Guía para seguir el 'caso Belmonte': ¿compró o intentó comprar alguien el voto de la tránsfuga?

ALICANTE. Las circunstancias que rodearon al desarrollo del pleno de elección del popular Luis Barcala como nuevo alcalde de Alicante, tras la dimisión del socialista Gabriel Echávarri, van a obligar a los resortes de la Justicia a emplearse a fondo para dilucidar si hubo o no un intento de compra de la voluntad política de la edil no adscrita, Nerea Belmonte. Y en caso afirmativo, de quién provino y si prosperó. La Fiscalía Anticorrupción ya se ocupa de ello, con la apertura de unas primeras diligencias a instancias de la denuncia presentada por José Luis Valdés y Francisco García, dos activistas vecinales -a su vez, militantes de Podemos- después de que la exconcejal de Guanyar manifestase en un pleno que había recibido una oferta de un sueldo de 3.500 euros y la posibilidad de ir en las próximas listas electorales a cambio de su posición de voto. Ese fue el origen del caso Belmonte. Pero desde entonces han trascendido datos adicionales con nuevos protagonistas -como el asesor municipal contratado y destituido por Barcala, Miguel Ángel Redondo, a quien se vincula con Belmonte- que han enmarañado su resolución hasta el punto de dar pie a otras tres denuncias posteriores: las de PSOE, Compromís y Ciudadanos, además de la ampliación de documentación de Guanyar en las diligencias ya abiertas.   

Estas podrían ser algunas de las claves del asunto. 

En aquella polémica intervención ante el pleno en la que Belmonte desveló el supuesto ofrecimiento de un sueldo, no llegó a señalar a nadie de forma concreta: se limitó a descartar que la oferta hubiese procedido del PP e invitó al portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón (quien había lanzado una pregunta previa dirigida a Barcala) a buscar entre los escaños más próximos al suyo. En esa ubicación se sitúan los concejales de PSOE, Guanyar y Compromís. Sin apuntarles de forma explícita, Belmonte consiguió poner el foco en las tres fuerzas que compartieron funciones de gobierno hasta noviembre de 2017, con quienes ella asumió las concejalías de Acción Social y Vivienda hasta marzo de 2016. En esa fecha, Belmonte fue expulsada de Guanyar y cesada de sus competencias, cuando se dio a conocer que había concedido contratos menores de manera directa a personas de su entorno. Guanyar consideró que era una conducta que no cabía en su código ético, después de que el PSOE y Echávarri presionasen en sus valoraciones públicas al respecto para que los errores políticos tuviesen consecuencias. Belmonte perdió, en ese momento, su retribución como concejal.

Esas mismas tres fuerzas políticas (PSOE, Guanyar y Compromís) fueron, además, las que llegaron a un principio de acuerdo, el pasado 18 de abril, para investir a la socialista Eva Montesinos como nueva alcaldesa, con un documento de 18 compromisos políticos entre los que se incluía la petición que venía reivindicando Belmonte desde hacía un año. En ese texto firmado por PSOE, Guanyar y Compromís se preveía una reforma del Reglamento Orgánico del Pleno (ROP) para reconocer derechos políticos y económicos a los concejales no adscritos, vetados en su redacción actual. En ese acuerdo no se contemplaba en ningún caso que se fuese a aprobar un segundo acuerdo posterior para concederle sueldo a Belmonte: sólo se levantaba la prohibición de que pudiese tenerlo. Es decir, se trataba de la misma propuesta de acuerdo que el PSOE empezó a tramitar en diciembre; la misma que permanece sin resolver desde finales de enero, cuando el secretario municipal emitió un informe que la avalaba, y la misma que Barcala prevé desbloquear ahora, siguiendo su tramitación lógica, para no exceder más los tiempos de resolución de ese expediente.

La comisión negociadora del PSOE, que fue quien pilotó la búsqueda de apoyos para retener la Alcaldía, trasladó ese documento a Belmonte en busca de su voto. Era el que resultaba clave para reunir mayoría absoluta, ante el rechazo de Ciudadanos (Cs) a garantizar la elección de Montesinos. Pero a Belmonte, que acudió a esa última cita con los socialistas acompañada de Elsa Martínez (exconcejal del PP, expareja del presidente local de los populares, Toño Peral, y amiga personal de Belmonte) la propuesta pareció no convencerle. Según el PSOE, la edil convino dar una respuesta formal antes del pleno sobre si la aceptaba o la rechazaba. Pero no lo hizo. Al día siguiente, en el pleno de investidura emitió un voto en blanco que, en último término, dio la alcaldía a Barcala como candidato de la lista electoral más votada en 2015.

