabajan en la elaboración de una ordenanza reguladora que permita instaurar su cobro, tras elaborar un estudio comparativo de los precios establecidos en otros monumentos históricos visitables de la provincia y del conjunto del país.
Lo cierto es que los portavoces de los grupos de la oposición consultados coincidieron, básicamente, en las dos mismas condiciones básicas para facilitar su respaldo a esa hipotética propuesta, en el supuesto de que esa ordenanza reguladora llegue a someterse a debate en pleno, una vez superados los posibles escollos jurídicos que pudiesen plantearse. La primera de esas condiciones es que se exima de su pago a los alicantinos. "Estamos absolutamente de acuerdo en cobrar una entrada, siempre y cuando no se haga pagar a los alicantinos", apuntó la portavoz adjunta del PSOE, Trini Amorós. Y el portavoz de Compromís, Rafa Mas, entre el resto de representantes opositores, se pronunció en términos similares, aunque extendió los supuestos sujetos a exención, para asegurar que la coalición valencianista estaría a favor "siempre y cuando no se cobre a los alicantinos, a personas que investiguen, de la ciencia, estudiantes o discapacitados".
Por lo pronto, como informó este diario, la discriminación en el pago para eximir a los vecinos censados en Alicante sería una de las principales dificultades pendientes de solventar en la propuesta de ordenanza que trataría de promover el equipo de gobierno. Se trata, de hecho, de una de las circunstancias que estaría retrasando la decisión de iniciar su tramitación ante los órganos de representación política (Junta de Gobierno, comisión informativa y pleno).
La segunda condición que también quedaría secundada por la mayoría de ellos. Consistiría en que se estableciesen garantías de que la recaudación obtenida se emplease para contribuir a financiar los gastos de funcionamiento del conjunto de bienes patrimoniales de la ciudad de modo que se convirtiese como un instrumento de generación de ingresos con un uso finalista. Se trata, igualmente, de una opción por disipar, ya que, en principio, los ingresos obtenidos por esa entrada pasarían a contabilizarse en la caja única del Ayuntamiento, de modo que no podrían quedar ligados únicamente a sufragar gastos de mantenimiento y conservación del patrimonio. En todo caso, Amorós incidió en que el PSOE respaldaría la implantación del pago de entrada "pero lo recaudado debe ser finalista para mantenimiento de museos, patrimonio y promoción de nuestros artistas y creadores", resumió Amorós.
Por su parte, la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, incidió en esa misma idea al sostener que "el importe recaudado anualmente" debería reinvertirse "en el mantenimiento y mejora del propio Castillo y de otros bienes culturales e históricos de esta ciudad". "Ahora bien, también tenemos que explicar que para cobrar por el acceso al Castillo de Santa Bárbara se tiene que ofrecer una experiencia de calidad y un mantenimiento adecuado. No se podría aceptar cobrar por entrar a un monumento vacío y en mal estado. Sería vergonzoso para Alicante", advirtió.
A esas dos ideas principales, la líder municipal de Vox sumó una tercera condición: que el precio que se determine "sea similar al de monumentos del mismo tipo". Un planteamiento que, precisamente, ya se habría abordado con el estudio comparativo de importes acordados para la visita a otros espacios históricos visitables, ya citado.
En todo caso, tanto Mas como el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, fueron un paso más lejos y plantearon que, pese a la conveniencia de la medida, se debería apostar por fijar una tasa turística general para el conjunto de visitantes a la ciudad, de forma que la medida no quedase limitada únicamente a la fortaleza del monte Benacantil. "Que se dejen de medidas menores y que implanten de una vez la tasa turística para que el turismo realmente suponga ingresos que reviertan en servicios públicos de calidad en esta ciudad. No puede ser que no haya ningún tipo de contraprestación hacia los turistas y que solo revierta en empresas privadas el beneficio de sustancia en nuestra ciudad. Lo de la entrada al Castillo es otro parche más a los que nos tiene acostumbrado el equipo de gobierno", consideró Copé.