El alcalde, Luis Barcala, conversa con el edil no adscrito, Fernando Sepulcre, ante Nerea Belmonte, en un pleno. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La reforma normativa presentada por la tránsfuga Nerea Belmonte con el propósito de que se abriese la puerta a la restitución de sus derechos políticos y económicos se acerca definitivamente a su debate en el pleno. El alcalde, el popular Luis Barcala, tiene sobre su mesa el expediente sobre esa propuesta de modificación del Reglamento Orgánico del Pleno (ROP), iniciado el pasado diciembre por el anterior equipo de Gobierno del PSOE, y pretende retomar su tramitación en el menor plazo posible para "no incurrir en más demoras", según confirmó el propio primer edil a preguntas de Alicante Plaza, después de que la propia Belmonte reactivase su petición.
Una vez recabados los informes del secretario y del interventor municipal sobre esa propuesta de modificación del ROP (ambos favorables), en realidad el único paso que corresponde ahora es que la Junta de Gobierno apruebe la iniciativa para que pueda ser debatida en el pleno del Ayuntamiento por el conjunto de grupos políticos que componen la corporación: PP, PSOE, Guanyar, Ciudadanos y los dos ediles no adscritos. Para que el acuerdo prospere, requiere del respaldo de 15 concejales, la mayoría absoluta.
En cualquier caso, Barcala subrayó que la propuesta de acuerdo debe ceñirse y "se ceñirá" al análisis elaborado por el secretario municipal sobre la propuesta de Belmonte. Como ha contado este diario, en su informe jurídico se llega a recomendar expresamente la revisión del ROP (cuya última versión se redactó y aprobó bajo el mandato de Sonia Castedo) para que se reconozcan derechos de participación política a los ediles no adscritos en igualdad de condiciones que al resto de concejales de la oposición. En la práctica, ese cambio supone que tanto Belmonte como el segundo concejal no adscrito, el exedil de Ciudadanos (Cs), Fernando Sepulcre, puedan presentar mociones y declaraciones institucionales y, además, que puedan formar parte de todas las comisiones municipales, no sólo las de carácter permanente (previas a la celebración de los plenos).
En ese mismo informe, el secretario deja abierta la posibilidad de que los ediles no adscritos también puedan percibir una retribución económica como el resto de concejales opositores, ya que, según su dictamen, no existe ningún impedimento legal para ello más allá de que esa retribución no supere nunca la que ese concejal percibía en su grupo político de procedencia. Así, el informe insiste en que esa posible asignación de sueldo para los no adscritos -vetada expresamente en el ROP actual- es una decisión que depende de la voluntad política del pleno.
Barcala también incidió, en esta línea, en que se debe tener en cuenta que se trata de dos acuerdos distintos: uno sería la reforma del ROP para que los no adscritos pudiesen recuperar derechos políticos e incluso percibir un sueldo y otro posterior, que consistiría expresamente en la hipotética aprobación de ese sueldo. Así, subrayó que la aprobación del primer acuerdo (la modificación del reglamento), no conllevaría de forma automática la concesión de una retribución a Belmonte.
De hecho, como ha venido contando este diario, tanto el PSOE como sus exaliados de Guanyar y Compromís ya remarcaron la diferencia entre ambos acuerdos cuando se abrieron las negociaciones políticas para sumar los 15 votos que permitiesen la investidura de Eva Montesinos como nueva alcaldesa de Alicante. Es más, como los portavoces de Guanyar y Compromís (Miguel Ángel Pavón y Natxo Bellido) declararon en Fiscalía este viernes, los tres grupos políticos alcanzaron un compromiso político por escrito en el que se incorporaba una reforma del ROP en la línea reivindicada por Belmonte, y ampliada en otros puntos (como el de limitar las capacidades del alcalde), pero sin incluir nunca la asignación de una retribución económica.
Como también ha contado este diario, al término de la negociación sobre la posible investidura de Montesinos, fuentes de PSOE manifestaron que Belmonte consideró que ese compromiso no era suficiente y que había reclamado que también constase por escrito que se iba a aprobar un segundo acuerdo de asignación de sueldo. La posición de Belmonte en el pleno de elección de nuevo alcalde ya es conocida: emitió un voto en blanco, lo que, en último término, favoreció que la Alcaldía recayese en el popular Luis Barcala como candidato de la lista más votada en las municipales de 2015.