Cuando Belmonte hizo público el presunto ofrecimiento del sueldo, el PSOE -que se sintió señalado al haber sido el partido que buscó los votos para la investidura- se apresuró a desmentir las insinuaciones de la edil que, para entonces, ya había alterado (por omisión, al no votar a nadie) la mayoría progresista elegida para gobernar en las municipales de 2015.

El teléfono de Franco no está conectado con el servicio de 'whatsapp' y, según fuentes de Fiscalía, hasta ahora no se ha aportado ninguna grabación como posible evidencia de nada 

El foco se circunscribió aún más sobre el PSOE después de que Belmonte y Martínez declarasen ante el fiscal Anticorrupción. Ambas ofrecieron ante Felipe Briones un relato de las últimas 24-48 horas previas al pleno de elección de alcalde: reuniones, contenido de la negociación, ofrecimiento del sueldo y nombres de los protagonistas. Toda esa información, según relataron al término de su comparecencia, quedaban probadas con la documentación que ellas pusieron a disposición del fiscal. Entre las identidades supuestamente reveladas, según informaciones periodísticas, habrían citado la del exsenador y exconcejal del PSOE, Ángel Franco, a quien se le atribuye el control de la agrupación local del partido desde hace más de 20 años. Franco ya negó entonces esas insinuaciones y se puso a disposición de la Fiscalía para facilitar las explicaciones que se considerase.

Pero, ¿con qué tipo de documentación podría haber quedado demostrado ese supuesto intento de compra del voto de Belmonte? Martínez insistió en declaraciones a Alicante Plaza este viernes que, entre esos documentos, figuraban mensajes de WhatsApp supuestamente alusivos a la presunta oferta de ese sueldo de 3.500 euros para Belmonte y otro por la misma cuantía para ella. En esas manifestaciones, formuladas a las puertas de la Fiscalía (donde había vuelto a personarse para aportar esa documentación), Martínez atribuyó directamente a Franco ese ofrecimiento, realizado en la puerta de su domicilio particular (el de ella).

Por ahora, si realmente existió el encuentro relatado por Martínez en el que se le trasladó esa oferta, no se ha dado a conocer que hubiesen testigos para confirmarlo. Tampoco se ha revelado quién pudo enviar esos mensajes de whatsups, aunque lo que sí parece descartado es que los remitiese Franco, ya que su teléfono personal no está conectado con ese servicio de mensajería. Y por el momento, según las fuentes de Fiscalía consultadas por Alicante Plaza, tampoco se ha aportado ninguna grabación que pueda atestiguar que realmente existiese dicha oferta de sueldo. 

Hasta ahora, no se ha citado al propio Franco para que preste declaración, y tampoco se ha solicitado la comparecencia de ninguno de los dirigentes del PSOE que formaron parte de la comisión negociadora: la propia Eva Montesinos, José Muñoz (secretario de Organización del PSPV), Miguel Millana (secretario general del PSOE en Alicante) y Carlos Fernández Bielsa (secretario de Relaciones Institucionales del PSPV). La Fiscalía sí ha tomado declaración a los portavoces de Guanyar y Compromís, Miguel Ángel Pavón y Natxo Bellido, quienes dieron cuenta del contenido de su negociación con el PSOE y confirmaron que no participaron en el último encuentro celebrado por la comisión negociadora del PSOE con Belmonte, en la noche del 18 de abril. Según relataron, en todas las reuniones en las que ellos participaron, Franco no estuvo presente.

