La edil no adscrita, Nerea Belmonte, en un pleno. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La baza para tratar de asegurar la investidura de la socialista Eva Montesinos como nueva alcaldesa de Alicante tras la dimisión de Gabriel Echávarri continúa siendo la edil no adscrita, Nerea Belmonte: expulsada de Guanyar y del equipo de Gobierno en marzo de 2016 por haber traspasado el listón ético del extinto tripartito, después de que trascendiese que había adjudicado contratos menores de manera directa a personas afines (sin que en ese momento se abriese una investigación municipal o judicial al respecto). El PSPV asume que, al cierre de la ronda de contactos mantenidos el martes, el voto de Belmonte puede ser ya el único capaz de garantizar la continuidad de un gobierno de progreso en la segunda ciudad de la Comunitat, pese a que sigue apelando a la responsabilidad de Ciudadanos (Cs) para cerrar el paso a un posible regreso del PP. "No pueden quedarse al margen cuando tienen la oportunidad de evitarlo; nosotros ya hemos tomado decisiones, ahora tienen que tomarlas el resto", se insiste.
No obstante, no existe ningún indicio de que Cs vaya a modificar su posición: cuando se celebre el pleno de investidura, los cinco concejales del partido de Albert Rivera votarán a su portavoz municipal, Yaneth Giraldo (previa renuncia de Antonio Manresa, número 2 de la lista electoral de 2015, a encabezar la candidatura). Esa es la directriz orgánica que se mantendrá firme pese a las presiones que traten de atribuirles el peso de la decisión sobre el futuro del gobierno, según reiteraron este miércoles fuentes de Cs.
En ese escenario, los socialistas persisten en la negociación con Belmonte, después de que se percibiese en ella una actitud constructiva en la cita desarrollada el martes. De hecho, la no adscrita requirió más información sobre algunas de las propuestas programáticas que los representantes de la delegación del PSPV (encabezada por su secretario de Organización, José Muñoz, y la propia Montesinos) le expusieron como argumentos para solicitar su voto. Y, según las mismas fuentes, este miércoles se le facilitó esa documentación. Al parecer, se trataba de información relacionada con los programas de la Concejalía de Acción Social (una de las áreas que gestionó mientras desempeñó responsabilidades de gobierno) y con determinadas propuestas de la Concejalía de Urbanismo. Sin embargo, según fuentes de Alcaldía, el envío de esa documentación no conllevó ningún avance respecto a la posibilidad de contar con su respaldo en la sesión de investidura. Hasta ahora se sigue sin contar con su voto. Este diario trató de recabar la opinión de Belmonte, sin éxito.
En el encuentro del martes, la exconcejal de Guanyar también preguntó sobre el estado de tramitación de su propuesta de modificación del Reglamento Orgánico del Pleno (ROP) con la que aspira a que se le reconozcan los mismos derechos políticos y económicos que al resto de concejales de la oposición. Se trata de una cuestión que Belmonte dice desvincular de cuál puede ser el sentido de su voto en el pleno de elección de nuevo alcalde, al insistir en que todo lo que solicita en esa propuesta de modificación le corresponde de facto. Sea como fuere, fuentes del PSPV precisaron que la respuesta fue la misma que se viene dando respecto a la investidura de Montesinos: se necesitan 15 votos para que pueda tramitarse, por lo que no depende solo de los concejales socialistas. "Nosotros hemos tenido que hacer sacrificios; otros que pedían la dimisión de Echávarri para que pudiese continuar el gobierno de progreso, deberán hacer lo mismo", añadieron.
Un momento de la reunión entre Belmonte y la delegación del PSPV. Es más, según las mismas fuentes, el partido se inclinaría por promover la "restitución moral" de Belmonte aceptando esa propuesta de modificación del reglamento, ya que, como ha contado este diario, el informe del secretario municipal ampara la petición e incluso recomienda que esa norma se revise para reconocer los derechos de participación política que la ley y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) concede a los no adscritos (posibilidad de presentar mociones y declaraciones institucionales o de formar parte de las comisiones no permanentes de pleno, entre otros). Respecto a la posibilidad de que Belmonte pueda percibir un sueldo, el informe la deja a criterio de la voluntad política al concluir que el único impedimento legal que existe es que los no adscritos perciban más sueldo del que disponían en su grupo político de procedencia.
Hasta el momento, el PSPV no ha planteado formalmente la propuesta de Belmonte, aunque sí ha sondeado al resto de grupos políticos sobre cuál sería su posición en ese caso. Como ya ha contado Alicante Plaza, Guanyar y Compromís respaldarían la tramitación de esa reforma del ROP en la medida en que fue un compromiso incorporado al pacto de gobierno que dio lugar al tripartito al que no se ha dado cumplimiento. Sus dos portavoces municipales, Miguel Ángel Pavón y Natxo Bellido, insistieron este miércoles en que la modificación del ROP es necesaria y no sólo por lo que respecta a los puntos que Belmonte reclama revisar. Ahora bien, esa reforma no conlleva que se conceda sueldo a la no adscrita de manera automática. Se trataría de dos acuerdos diferentes, desvinculados.
Así, el planteamiento que se estaría barajando como posible restitución de Belmonte consiste en promover la reforma del ROP sin llegar a plantear una asignación de sueldo. Al menos, no por el momento. En todo caso, el acuerdo de pleno que también resultaría necesario para ello podría aplazarse a una segunda fase. En ese escenario, se podría contar los votos de PSOE, Guanyar y Compromís, además del de Belmonte. Es decir, quince. Eso sí, se da prácticamente por descartado que el grupo municipal de Guanyar y su asamblea de militantes pudiesen acceder a conceder sueldo a alguien a quien se sigue considerando tránsfuga y a quién se continúa instando a renunciar al acta.
¿Qué posición podría adoptar Cs y sus cinco concejales (los mismos que Guanyar) en todo ese debate? Su portavoz municipal, Yaneth Giraldo, precisó este miércoles que antes de poder definirse debería conocer el informe del secretario, el informe del interventor y el informe de la asesoría jurídica de su partido. Y esa posición valdría tanto por lo que respecta al acuerdo sobre la reforma del ROP como al acuerdo sobre la asignación de retribuciones a Belmonte. En todo caso, a priori sería poco probable que Cs pudiese amparar que la no adscrita percibiese un sueldo cuando viene denunciando que su exrepresentante Fernando Sepulcre sí tenga una remuneración en la Diputación Provincial.
