Belmonte altera la mayoría y cruza la línea hacia el transfuguismo por despecho y un sueldo

ALICANTE. De la Plataforma Antidesahucios a Podemos. De Podemos a Guanyar. De Guanyar al rincón de los no adscritos, después de que trascendiese que había concedido contratos menores de manera directa a personas de su entorno (sin que se abriese ninguna investigación municipal ni judicial al respecto). Y de ese purgatorio al transfuguismo. Ese ha sido el viaje que ha completado la edil Nerea Belmonte entre 2015 y este jueves, cuando su voto en blanco (junto a la papeleta nula del segundo concejal no adscrito, Fernando Sepulcre, y los autovotos de Cs) ha acabado precipitando un cambio de signo político en el Ayuntamiento de Alicante.

Lo cierto es que, hasta el momento, Belmonte había venido respaldando la mayor parte de las propuestas de acuerdo planteadas por el ya extinto tripartito después de haber sido expulsada de Guanyar para convertirse en no adscrita. Así que ni su salida del grupo político por el que logró el acta de concejal había sido voluntaria, ni había alterado la mayoría de gobierno: las dos condiciones que definen el transfuguismo (según la Real Academia de la Lengua, tránsfuga es: 1. Persona que pasa de una ideología o colectividad a otra. 2. Persona que con un cargo público no abandona este al separarse del partido que lo presentó como candidato. 3. Militar que cambia de bando en tiempo de conflicto). No obstante, con su posición en el pleno de elección de alcalde, ella misma rompió ese relato al facilitar que se diese un vuelco político al frente de la segunda ciudad de la Comunitat.

PSPV, Guanyar y Compromís habían fiado la continuidad de un gobierno de progreso a la concejal que, a priori, mantenía una mayor afinidad idelológica con los postulados de la izquierda. Los socialistas entablaron negociaciones con ella con la intención de solicitar su apoyo determinante para la investidura de Eva Montesinos. Y ella planteó sus condiciones: hasta este martes, venía reclamando que se produjese su restitución moral. ¿Cómo? Con la modificación del Reglamento Orgánico de Pleno que ella había planteado en diciembre para que se reconociese a los ediles no adscritos los mismos derechos políticos y económicos que al resto de concejales. Es decir, que se le permitiese presentar mociones y declaraciones institucionales; que fuese incorporada a las comisiones no permanentes de pleno, y que pudiese disponer de un sueldo por su labor política como el resto de concejales de la corporación. En Alicante, todos los ediles salvo Belmonte y el también edil no adscrito Fernando Sepulcre (que cobra de la Diputación) perciben una retribución que oscila entre los 35.000 y los 47.000 euros brutos anuales, en función de sus atribuciones y dedicación horaria.

Como contó Alicante Plaza, esa reforma había sido avalada con un informe del secretario municipal. También por un segundo dictamen de la Asesoría Jurídica municipal, solicitado por Guanyar, que ratificaba las conclusiones del secretario. Y con esos informes, los tres exsocios que compartieron responsabilidades de gobierno hasta el pasado noviembre, se habían comprometido por escrito a impulsar esa reforma del ROP antes de agosto de este año. Es más, las tres fuerzas ya se habían comprometido a ello al firmar su pacto de gobierno de 2015.

PSOE, Guanyar y Compromís hablan de 'tamayazo' y dan por hecho que la no adscrita tenía cerrado un acuerdo con el PP para que no facilitase la investidura de Montesinos

El PSOE le comunicó ese compromiso durante un último encuentro celebrado en la tarde del miércoles. Pero a Belmonte, que acudió a la cita acompañada de la exedil del PP, exdirectora de Ciudad de la Luz y actual responsable de la agencia Año Cero Comunicación, Elsa Martínez (con quien mantiene una relación de amistad), no le pareció suficiente. En ese momento, reclamó que también se reflejase por escrito la promesa de que se promovería un acuerdo para concederle sueldo, ya que la reforma del ROP solo conllevaba una autorización para percibirlo, pero no que se le concediese. Hasta entonces, Belmonte no había expuesto ese requisito como condición para prestar su apoyo a Montesinos. Pero ni PSOE, ni Compromís y mucho menos Guanyar se mostraron dispuestos a incluir su último requerimiento. Como publicó este diario, las fuentes consultadas precisaron que, incluso aunque pudiese corresponderle, eso hubiese implicado plegarse a un chantaje y certificar que se estaba produciendo una compra de su voluntad política a cambio de la concesión de un sueldo.

Belmonte no dio ninguna respuesta definitiva sobre la última propuesta que se le había hecho llegar a través del PSPV, en la que se descartaba la inclusión de una promesa por escrito sobre sus retribuciones. No lo hizo durante la noche del miércoles y, al parecer, tampoco durante la mañana del jueves, antes de que diese inicio el pleno de investidura. Después, votó en blanco, lo que, a la postre, permitió que el Gobierno de la ciudad recayese en el PP como lista más votada.

¿Cuál fue su justificación sobre ese voto? Según explicó al término de la sesión, que había pedido que se produjese el reconocimiento de sus derechos políticos y económicos para que se restableciese su dignidad y se le concediese el respeto que merecía, en igualdad de condiciones que el resto de concejales de la corporación. Sin embargo, señaló que no se le había concedido y atribuyó el rechazo a ese reconocimiento al portavoz municipal de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, a quien Belmonte considera responsable de su expulsión del equipo de Gobierno (como alternativa a que se produjese el cese de la también edil de Guanyar, Marisol Moreno, condenada por injurias a la Corona por manifestaciones realizadas antes de convertirse en concejal) al mismo nivel que al exalcalde, Gabriel Echávarri, quien presionó para que se produjese su salida con la intención de desgastar a Guanyar. De ese episodio de su expulsión, al margen de la restitución moral y de la asignación de un sueldo, pudo derivar una parte esencial de la motivación por la que se guió la regidora: según coincidieron varios miembros de la corporación, Belmonte tenía deudas personales que saldar y, con su voto, pudo tratar de resarcirse.

Más tarde, llegaron las críticas, los ataques, las insinuaciones y las sospechas. Los portavoces y representantes de PSOE, Guanyar y Compromís, además de algunos de sus responsables orgánicos, pusieron el foco en las posibles contrapartidas que podrían haber influido en la decisión de Belmonte y en los posibles acuerdos que podría haber alcanzado con el PP. Nadie aportó ninguna concreción al respecto, pero insistieron en que había quedado demostrado que la supuesta negociación sobre su apoyo había sido un paripé. "Lo tenía ya cerrado con el PP", señaladron. Lo que sí está descartado es que el nuevo equipo de Gobierno pueda acordar ahora la concesión del sueldo que Belmonte reivindicaba, ya que el PP no dispone de la mayoría necesaria para aprobarla en el pleno y ningún otro grupo político votaría a favor. Por lo pronto, los populares negaron haber mantenido ningún contacto con Belmonte ni haber interferido para modular su posición.