Los asesores de Barcala

Después, llegó la difusión de las identidades de los cargos de confianza contratados por el equipo de Gobierno del PP como asesores municipales. La relación completa de esos nombres se dio a conocer con la publicación de los decretos de nombramiento en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP): un trámite regulado por ley que se produjo casi dos meses después de la toma de posesión de Barcala. Entre esos 17 nombres, figuraba el de Miguel Ángel Redondo, un conocido de Elsa Martínez y de Nerea Belmonte, según admitieron ambas cuando se conoció su incorporación como cargo de confianza de Barcala. Sobre la contratación de Redondo se venía especulando en el Ayuntamiento de Alicante al menos desde la última semana de mayo: fuentes municipales le atribuían el papel de mediador entre Belmonte y el PP durante las jornadas previas al pleno de elección de alcalde. Alicante Plaza trató de confirmar su contratación a través de portavoces oficiales del equipo de Gobierno justo un día antes de que los decretos de nombramiento del personal de confianza se publicasen en el BOP, pero no obtuvo ninguna respuesta. 

Después de que trascendiese su contratación oficialmente, fuentes municipales han venido señalando que Redondo había sido visto junto a Belmonte en algunas visitas a dependencias municipales y a sedes de diversas entidades sociales.

El mismo día en el que se hizo pública su contratación, el alcalde, Luis Barcala, protagonizó una comparecencia pública para confirmar su destitución, con el argumento de que se había conocido, a través de un medio de comunicación, que Redondo pudo haber declarado en sede judicial en relación a una causa de índole personal (Redondo es padre de la niña que fue rescatada en el balcón de una vivienda en la Plaza de Luceros) que había recibido pagos en negro de Cruz Roja y Ciudadanos (algo que tanto la ONG como el partido han desmentido). Según Barcala, el contenido de esa supuesta declaración (que al parecer, Redondo niega haber realizado) generó una pérdida de confianza que forzaba su destitución, sin entrar a considerar su presunto vínculo con Belmonte, del que dijo haber tenido constancia justo en esa misma jornada.

Barcala dijo que había conocido a Redondo en la campaña de las municipales de 2015 al coincidir con él junto al entonces candidato de Ciudadanos, José Luis Cifuentes. Según Barcala, Redondo se ofreció al PP para ser asesor y se le contrató por sus "muy buenos contactos". Después, se le adscribió a la Concejalía de Infraestructuras para que elaborase informes sobre el mantenimiento de la escena urbana. Lo cierto es que Redondo sí había intentado una aproximación a Cs a través de Cifuentes, a quien conocía también de su etapa en la órbita del PSOE, de la que también procedía el propio Cifuentes. Según fuentes del PSOE, Redondo formaba parte del entorno de militantes vinculados a la Universidad de Alicante (UA) y también guardaba cierta afinidad con el círculo más cercano al propio Franco. Ahora, sin embargo, pasaba a colaborar con el PP (a priori, en el otro extremo del espectro ideológico) como cargo de confianza con un sueldo en régimen de dedicación completa de 2.500 euros mensuales.  

Como ya se ha contado, las explicaciones de Barcala sobre los motivos que habían llevado a su contratación no convencieron a los grupos de la oposición. Hasta el propio Redondo rectificó la versión de Barcala y dijo que había sido el PP quien le había buscado para ser asesor con la intención de aprovechar sus conocimientos para preparar la próxima campaña electoral. De ahí que PSOE, Compromís y Cs presentasen tres denuncias por separado para que, si lo consideraba oportuno, la Fiscalía abriese una segunda línea de investigación independiente con el propósito de esclarecer si la contratación de Redondo pudo influir en la posición de Belmonte en el pleno de elección de alcalde. Su argumento es que se trata de hechos distintos que afectan a personas diferentes aunque el escenario de fondo siga siendo el voto de Belmonte en la elección de alcalde. Esas denuncias se registraron entre el jueves y el viernes. Hasta ahora no ha trascendido si la Fiscalía prevé abrir nuevas diligencias por separado o acumularlas en las que ya se instruyen.

¿Cuál es el resultado de lo conocido hasta ahora? Un cúmulo de extrañas coincidencias, de ocultaciones, de acusaciones reforzadas y de desmentidos sobre ellas (la palabra de Belmonte y Martínez frente a la de Franco), aunque todavía pocas evidencias concluyentes más allá de que Belmonte reclamó una restitución de derechos que se le prometió, sin garantía de sueldo por su labor política como concejal, pero que no fue suficiente para que ella mantuviese el voto que sí emitió en 2015 para que resultase elegido un alcalde del PSOE.